El presupuesto de Alicante: ingresos hinchados, préstamos innecesarios y agujeros en gasto social

ALICANTE. La propuesta de presupuestos para 2024 trazada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), echa a rodar de forma oficial con su exposición al trámite de enmiendas desde este jueves. Los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) podrán presentar sugerencias de modificación hasta el próximo día 29, después de que el planteamiento económico quedase aprobado en Junta de Gobierno una vez recabado el informe favorable del departamento de Intervención. 

Eso sí, lo cierto es que ese análisis técnico pone de manifiesto varias advertencias y llamadas de atención respecto a lo que se consideran aspectos hasta cierto punto anómalos, como la provisión de ingresos al alza derivados de la actividad urbanística y la promoción inmobiliaria que -según el dictamen- no estarían suficientemente justificados; la recurrencia a la concertación de préstamos para financiar inversiones pese a que existirían recursos propios para financiarlos sin necesidad de acudir al endeudamiento; o la inclusión de partidas por importes inferiores a los necesarios en algunos de los programas de intervención social, por ejemplo.

Por partes. Lo cierto es que el trazo grueso de la propuesta ya es conocido. Las cuentas ascienden a más de 359 millones, el mayor importe de la historia del Ayuntamiento, con un incremento del 27,8% respecto a las cuentas de 2022 como consecuencia de la incorporación de los nuevos gastos que habría supuesto la renovación de las contratas del servicio de transporte público en autobús (19 millones), la del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (21 millones) y la ampliación del servicio de mantenimiento de zonas verdes (8,4 millones). 

A ello se suma el aumento de los costes energéticos y la revisión de los gastos de personal por la aplicación de las actualizaciones previstas por el Gobierno central en las retribuciones de los funcionarios, así como la incorporación de una primera partida de un millón para el desarrollo de las mejoras salariales contempladas en la llamada carrera profesional.

En lo que respecta a las inversiones, también se había anticipado que la práctica totalidad de las actuaciones contempladas correrían a cargo de la contratación de un nuevo crédito bancario (que se convertiría en el tercero en el margen de los dos últimos años) por un importe superior al apuntado hasta ahora y que ascenderá a los 48 millones. Se trata de un mecanismo de financiación externa con el que se pretende materializar un plan de actuaciones en el que se contemplan 65 proyectos que, en algunos casos, vienen arrastrándose de años precedentes. La mayoría de ellas, eso sí, quedan organizadas para su ejecución en un plan plurianual para el conjunto del actual mandato, desde 2024 a 2027.

Por lo pronto, entre las partidas más destacadas consignadas para el próximo ejercicio se incluyen 5,5 millones para la ampliación del cementerio; 4,5 millones para concluir la reforma de la Plaza de San Blas; 2,8 millones para la remodelación de La Almadraba; 1 millón para la conexión peatonal del Parque de La Ereta con el Portón de Acceso al Castillo de Santa Bárbara; 1,1 millones más para la finalización del edificio del Centro 14; 1 millón para la adquisición de maquinaria en el centro de tratamiento de residuos; 1,2 millones para mejoras en el polígono de Las Atalayas; 1 millón para rehabilitación de instalaciones deportivas; 1,1 millones para la reforma del pabellón Rafael Pastor; 1,3 millones para la mejora de la eficiencia energética en Playa de San Juan; 1 millón más para la ampliación del Vivero de Empresas Príncipe Felipe; o 938.000 euros para la segunda fase de la reurbanización de la avenida de Niza, entre otras. 

Además, se dota una partida simbólica de un euro para la construcción del Colegio de Educación Especial El Somni como única actuación en construcción de colegios, sin que se contemple ninguna partida para nuevos centros a cargo del Plan Edificant, a la espera de que la Conselleria de Educación despeje cuál va a ser el futuro de ese programa de financiación de infraestructuras educativas. Y, por último, como elementos relevantes, no se contempla ninguna partida específica para financiar la construcción del centro de congresos toda vez que, en principio, no se estima que sus obras puedan comenzar hasta el año 2025, como apuntó el mismo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para justificar la exclusión de fondos para contribuir a su construcción en los presupuestos autonómicos.

