ALICANTE. La construcción de la primera fase del parque de bomberos de los sobrecostes queda zanjada. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante acordó este martes la devolución de 1,6 millones en concepto de garantía definitiva de las obras a la UTE liderada por Ortiz e Hijos que logró la adjudicación de los trabajos en 2007 con una oferta sensiblemente inferior a la del resto de concursantes: 16,3 millones.
Esa cifra suponía una baja del 38%, es decir, 10 millones por debajo del importe de licitación (26,7 millones). Eso sí, el Ayuntamiento se vio obligado a dotar de nuevos fondos para la finalización del edificio -situado en la avenida Locutor Vicente Hipólito- hasta el punto de que acabó pagando más de 19,7 millones.
El actual equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) llegó a anunciar la apertura de un expediente para fiscalizar el coste real de las obras y los trabajos que efectivamente se desarrollaron. Sin embargo, no ha trascendido si se ha llegado a tramitar ni cuál ha sido su conclusión. Entre tanto, sí se ha impulsado la licitación de obras por otros 1,2 millones para completar instalaciones pendientes. De hecho, ya se ha seleccionado la empresa que se perfila como futura adjudicataria: Elecnor. En principio, la contratación debería concretarse en los próximos días.
Lo cierto es que el tripartito contaba con escaso o nulo margen de maniobra para retener ese aval, de no contar con una nueva información que contradijese dos decisiones del anterior equipo de Gobierno, del PP. La primera, adoptada en enero de 2014, fue la firma de la recepción de las obras. Desde entonces ha transcurrido el plazo de garantía de más de dos años establecido por contrato "sin que conste la existencia de responsabilidades imputables al titular en relación con la obligación garantizada que hayan de ejercitarse sobre la garantía". Es decir, que en esos dos años no se encontró ninguna deficiencia que requiriese del uso de ese depósito. La segunda decisión, adoptada en junio del mismo año 2014, fue la aprobación de la certificación final de las obras.
El tripartito contaría, además, con un tercer documento, ya emitido bajo su mandato, en mayo de este año: un informe de la dirección facultativa de las obras en el que se acreditaría que "las prestaciones objeto del contrato se mantienen en las condiciones debidas, especialmente las técnicas, de conformidad con el contrato correspondiente, salvo vicio oculto". O lo que es lo mismo, que la obra ejecutada estaría en regla.
La Junta de Gobierno, por otra parte, también acordó iniciar este martes los trámites para la contratación temporal de 213 jóvenes gracias a la concesión de dos ayudas de la Dirección General de Empleo y Formación por un importe global de 3,2 millones en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), destacó el trabajo coordinado impulsado por la Agencia Local de Desarrollo y por la Concejalía de Recursos Humanos para tramitar las solicitudes.
A partir de la primera subvención, se contratará en prácticas a 110 jóvenes a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por un periodo de un año. Con la segunda línea de ayuda, se contratará a otros 103 jóvenes a jornada completa, también seleccionados a través del Servef e igualmente con contratos de un año de duración.