Contrata de limpieza de colegios: el tripartito baraja premiar a las empresas que garanticen los empleos 

ALICANTE. El tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) parece haber encontrado la que podría ser la clave de bóveda para volver a licitar el contrato de limpieza de colegios y edificios públicos municipales, que sigue asumiendo Ortiz e Hijos en precario, con la concesión y sus prórrogas caducadas desde hace año y medio. Fuentes del equipo de Gobierno consultadas por Alicante Plaza aseguran que la opción que parece más probable para garantizar una transición sin despidos en la prestación del servicio es la de incluir, en el nuevo pliego del concurso, una cláusula que premie con una puntuación adicional a las empresas que se comprometan a mantener a los cerca de 420 trabajadores que componen la plantilla actual (y, se sobreentiende, sus condiciones laborales). Todo, según las mismas fuentes, más allá de las garantías de subrogación que, según viene sosteniendo el equipo de Gobierno, ya contempla el propio convenio laboral del sector.

Esa fórmula, que todavía debe pasar el filtro de los servicios jurídicos, proporcionaría el plus de seguridad demandado por los representantes de los trabajadores en el proceso de negociación entablado con el ayuntamiento hace dos semanas, ante el temor de que la nueva empresa concesionaria pueda reducir el número de trabajadores a su cargo transcurridos los primeros meses de la concesión. En definitiva, según las mismas fuentes, se trataría de otorgar puntos a modo de bonus a los licitadores que cumpliesen esa cláusula social a la hora de baremar cada una de las ofertas presentadas. Sería una posibilidad que sí tendría cabida legal y que no supondría ninguna situación de desigualdad en términos de competencia, puesto que entraría en el apartado de mejoras que todos los licitadores estarían en condiciones de incorporar si lo considerasen oportuno.   

La "mejora del servicio público", sería, en último término, el objetivo a perseguir que habría llevado al equipo de Gobierno a anular la primera licitación "en busca del interés general", según apuntó este martes la edil de Infraestructuras, Gloria Vara (PSOE), que asume las competencias para impulsar el proceso. A preguntas de este diario, la regidora sólo apuntó al respecto que se siguen estudiando múltiples posibilidades, así como su encaje legal para volver a convocar el concurso en el menor plazo posible.

En el equipo de Gobierno se asume que seguirán pagando fuera de contrato a Ortiz al menos hasta el mes de marzo

Fuentes del tripartito admiten que, como muy pronto, la contrata no quedará regularizada con un nuevo concesionario hasta el mes de marzo. Puede que incluso se demore hasta abril. Se da por hecho que la redacción del nuevo pliego corregido no quedará cerrada hasta enero (aunque en principio se trata sólo de incorporar añadidos, no de revisar todo el pliego) y el concurso requiere de al menos 45 días de exposición al público en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). A ese plazo, se debe añadir el periodo de estudio y valoración de las plicas que opten a la concesión. Mientras, Ortiz seguirá percibiendo alrededor de 730.000 euros mensuales por la prestación del servicio sin la cobertura de contrato.  

Ortiz y Ferrovial, interesadas

El tripartito decidió anular la primera licitación en una Junta de Gobierno celebrada el pasado 5 de diciembre, el último día de plazo para presentar ofertas. Lo hizo tres días después de que un cruce de comunicados entre el comité de empresa y el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), en el que se daba por roto el proceso de diálogo abierto a instancias de los trabajadores para tratar de afianzar la continuidad de los empleos. Esa ruptura supuso la antesala de la convocatoria de huelga, lo que hubiese dejado sin servicio de limpieza a 53 colegios de la ciudad, además de otras instalaciones municipales como los centros sociales o los polideportivos. 

El portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís), y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, mediaron con los representantes de los trabajadores y retomaron las conversaciones un día después de ese cruce de acusaciones, lo que derivó en la anulación del concurso para introducir garantías sociales. Esa decisión avivó las tensiones en el seno del tripartito, puesto que los concejales de Guanyar -partidarios de la municipalización- ya habían reclamado que se incluyesen mayores garantías, en el caso de que finalmente se optase por mantener la privatización del servicio.

El equipo de Gobierno sostuvo, al hacer público el acuerdo de suspensión del concurso, que ninguna empresa había llegado a presentar plica para quedarse con el contrato. Como publicó este diario, al menos cinco empresas sí habían llegado a visitar las dependencias municipales objeto del contrato para estudiarlas y valorar si presentaban una oferta. Fuentes municipales constataron a Alicante Plaza que, además, dos empresas habían mostrado como mínimo su interés en participar en el concurso. Se trata de la actual concesionaria, Ortiz e Hijos, y de Ferrovial. La primera presentó por registro una solicitud de aclaración sobre el contenido de la documentación que se debía incorporar en los sobres de las ofertas el pasado 16 de noviembre. La segunda, también pidió que se resolviesen ciertas dudas sobre el pliego de condiciones, en un escrito registrado el 18 de noviembre.

El contrato de limpieza de colegios y edificios públicos es el primer gran concurso convocado por el tripartito para adjudicar la prestación de un servicio público y uno de los más jugosos por su elevado importe, al margen de la limpieza viaria y recogida de residuos y del transporte público. El concurso anulado preveía un precio de licitación de 33,4 millones sin IVA por dos años de contrato, con posibilidad de prórroga por otros dos.