El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, en una visita a las obras del parque-plaza de Benalúa.ALICANTE. Tras las medidas de urgencia en la prestación de servicios esenciales y en el refuerzo de necesidades sociales, llega la hora de adoptar medidas en la ejecución de la obra pública. Al menos, por lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante. El equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, ha acordado este miércoles la suspensión temporal de los plazos de ejecución de las obras públicas licitadas y adjudicadas hasta el momento con el propósito de que las empresas adjudicatarias puedan implementar las medidas de prevención frente al coronavirus que consideren necesarias para mejorar la seguridad de sus plantillas.
En la práctica, la decisión -que ha quedado sancionada a través de un decreto firmado por el alcalde, el popular Luis Barcala- da carta blanca a las empresas constructoras para que puedan paralizar el desarrollo de los trabajos encomendados hasta que se supere la situación de crisis sanitaria. Según fuentes municipales, se trata de una posibilidad regulada en Real Decreto-ley 8/2020 de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, aprobado este martes en el consejo de ministros, en el que no se establece la obligación de paralizar la ejecución proyectos e infraestructuras sufragados por las administraciones. Así, esa posibilidad quedará en manos de la decisión que adopte cada una de las empresas adjudicatarias.
Hasta el momento, no consta que se haya formulado ninguna petición al respecto en ese sentido, según han precisado fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza. Es más, la preocupación mantenida por la mayor parte de las compañías del sector era la posibilidad de que se permitiese seguir desarrollando su actividad, para lo que ya habrían obtenido autorización, a través de la Subdelegación del Gobierno.
En todo caso, el decreto sí ampara que las compañías contratistas podrán suspender temporalmente la ejecución de la actuación o reducir la presencia de empleados, sin que la superación de los plazos comprometidos en la adjudicación conlleve ninguna sanción para el contratista. En esta línea, según han apuntado fuentes municipales, la medida trata de respaldar las decisiones que tomen las empresas en atención a la protección de sus plantillas suspendiendo los plazos contractuales de ejecución de obras públicas municipales en los supuestos en que las adjudicatarias así lo soliciten.
El Ayuntamiento concederá la suspensión de los trabajos siempre que la paralización no implique riesgo para las personas o bienes de terceros
Las empresas que se quieran acoger a la suspensión de plazos de ejecución deben comunicarlo al Ayuntamiento y para proceder a la concesión de la suspensión, la corporación local tendrá en cuenta que la paralización no implique, en ningún caso, riesgo para personas o bienes de terceros. Además, las contratistas estarán obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la obra durante su paralización, según han añadido las mismas fuentes. La suspensión de los plazos contractuales se adopta inicialmente por un periodo de 30 días que -no obstante- podrá ser prorrogado si continúa la situación de emergencia.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha informado que el Ayuntamiento de Alicante hará llegar a los contratistas los protocolos de seguridad que han elaborado tanto el Colegio de Ingenieros como el Colegio de Arquitectos para que los responsables de las obras tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores.
