El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al CEO de Vectalia, Antonio Arias, y los ediles de Movilidad y Seguridad, Carlos de Juan y Julio Calero, a bordo del primer autobús 100% eléctrico incorporado al servicio municipal. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante sigue los pasos del Consell y se inclina por prolongar las bonificaciones en el servicio de transporte público en autobús que se instauraron con motivo de la crisis inflacionista y la invasión de Ucrania. Así lo anticipó este martes el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, en la que señaló que la Concejalía de Movilidad seguía esperando que se despejase la continuidad de la financiación por parte del Gobierno central para conocer en qué términos concretos podría materializarse para complementar los recursos que correspondiese asumir a la administración local con cargo a los presupuestos municipales.
Por lo pronto, fuentes del departamento de Movilidad que coordina el edil Carlos de Juan precisaron a consulta de Alicante Plaza que ya se maneja una previsión inicial para mantener la aportación municipal tanto en lo que respecta a la continuidad del descuento del 50% en el importe de los títulos de transporte para el conjunto de los usuarios en el que, hasta ahora, el Ayuntamiento ha tenido- que asumir un 20% de esa bonificación, ya que el 30% restante procedía del Ministerio de Transportes-, como por lo que respecta a la gratuidad de uso establecida para los jóvenes de hasta 30 años.
En principio, las dos medidas con las que se trata de incentivar el uso del transporte público en detrimento del vehículo particular podrían renovarse en cuestión de semanas, siempre que se dilucide el alcance de las aportaciones del Ejecutivo central, toda vez que habría margen para poder habilitar los fondos que resultasen necesarios, según concretó Villar.
Por lo pronto, el pleno del Consell optó por extender esa doble bonificación hasta el próximo mes de julio sin esperar a que el ministerio concretase la formulación de su propuesta. La propia consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, aseguró, en rueda de prensa al término del pleno del ejecutivo autonómico, que se había acordado no esperar más a que se dilucidase la posición estatal para prorrogar ya las dos bonificaciones antes de que se extinguiese su eficacia, el próximo 31 de diciembre.
"A escasas semanas de que expire la vigencia de los decretos aprobados por este Consell, y, en tanto se despejan las incertidumbres creadas respecto a las medidas a adoptar por el Estado y su posible financiación, hemos decidido la prórroga para no poner en peligro la continuidad de los descuentos", explicó.
"Hemos estado a la espera de ver cómo iba a materializarse el próximo establecimiento de la gratuidad en el transporte público tanto a los jóvenes como a otros grupos sociales anunciado por el Gobierno de España, pero, tras más de un mes, todavía no sabemos de qué forma y cuándo va a materializarse tal medida, por lo que desde la Generalitat hemos decidido prorrogar los descuentos y gratuidad en los términos actuales", añadió.
De este modo, las bonificaciones continuarán aplicándose desde enero para los usuarios del TRAM de Castelló, Metrobús, Metrovalencia, TRAM d'Alacant y autobuses urbanos e interurbanos en una medida que tendría un coste de 18,4 millones para la Generalitat. Así, solo restaría por confirmar su aplicación también en las líneas del servicio de transporte público en autobús de la ciudad de Alicante, para el que podría estimarse un coste próximo al millón de euros, toda vez que la bonificación del 20% se cuantificó inicialmente en 643.380,75 euros para el primer semestre de su implantación. A esa cifra se debería sumar el gasto derivado de la gratuidad del transporte para los jóvenes, que hasta ahora no se ha precisado.
Se da la circunstancia de que el grupo municipal de Compromís había registrado una declaración institucional para su debate en el pleno ordinario de diciembre, este jueves, en la que instaba al equipo de gobierno a comprometerse en la continuidad de la política de bonificación del transporte público para 2024, con independencia de las iniciativas del resto de administraciones públicas. En esta línea, la edil Sara Llobell, subrayó este martes "lo positiva que ha sido esta medida a lo largo de 2023, ayudando a la movilidad y economía de las familias alicantinas y, sobre todo, aumentar el hábito de usar el transporte público".
