La avenida de Federico Soto, tras su reapertura al tráfico con el avance de las obras de reurbanización contempladas en la ZBE de Alicante.ALICANTE. Alicante gana tiempo para regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que debe implantar todo municipio de más de 50.000 habitantes, como establece la normativa europea traspuesta a España. Así lo ha concretado, cuando menos, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este jueves, en el transcurso ordinario del pleno de diciembre, al señalar que se ha logrado la concesión de una prórroga hasta diciembre de 2024 para la finalización de las obras de reurbanización y calmado de tráfico contempladas en esa ZBE, por lo que se cuenta todavía con margen para aprobar la ordenanza reguladora en la que se establecerá el régimen a aplicar para organizar los desplazamientos de vehículos en torno a los dos anillos previstos en ese proyecto: uno sobre el eje de la Gran Vía y otro en el perímetro del Centro.
Así lo ha defendido Villar en respuesta a una pregunta formulada por el edil del PSOE, Raúl Ruiz, quien había instado al equipo de gobierno a precisar "qué seguimiento de partículas" se ha utilizado para definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y cuándo se prevé activar su funcionamiento. Además, también había cuestionado sobre qué tipo de sanciones se prevé acordar en el caso de que se registren incumplimientos. En esta línea, Ruiz había señalado que hasta ahora no se ha instalado ninguna estación de medición en el casco urbano y había lamentado que las obras de reurbanización desplegadas hasta ahora se han limitado a reducir el espacio de circulación de vehículos sin incluir ninguna medida para minimizar el número de vehículos en circulación.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado en su intervención, que los criterios utilizados fueron los recogidos en el proyecto avalado por el Ministerio de Transición Ecológica, en el que se detallaba que se tendría en cuenta las mediciones captadas en 2023. Además, ha rectificado a Ruiz al asegurar que en Alicante ya existen dos estaciones de medición, así como una red de sensores que está en funcionamiento desde el mes de octubre. Por último, ha señalado que se ha obtenido una prórroga para la finalización de las obras incluidas en la ZBE hasta diciembre de 2024, por lo que existiría todavía un margen de un año para activar la ordenanza reguladora de esa ZBE.
Por lo pronto, hasta el momento, sigue pendiente de conclusión los proyectos de reurbanización y calmado del tráfico en el eje comprendido entre General Marvá y la avenida de Doctor Gadea, así como la tercera fase de la reurbanización de La Explanada, aunque en todas esas actuaciones se ha procedido a la reapertura parcial de distintos tramos, lo que permite la circulación de vehículos y de peatones, en el caso del paseo de La Explanada, en su entronque con la avenida de La Rambla. Todo, después de la finalización de las obras de remodelación del Paseo de los Mártires de la Libertad, con reapertura a la circulación el pasado septiembre.
Entre el resto de ruegos y preguntas planteadas en el desarrollo de la sesión, el edil del grupo municipal del PSOE, Miguel Castelló, ha reivindicado el uso de las dos lenguas cooficiales, castellano y valenciano, en la rotulación instalada en los edificios públicos municipales, con motivo de los mensajes de felicitación navideña instalados en la actualidad. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido que en toda la ciudad ya existen distintos mensajes de felicitación distribuidos en distintos puntos en los que e incluyen rótulos tanto en castellano como en valenciano. Además, ha señalado que el Consell del Botànic no ha cumplido ese compromiso en los ocho años en los que estuvo gobernando en la Generalitat.
El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha elevado otro ruego para solicitar que se externalice el servicio de atención telefónica de la Policía Local para agilizar la respuesta ante las llamadas de los ciudadanos. Al respecto, ha señalado que existe falta de disponibilidad de personal para atender ese servicio, lo que supone un retraso de hasta 40 minutos para solicitar asistencia de la Policía en servicios que no son de emergencia. Por ello, ha considerado necesario "ganar eficacia" en esa atención con un proceso de externalización o de automatización para que los agentes puedan dedicarse a otras funciones específicas. El edil de Seguridad, Julio Calero, ha respondido que "ya se está trabajando en este tema para resolver la situación". "Ya hemos mantenido reuniones para concretar una solución", ya que, según ha concretado, "es cierto que es preferible que los agentes estén en otros servicios". Así, ha anticipado que se prevé abordar ese proceso de externalización.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también ha planteado un segundo ruego por el que ha reclamado la puesta en marcha de un plan específico de limpieza de las escombreras ilegales existentes en la ciudad, al considerar insuficiente el ecoparque situado en la partida de Agua Amarga, así como la nueva instalación prevista para dar servicio a la Zona Norte. En esta línea, ha incidido en las escombreras ilegales generadas en Rabasa, en el entorno de Santa Faz, en terrenos ubicados frente a los barrios de Juan Pablo II y La Torreta o en las partidas rurales. Además, ha incidido en que en esas escombreras se depositan materiales contaminantes como el amianto.
En su respuesta, el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha defendido que se debe diferenciar entre propiedades privadas y solares públicos, "en los que se actúa con rapidez", a diferencia de lo que sucede con los solares privados, en los que se debe iniciar un procedimiento especial para forzar a su retirada. En todo caso, ha señalado que, desde la Mancomunidad de l'Alacantí, se está trazando un plan para evitar la proliferación de escombreras en el conjunto de municipios, toda vez que en el momento en el que se incrementa la presión en Alicante, se traslada el problema a otra población. Por último, ha señalado que se está trabajando con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, UTE Netial, para destinar un equipo de trabajo concreto a la retirada de esos escombros.
