ALICANTE. La solución abordada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (el bipartito formado por PP y Cs) para procurar el servicio de suministro energético municipal, no detallada hasta ahora, comprende la adhesión al acuerdo marco concertado por la Diputación Provincial de Alicante con Iberdrola con un coste estimado de 39,7 millones (impuestos incluidos) para los dos próximos ejercicios. O lo que es lo mismo, cerca de 20 millones (19,85) por cada año para procurar el funcionamiento del alumbrado público y el consumo generado por el conjunto de dependencias municipales o que quedan vinculadas al Ayuntamiento, entre las que se incluyen pabellones deportivos, centros sociales municipales o sedes administrativas de cada una de las concejalías, incluido el propio edificio consistorial.
Se trata de una suma que triplica al coste asignado para ese mismo fin en los presupuestos de 2022, como consecuencia del incremento experimentado en el precio de la generación de energía tras el estallido de la guerra de Ucrania por la invasión rusa, que ya había quedado incorporada en la propuesta de planificación económica para 2023. Sin embargo, su provisión queda comprometida ahora -y, por tanto, también la posibilidad de asumir ese gasto- como sucede con el conjunto de la planificación diseñada por PP y Cs, ante el rechazo manifestado por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) a secundar las cuentas planteadas por el bipartito.
Así, salvo viraje en la posición de voto de alguna de esas cuatro fuerzas políticas, todo parece indicar que PP y Cs (y cualquier otro gobierno que pueda surgir de las urnas tras las elecciones municipales de mayo) quedarán abocados a continuar gestionando con el presupuesto de 2022 prorrogado (ya lo está desde el 1 de enero), lo que entrañará dificultades para que se produzca el pago de la factura energética. De este modo, a menos que los comicios deparen un nuevo equilibrio de fuerzas y se decida impulsar un nuevo presupuesto para los seis meses de 2023 que quedarían por delante, el abono del consumo energético mensual quedará supeditado a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (la fórmula prevista para el pago de gastos no presupuestados) o a la introducción de un ajuste (modificación de crédito) en las cuentas de 2022 para incorporar las necesidades reales de ese gasto, con el consiguiente desgaste en términos de tiempos de tramitación, discusión política o reproche en la fiscalización por parte del departamento de Intervención (por lo que respecta a los reconocimientos extrajudiciales).
Se trata, además, de la misma situación a la que quedarán abocados todos los gastos fijos que debe afrontar el ayuntamiento, por importes que -a diferencia del acuerdo sobre el consumo de la luz- ya eran conocidos. Entre ellos, se incluyen partidas incluso más onerosas que el gasto energético, como el pago de las nóminas de los funcionarios, para el que se dotan 123 millones en un año; la nueva contrata de limpieza viaria y recogida de residuos, con un coste anual estimado de 40,3 millones; o la nueva contrata del transporte público, con una aportación próxima a los 12,5 millones.
Lo cierto es que no es una situación inédita. Varios de los ayuntamientos de la provincia se han visto forzados a funcionar en esa misma situación, con presupuestos prorrogados hasta en dos ejercicios consecutivos. No obstante, sí es un escenario cuando menos no usual en el ayuntamiento de la capital (en la que no se ha llegado a tumbar el presupuesto planteado por un gobierno en su historia reciente, al menos en los últimos 20 años) que, además, impedirá que pueda contemplarse la ejecución de inversiones, salvo que también puedan quedar incorporadas a través de modificaciones de crédito posteriores, o que se opte por financiarlas con cargo al préstamo de 20 millones adjudicado a mediados del año pasado.
¿Cuáles son los motivos que han llevado a los cuatro grupos opositores a mostrar su rechazo a las cuentas trazadas por el bipartito? Como ha venido informando este diario, las cuatro fuerzas han alegado argumentos similares, como la ausencia de diálogo o la exclusión de las medidas que, a juicio de las cuatro fuerzas, resultan imprescindibles para afianzar la recuperación económica de la ciudad y asistir a la población en situación de vulnerabilidad. Y, además, han añadido justificaciones particulares con la introducción de condiciones políticas paralelas.
En el caso de PSOE, la derogación de la ordenanza de convivencia cívica y la introducción de líneas de crédito de respaldo a las iniciativas empresariales. En el caso de Unides Podem EU, la anulación de la misma ordenanza y la aplicación de su propuesta de reforma fiscal que -según aseguran- trata de introducir una redistribución equilibrada de la carga impositiva. En el caso de Compromís, se ha requerido el cese de Julia Llopis de las competencias que tiene delegadas (Acción Social, Educación y Sanidad). Y en el caso de Vox, se exige la suspensión de la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) además de la aplicación de su propuesta de rebaja fiscal (supresión de plusvalías y reducción del tipo del impuesto de vehículos).
Por su parte, el equipo de gobierno ha insistido en señalar que el rechazo de los cuatro grupos opositores obedece a cuestiones electoralistas, ante la cercanía de los comicios municipales, pese a que ello pueda conllevar lo que PP y Cs consideran "un bloqueo al funcionamiento de la ciudad". Además, las dos fuerzas han cargado especialmente contra la posición adoptada por Vox, al recriminar que haya apostado por alinearse con las tres fuerzas que conforman el eje progresista para oponerse a las cuentas.
En todo caso, está por ver cuál puede ser el resultado definitivo del proceso de tramitación del presupuesto, que registrará un momento determinante este viernes, durante la celebración de la comisión de Hacienda. En principio, PP y Cs podrían renunciar a elevar su propuesta presupuestaria a pleno en el caso de obtenerse un dictamen desfavorable en la comisión.