Una inspección municipal al foso que debía albergar la piscina para prácticas de buceo en el parque de bomberos Ildefonso Prats. Foto: AP Movilidad licita obras del edificio administrativo pendientes de ejecución diez años después de que se adjudicasen. Las instalaciones han pasado de los 16,3 millones de presupuesto inicial a 21 y todavía faltan equipamientos por otros 1,2
ALICANTE. Nueva inyección millonaria para el megalómano Parque de Bomberos de los sobrecostes. Y no será la última. El Ayuntamiento de Alicante prevé aprobar este jueves en Junta de Gobierno la convocatoria de un concurso para finalizar parte de las obras pendientes en las instalaciones de la calle Locutor Vicente Hipólito, en playa de San Juan, con un presupuesto de más de 1,2 millones, lo que dispara su coste global a los 21 millones: cinco millones más de lo previsto inicialmente.
Su construcción fue adjudicada bajo el Gobierno del PP, en 2007, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por el controvertido promotor Enrique Ortiz (Ortiz e Hijos y Aplicaciones Tecnológicas). El precio del contrato ascendía entonces a 16.367.500 euros: la oferta económica más ventajosa entre las 19 ofertas que se presentaron al concurso. La plica ganadora suponía una baja del 38%, es decir, 10 millones por debajo del importe de licitación (26,7 millones) y se quedó sólo dos puntos de lo que legalmente se hubiese considerado baja temeraria. El proyecto, que incluía el parque de bomberos (bautizado con el nombre de Ildefonso Prats) y un cuartel para la Policía Local, debía estar finalizado en el plazo de 24 meses.
Sin embargo, el Ayuntamiento recepcionó la obra en 2014 -o lo que es lo mismo, con cinco años de retraso- después de haber pagado 3,4 millones más del importe establecido (19,7 millones en total) y, además, sin que se hubiese ejecutado las dependencias para la Policía. También se dejaron por terminar parte de los equipamientos exigidos.
El tripartito quiere rentabilizar el parque como centro formativo de los profesionales de las emergencias asociado al IVASPE
Hace prácticamente un año, con el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís en el poder, la Concejalía de Movilidad que dirige Fernando Marcos (PSOE) anunció una nueva inversión por 2,6 millones adicionales para completar esas instalaciones. Esa nueva obra se acometería en dos fases. La primera, que es la que se licita ahora, se presupuestó en 1.276.000 euros y comprendía la ejecución del edificio administrativo, en el que se prevé un espacio museístico y aulas de formación. Su plazo de ejecución es de nueve meses. La segunda, todavía sin fecha concreta, es por un importe muy similar (1.260.000 euros) y comprende la construcción de una piscina para las prácticas de buceo, un laberinto de humos y el pozo de maniobras acuáticas.
Movilidad anunció entonces que trataría de rentabilizar toda la inversión convirtiendo al parque en un centro de formación para los profesionales de las emergencias. Según fuentes municipales, existe una propuesta de convenio pendiente de firma con la Dirección General de Emergencias para que las instalaciones acojan la sede de la academia del IVASPE en Alicante.
Según pudo constatar Alicante Plaza, en esa misma Junta de Gobierno se aprobará un nuevo pago mensual a Ortiz e Hijos por la prestación del servicio de limpieza de colegios y edificios públicos municipales. Se trata de otra certificación por un importe de más de 730.000 euros que se produce fuera de contrato, tras haberse extinguido las prórrogas posibles. Como informó este diario, el tripartito decidió anular el concurso para adjudicar su prestación justo en el último día del plazo para presentar ofertas con el propósito de incorporar mejoras y, en la medida de lo posible, tratar de garantizar la continuidad de la plantilla actual (unos 420 empleados). La decisión se adoptó después de que el comité de empresa anunciase una inminente convocatoria de huelga que hubiese dejado sin limpieza a los 53 colegios públicos de la ciudad.
El grupo municipal del Partido Popular volvió a acusar al tripartito este miércoles de ser incapaz de regularizar la prestación de ese servicio tras haber paralizado el proceso de contratación. Su portavoz, Luis Barcala, hizo extensible esa misma crítica a otros contratos públicos que se prestan de manera irregular, sin contrato, como el del mantenimiento del cementerio municipal (también en manos de Ortiz) y el del montaje de escenarios e instalaciones para la celebración de actos festivos. Según Barcala, esos dos servicios siguen costando una media de 52.000 euros mensuales.
La Concejalía de Infraestructuras, responsable de impulsar el concurso sobre la limpieza de colegios y edificios públicos , tiene prácticamente cerrado el nuevo pliego que, según la edil del área, Gloria Vara, pone el foco tanto en el interés público como en la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores y, además, facilita la concurrencia de empresas. Como publicó este diario, entre esas mejoras, según fuentes del tripartito, se baraja la inclusión de una cláusula para premiar a las ofertas que se comprometan a mantener a la plantilla actual más allá de la obligación legal de subrogación que ya se establece en el convenio del sector. Según las previsiones de Infraestructuras, el nuevo proceso de licitación estará en marcha antes de que finalice el próximo mes de enero.