Ninguna apreciación significativa se hace al respecto de ese plan de inversiones en el informe de Intervención, al margen de que se señale la conveniencia de un mayor detalle en los proyectos concretos a ejecutar para un mejor análisis. No obstante, el dictamen sí añade una observación respecto al mecanismo del endeudamiento en la medida en que se señala que todavía no se habría hecho uso de ninguna cantidad de los dos préstamos contratados desde 2022, por lo que se sugiere que no sería una fórmula estrictamente necesaria para la ejecución de obras municipales.

En este sentido, el informe apunta que "de las dos últimas operaciones de préstamo concertadas los ejercicios 2022 y 2023 por importe de 19.852.299,56 y 9.713.683,87 respectivamente, en el día de la fecha no se ha dispuesto de cantidad alguna, y esto es así porque en realidad, el Ayuntamiento tiene recursos suficientes para la realización de estos gastos sin necesidad de acudir al endeudamiento, tal y como se desprende del remanente líquido de tesorería de libre disposición resultante de la liquidación de los últimos ejercicios". 

En cualquier caso, Intervención sí apunta lo que podría constituir un olvido relevante respecto a las inversiones a ejecutar, relacionada con la ejecución del proyecto de rehabilitación de viviendas de Virgen del Remedio. En este sentido, se alerta de que "no se ha consignado la financiación municipal para cumplimentar la anualidad de 2024 del proyecto PRTR Entorno Residencial Rehabilitación Programada Virgen del Remedio financiado por la Generalitat Valenciana y Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana cuya subvención fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/06/2022 y parcialmente ingresada en las arcas municipales".

Estimación de la recaudación

En todo caso, el dictamen sí añade advertencias en lo que concierne a las previsiones de ingresos con las que se pretende dar cobertura a los gastos previstos. En esta línea, viene a señalar que se habrían barajado unas estimaciones de recaudación por el cobro de impuestos municipales relacionados con la promoción inmobiliaria con cierto exceso de confianza. 

Así, en primer término, el dictamen señala que los ingresos previstos por impuestos directos asciende a 130.161.252,41€, lo que supone el 36,23% del total con un aumento de 1.887.057,61€, un 1,47% respecto al ejercicio anterior. Y se añade que esa previsión contempla la cesión de rendimientos del IRPF, que se
incrementa en 1.664.834,24€, un 23,33% respecto las previsiones iniciales del ejercicio anterior, con un cálculo basado en expectativas, ya que el Gobierno central todavía no habría concretado el detalle de sus transferencias.

Además, se apunta que la previsión del IBI urbano aumenta un 0,49%, 425.696,91€ respecto al 2023, y que la previsión de recaudación por el impuesto de plusvalía se establece en otros 9.085.583,23€, con la particularidad de que el 28,57% de esa dotación (2.595.880,92€) "se sustenta en la utilización de nuevas
herramientas informáticas y más personal, antes que en la evolución de las realidades del mercado inmobiliario y la situación jurídica del impuesto, razonamiento, que a juicio de esta intervención adolece de falta de consistencia y rigurosidad".

Y esa conclusión se extiende también al análisis de la previsión de ingresos por el cobro del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (Icio), para el que se prevén unos ingresos de 10.109.437,00€, lo que supone un incremento de 3.897.437,00€, un 62,74% respecto a la previsión de 2023, a pesar de que este año se ha promovido una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, por la que se reducía su gravamen del 4% al 3,25%. De hecho, se señala que en el
informe económico financiero se prevé unos ingresos de 8.609.436,00€. Al respecto, el informe apunta que "la estimación del presupuesto, se sustenta en un informe del Servicio de Urbanismo, fundamentado en la previsible incorporación de más personal que produciría un incremento de 1,5 millones de euros, antes que en la realidad del mercado de la construcción". Así, el informe recalca que "el incremento del 33,11% respecto la media de los derechos reconocidos en los últimos tres ejercicios (7.594.562,75€), al igual que con el IIVTU, adolece de falta de consistencia y rigor".

