ALICANTE. El plan inversor previsto por el Ayuntamiento de Alicante, con el despliegue de una extensa batería de obras por valor de cerca de 100 millones, puede acabar convirtiéndose en toda una amenaza para el funcionamiento del departamento municipal de Contratación. La convocatoria de los procesos de licitación de todos esos proyectos aboca a los técnicos de la concejalía, y por extensión, a la del personal municipal de otras áreas que también deba participar en la evaluación de las propuestas, a una temida saturación, al no poder abarcar la acumulación de tareas que se prevé que se concentren en la segunda mitad del año para adjudicar esos concursos.
El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ya ha asumido conciencia de ese riesgo, por lo que ya trabaja en la búsqueda de soluciones que eviten ese previsible colapso, con el que se dejaría sin ejecutar gran parte de las inversiones por la transformación y reurbanización de barrios incluidas en el presupuesto ordinario, y en las dos modificaciones de crédito aprobadas hasta ahora para incorporar proyectos adicionales con el uso de los remanentes (ahorros) arrastrados de ejercicios precedentes.
Entre esas salidas, según fuentes consultadas, figura la posibilidad de ampliar personal mediante la formulación de "contrataciones de refuerzo". Así, ya se estaría valorando distintas alternativas junto al departamento de Intervención para encajar ese pretendido incremento de plantilla que podría tener carácter provisional.
A priori, entre esas opciones, podría figurar el desarrollo de los proyectos cofinanciados por la Unión Europea con cargo a los Fondos Next Generation en los que se habilitaría esa posibilidad de contratación extraordinaria, según miembros del equipo de gobierno consultados por este diario. Se trataría de un mecanismo en el que quedaría justificada la incorporación de personal de refuerzo, al margen de los supuestos tasados en la regulación estatal para reponer personal con el fin de garantizar la prestación de los servicios considerados esenciales, como la seguridad o la prestación de asistencia social.
Otra de las alternativas que está sobre la mesa es la posibilidad de llevar a cabo una reorganización de técnicos de otros departamentos para que pasen a desempeñar tareas en la resolución de esas licitaciones. De hecho, según fuentes consultadas, ya se ha producido el ofrecimiento de algunas concejalías para destinar administrativos al área de Contratación con el fin de agilizar las adjudicaciones. Se trataría de una solución temporal que ya se puso en marcha tras la irrupción de la crisis sanitaria del coronavirus, cuando se reforzó el departamento de Empleo para analizar las solicitudes presentadas a las distintas fases de las convocatorias de ayuda habilitadas por el Ayuntamiento con el fin de paliar los perjuicios económicos generados sobre el tejido productivo local.
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Además, ese incremento de personal en Contratación resultaría necesario si se tiene en cuenta que, en este mismo segundo semestre del año se debe abordar la resolución de algunos de los contratos de prestación de servicios que presentan mayor complejidad entre los que dependen del Ayuntamiento. Se trata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, ahora reactivado tras la inadmisión del recurso de contratación presentado por Ecologistas en Acción, y del servicio de transporte público en autobús, pendiente de licitación, tras la incorporación de la aportación de fondos europeos para la compra de vehículos eléctricos contemplado en el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
A esas dos megacontratas, se debe sumar en los próximos meses la licitación de la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, esta vez desgajada en un concurso por separado en busca de una mayor especialización empresarial para la prestación de cada servicio.