ALICANTE. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura (una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica), mueven ficha para tratar de deshacer la situación de bloqueo en la que se encuentra instalada la construcción del subparque logístico del servicio comprometida por contrato en Playa de San Juan. El departamento municipal que coordina Adrián Santos Pérez (Cs), acaba de emplazar a la concesionaria para que introduzca modificaciones en el proyecto de modo con sus obras y su puesta en funcionamiento quede garantizada la protección de la Torre del Ciprés.
Se trata, de hecho, del condicionante introducido por la Conselleria de Cultura en respuesta a la consulta elevada por Urbanismo para evitar cualquier posible afección sobre el baluarte, que forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta. En concreto, como informó este diario, los servicios territoriales de Cultura respondieron a esa consulta con un requerimiento para que se subsanasen las deficiencias detectadas por lo que respecta al proyecto de adaptación del vial con el que se pretende dar acceso a esas futuras instalaciones, a través del conocido como camino del Ciprés.
Además, Cultura también emplazaba al propio ayuntamiento a mejorar la protección de la torre. Lo hacía al señalar que, en la actualidad, "carece de plan especial de protección de su entorno" en el que se deberían incluir criterios relacionados con el "ornato de edificios, espacios libres y viales en su relación con la escena o paisaje urbano, de modo que garantice y acreciente sus valores y la percepción de los mismos". Y, por último, instaba al Ayuntamiento a realizar un seguimiento arqueológico sobre el estado del edificio.
En principio, esa parte de la labor que corresponde desarrollar al Ayuntamiento debería quedar implementada, bien a través de la modificación de la ficha de la torre incluida en el catálogo de protecciones, o bien mediante la redacción del Plan Especial de las Torres de la Huerta, que el departamento de Urbanismo acaba de reiniciar ahora, sobre la base del trabajo que se comenzó en 2007 y que acabó decayendo sin que quedase aprobado.
De ahí que se haya emplazado a los representantes de la UTE a cumplir con la parte del requerimiento de Cultura que le corresponde. Así, ya se ha mantenido al menos un encuentro para abordar esas posibles modificaciones, sin que haya trascendido si ha llegado a plantearse la búsqueda de una ubicación alternativa para situar esas instalaciones. Hasta el momento, la pretensión de la concesionaria es desarrollar ese subparque en una parcela situada en La Condomina, a espaldas del Club Atlético Montemar.
Por lo pronto, el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) mantiene que esas instalaciones previstas en el pliego de condiciones resultan necesarias para poder mejorar la prestación en el distrito de playas, en la medida en que evita el desgaste de la maquinaria por los desplazamientos diarios desde las dependencias centrales del servicio, situadas en el polígono del Pla de la Vallonga.
Es más, como ha precisado el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP) en varias de sus últimas comparecencias, su departamento viene reteniendo los pagos prorrateados por la construcción de esas instalaciones desde octubre de 2020 y prevé detraer los cerca de 800.000 euros que ya se han abonado por ese concepto desde el año 2013 en el momento en el que se extinga el contrato actual, si para entonces no se han llegado a poner en marcha. Todo con el fin de poder ejecutar esas instalaciones de modo que puedan estar disponibles en el futuro, para ponerlas a disposición de la próxima empresa concesionaria (como sucederá con las instalaciones del Pla de la Vallonga, que revertirán en el ayuntamiento en cuanto se extinga el contrato de prestación actual).
Entre tanto, vecinos residentes en Playa de San Juan manifestaron este jueves sus quejas por el uso de un local de uso comercial situado en el entorno de la avenida San Sebastián que, según aseguran, la UTE estaría utilizando desde hace unos años "como garaje y lavadero de máquinas barrederas". Según los residentes, esa actividad estaría generando molestias por ruido durante la madrugada, "impidiendo el descanso de los vecinos, además del vertido de aguas sucias a la vía pública por lo que emplazaron al ayuntamiento a tomar medidas.