Autogrúa y sanciones

Pero no solo eso. Intervención reproduce esa misma apreciación por lo que respecta a los ingresos previstos por la tasa por servicio de Auto-Grúa, para el que se refleja "un incremento de 29,11% sobre las previsiones
del ejercicio anterior y un 30,44% de los derechos reconocidos netos medios de las tres últimas liquidaciones, incremento que por esta Intervención se considera insuficientemente justificado".

Además, la propuesta presupuestaria prevé un incremento de los ingresos por multas y sanciones de hasta un 166,51% al pasar de los 769.192,56 euros que se contemplaron en 2023 a los 2.050.000,00 euros que se calcula ingresar en este 2024, aunque el informe de Intervención no hace ninguna mención expresa al respecto.

Insuficiencias en asistencia social

Sin embargo, sí se refiere a la posible falta de provisión de fondos para cubrir varias de las partidas vinculadas al desarrollo de programas sociales. De forma específica, el dictamen subraya que para la prestación del servicio de asistencia domiciliaria se prevé "un crédito para 2024 de 2.230.000,00€ y a fecha de hoy se han adquirido compromisos para 2024 por importe de 2.838.673,57€, es decir la dotación presupuestaria de esta aplicación y la bolsa de vinculación resultan insuficientes". 

Y lo mismo sucede en lo que concierne a las ayudas de emergencia de concesión directa, sobre las que se destaca que "hay que tener en cuenta que las obligaciones reconocidas por ACPEs a 30 de noviembre de 2023 ascienden a 1.847.208,90€ a lo que hay que sumar las ayudas anuales de vivienda y pobreza energética por importe de 588.365,00€. Por tanto, la dotación propuesta de 1.477.500,00€ es evidente que no cubrirá el nivel asistencial de 2023, por lo que el centro gestor deberá adoptar las medidas oportunas".

Y también se refiere a la financiación establecida en el Contrato Programa incluida en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, al señalar que se contempla la cifra de 10.962.457,56€, mientras que los gastos totales presupuestados para atender las prestaciones y servicios de este servicio, "ascienden a la cifra de 15.782.547,43€", con lo que "tenemos un déficit a financiar por el ayuntamiento estimado en 4.820.089,87€". Así, el informe recalca que "la financiación aportada por la Generalitat Valenciana al Contrato Programa, cubre sólo una parte del gasto total realizado por el Ayuntamiento, existiendo un
déficit de financiación de 4.804.466,74€ sin contar los gastos indirectos, lo que puede suponer que el Ayuntamiento realice funciones competencia de la administración autonómica con cargo al presupuesto municipal".

Esa falta de provisión de fondos podría extenderse también a la cobertura de la subvención para colectivos en el uso del transporte urbano, en la medida en que se consignan 7.697.326,00€, cuando "a fecha 30 de septiembre de 2023 las obligaciones reconocidas por este concepto suman 6.729.184,00€, por lo que prorrateando el gasto medio hasta final de
2023 obtenemos que el gasto para todo el año 2023 oscilará en torno a los 9 millones de euros". Así, el informe apunta que se deberá adoptar "las medidas
oportunas para solucionar las posibles carencias presupuestarias por este concepto en 2024".

Plan de subvenciones

Por último, el dictamen de Intervención vuelve a aludir a una de las observaciones formuladas en informes precedentes al incidir en la necesidad de que se formule un plan estratégico de subvenciones municipales, como se contempla "en el artículo 8.3 a) de la Ley General de Subvenciones, su Reglamento y la Guía de la Intervención General de la Administración del Estado", hasta el punto de advertir de que la ausencia de dicho plan puede ser causa de nulidad de su concesión, como ha dictaminado ya el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de diciembre de 2012.

Según Intervención, en ese plan se debe discernir "cuáles deben otorgarse mediante convocatoria, o bien, si se trata de prestaciones propias de la Ley de Contratos
del Sector Público, cuáles son los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, etc".