Los ediles de Alicante, en un momento del pleno ordinario de diciembre.El edil socialista, Emilio Ruiz, también ha cuestionado sobre la avería del ascensor que une el barrio del Raval Roig con el entorno de la Playa de El Postiguet que, según ha incidido, genera problemas de accesibilidad para la población residente en ese barrio. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que se trata de un ascensor que está expuesto a las inclemencias metereológicas por su ubicación frente al mar, además de por el mal uso y el vandalismo al que se encuentra sometido. Además, ha señalado que el contrato de mantenimiento de ascensores está agotado y se prevé incorporar una nueva partida para financiarlo en el momento en el que se disponga de los nuevos presupuestos de 2024.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha cuestionado al equipo de gobierno sobre la puesta en marcha de la carrera profesional y ha instado a rectificar respecto al planteamiento que se prevé aplicar tras la reunión de la Mesa de Negociación celebrada este miércoles, al considerar que se trata de un sistema insuficiente. El edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha señalado que el BOE ya ha publicado las condiciones para el desarrollo de ese sistema de mejora retributiva y que ya se dispone de un acuerdo aprobado sobre los tiempos de su implantación.
Mas también ha cuestionado a los representantes del PP sobre el montante total de las ayudas concedidas por la Generalitat o de la Diputación en cuestiones relacionadas con la aplicación de programas sociales como la cobertura de la contratación de personal en el área de Acción Social prevista a través del contrato programa concertado con la Conselleria de Igualdad durante la pasada legislatura. "Devuelven ayudas y piden préstamos a los bancos pese a tener disponibilidad de recursos para acometer inversiones", ha señalado, en alusión a las conclusiones del informe de fiscalización sobre la propuesta de presupuestos del departamento de Intervención.
El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha señalado que la cuantía de las devoluciones ascienden a 2.814.000 euros, y ha asegurado, en respuesta a las alusiones formuladas por Mas, que "nosotros dormimos bien, pero no sé si lo harán sus compañeros de la ciudad de València, en la medida en que allí también se ha devuelto subvenciones por los mismos programas" en una cantidad similar. Además, también ha incidido en que en esos programas se ha alcanzado un porcentaje de ejecución próximo al 90% y ha señalado que no se pudo alcanzar el 100% por el retraso en la formalización de los acuerdos, que habría acortado los plazos para poner en marcha las convocatorias de los procesos de selección.
Mas también ha instado a la edil de Educación, Mari Carmen de España, sobre la elaboración del mapa de necesidades en infraestructuras en colegios de la ciudad anunciado desde hace meses, tras cuestionar si la edil ya había visitado los centros "después de doce años como concejal". Al respecto, De España ha señalado que ella no ha ejercido como regidora de Educación en ese periodo, ya que, según ha sostenido, en ese caso se habría conseguido que se ejecutase alguna actuación en colegios, después de ocho años en los que el Consell del Botànic no ha ejecutado ni una sola obra, según ha enfatizado.
Por último, Mas también ha cuestionado sobre si el equipo de gobierno tiene intención de habilitar algún tipo de ayuda a los perjudicados por el conflicto de Palestina, a lo que la edil de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que, para ello, en primer lugar habría que conocer cuál es la posición que mantiene al respecto el Gobierno central, tras mencionar los mensajes que ha considerado contradictorios por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha cuestionado sobre cuándo se prevé licitar las obras para la construcción de la plaza ajardinada prevista entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles que se comprometió con los vecinos durante el pasado mandato. La edil de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que se trata de una actuación contemplada en los próximos presupuestos de 2024 por lo que ha animado a Copé a prestarles apoyo.
Al tiempo, Copé ha cuestionado sobre cuándo se prevé elaborar un plan director de instalaciones deportivas en el que se procure un mantenimiento adecuado de manera sostenida, como el que disponen en otros municipios de la provincia. El edil de Deportes, Toni Gallego, ha señalado que ya se están ejecutando actuaciones en instalaciones como el campo de la Vía Parque, que volverá a estar homologado después de las navidades, así como la pista de atletismo, cuya obra está prevista para enero. Por último, sobre el plan director ha señalado que ya está en ejecución, en coordinación con las concejalías de Infraestructuras y Urbanismo, y en colaboración con las entidades deportivas para evaluar las necesidades existentes. "Todo tiene un procedimiento", ha señalado, aunque ha incidido en que se siguen ejecutando proyectos.
Copé también ha cuestionado sobre la necesidad de un refuerzo de la vigilancia en las partidas rurales ante el incremento de robos denunciados por los vecinos. Y el edil de Seguridad, Julio Calero, ha sostenido que ya se está desplegando un plan de vigilancia permanente tras la detección del problema, a finales del pasado septiembre, en coordinación con la Policía Nacional. Así, ha considerado que "plantear este tipo de preguntas genera alarma de manera innecesaria".
En el turno de preguntas in voce, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha cuestionado sobre si se tiene previsto incrementar la iluminación en el entorno de la avenida Locutor Vicente Hipólito ante la preocupación manifestada por los vecinos. Al respecto, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha defendido que se atienden todas las necesidades que se detectan para reforzar la iluminación.
Y el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha preguntado sobre si se prevé habilitar servicio de socorrismo en la playa de San Gabriel, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya ratificado la sentencia que confirma la retirada del cartel de prohibición de baño. El alcalde, Luis Barcala, ha intervenido para precisar que el ayuntamiento ya había acatado y cumplido la sentencia previa, dictada por el TSJ, con la retirada de la cartelería. En todo caso, ha señalado, respecto a la disposición de medios adicionales en pliego del servicio de socorrismo, ahora en proceso de licitación, que la edil de Turismo, Ana Poquet, respondería en la siguiente sesión plenaria.
