ALICANTE. El bipartito de Alicante compuesto por PP y Cs adjudicó oficialmente este martes a la consultora Grupotec Servicios de Ingenería la redacción del Plan Local de Residuos y del proyecto de gestión del Plan Zonal del Área 9 que constituye la ciudad de Alicante. Se trata de los dos proyectos esenciales que permitirán sacar a concurso la nueva licitación de los servicios de limpieza y recogida de residuos, ante el vencimiento de la contrata actual, en septiembre de 2021.
Grupotec deberá finalizar sus trabajos en el plazo de un año. No obstante, tendrá un plazo más corto, de solo cuatro meses, para presentar la documentación técnica con la que se concretará la preparación del futuro concurso, según precisó el edil de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), tras la aprobación del acuerdo de adjudicación de esos proyectos previos. De ahí que el bipartito sopese ya la posibilidad de poder definir el pliego de condiciones del nuevo concurso a partir del próximo mes de enero.
En realidad, todo parece indicar que esa próxima licitación se dividirá en dos concursos diferentes: uno sobre la limpieza viaria, y otro sobre la recogida y eliminación de residuos. Cuando menos, esa es la voluntad que sigue manteniendo el equipo de Gobierno en busca de una mayor especialización en cada prestación. Además, con esa división también se trataría de fomentar una mayor concurrencia empresarial, puesto que se considera que algunas compañías podrían desistir de presentar oferta en el caso de tener que asumir los dos servicios.
Por lo pronto, la opción de la separación es la sugerida por la mayoría de los técnicos municipales del departamento, aunque, según fuentes municipales, también existen recomendaciones en sentido opuesto, que abogan por una licitación única con el fin de mejorar la coordinación entre ambas prestaciones, en la medida en que su eficacia está ligada de manera directa.
En todo caso, en el supuesto de que se opte por dos contratos distintos, no se impedirá que una misma empresa pueda concurrir simultáneamente a las dos licitaciones para compatibilizar los dos servicios, como sucede ahora con la UTE que componen FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica. De hecho, esa misma alianza empresarial (o bien las compañías que la integran por separado) podrían volver a optar a los dos contratos, toda vez que han mostrado interés en seguir asumiéndolos. Así, como informó este diario, sus responsables ya han solicitado que se les conceda la prórroga de dos años que se contempla en el contrato actual.
Con todo, el bipartito solo ha contemplado esa opción en el caso de que no se pueda contar con un nuevo concesionario cuando se produzca la extinción del contrato en vigor. Además, en esa hipótesis, únicamente se concedería una prórroga provisional. Es decir, no ligada a los dos años que se ampara en el pliego de condiciones, sino solo durante el tiempo en el que se demore la incorporación de una nueva o nuevas compañías.
En cualquier caso, la decisión que sí parece definitiva es la de la duración que tendrán ese nuevo o nuevos contratos. La previsión que se maneja es que los dos servicios se adjudiquen por un plazo de 8 años que, como máximo, podría extenderse en dos más. Se trataría de la misma duración del contrato en vigor, ya que, según las fuentes consultadas, extender su vigencia más allá de diez años generaría disfunciones por el previsible desarrollo urbanístico y por el crecimiento demográfico que podría producirse en ese tiempo en la ciudad.
De hecho, una de las causas que motivó la aprobación del modificado del contrato aprobada este mes es la incorporación del servicio en los nuevos desarrollos residenciales construidos en el PAU 5, cuya cobertura no quedaba regulada hasta ahora.