ALICANTE. Llega la ansiada auditoría económica sobre la contrata de la limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante. Aunque lo hace con dos años de retraso respecto al último análisis similar elaborado hasta la fecha, sobre el ejercicio económico de 2016. El bipartito de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prevé aprobar este martes, en Junta de Gobierno, el acuerdo para contratar "los servicios profesionales de auditores externos independientes" para la elaboración de ese análisis sobre la contabilidad de UTE Alicante: la alianza empresarial que asume la prestación del servicio, compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (del empresario alicantino Enrique Ortiz).
Eso sí, el estudio -que llega a propuesta del departamento de Intervención-, se limitará a revisar los flujos económicos del contrato, sin que se revise la calidad en la prestación de los tres servicios que incluye la concesión (limpieza, retirada de residuos y su eliminación), ni si se cumplen las obligaciones recogidas en el contrato y/o programadas durante su ejecución en cuestiones como las frecuencias de barridos o baldeos o los medios mecánicos necesarios, por ejemplo.
En otras palabras, la auditoría se limitará a escrutar los costes y gastos en todo lo que concierne a la prestación del servicio por lo que respecta a la contratación del personal en plantilla, el pago de horas extra, la compra de suministros, los consumos energéticos, la reparación o renovación de útiles y maquinaria, los ingresos obtenidos por la generación de biogas en la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, etc.
Como avanzó Alicante Plaza, PP y Cs ya dan por descartada la elaboración de un segundo estudio paralelo anunciado y reivindicado a lo largo del pasado mandato prácticamente por el conjunto de partidos políticos que disponían de representación municipal (incluidos los integrantes del bipartito) con el que se preveía evaluar si la UTE responsable del servicio estaba cumpliendo o no con los objetivos de limpieza establecidos por contrato y qué aspectos se debía reforzar en lo sucesivo en el caso de que resultase conveniente.
Lo cierto es que, a finales del pasado mandato, el equipo de Gobierno del PP en solitario llegó a seleccionar a la consultora Amaranto (administrada por un exalto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente) para elaborar esa evaluación, aunque suspendió su contratación después de que trascendiese que su administrador había sido condenado por un delito de malversación durante su etapa como responsable público.
Ahora, los dos socios de gobierno (PP y Cs) prevén centrar los esfuerzos en el futuro y establecer las necesidades que se deben atender para licitar, de nuevo, la prestación de esos servicios (previsiblemente, por separado: limpieza viaria, por un lado, y recogida de residuos y su elminación, por otro) en cuanto se extinga el contrato actual, en 2021.
Además, el periodo de estudio de la auditoría económica también queda limitado al ejercicio de un único año: el de 2018, sin que exista constancia de que se hubiese encargado un análisis económico sobre el año 2017. El coste de la elaboración de ese análisis contable corre a cargo del importe del propio contrato -como establece el propio pliego de condiciones-, con un presupuesto de unos 100.000 euros.
Los encargos de las auditorías concertadas hasta ahora, sobre los años 2014 y 2015, se formalizaron de manera directa, sin licitación y sin quedar sujetas a la propuesta previa del departamento de Intervención. Además, se ciñeron a evaluar el índice de absentismo de los operarios a cargo de la limpieza y recogida de residuos, sin analizar el resto de datos económicos del contrato.