Viviendas en construcción en el sector de Benalúa Sur de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) lanzaron este viernes su propuesta de planificación económica general para 2023 en el Ayuntamiento de Alicante. Ese proyecto presupuestario, que todavía queda sujeto a la supervisión del departamento de Intervención, asciende a 326 millones: 12,1 millones más que las cuentas de este año, lo que supone un incremento del 3,87%. Entre sus líneas centrales, figura la dotación de 26 millones para impulsar inversiones que ya están en ejecución o en su última fase de contratación, sin incorporar proyectos que no estuviesen contemplados ya en 2022, como ya ha informado este diario.
Además, se mantiene la apuesta por lo que el bipartito califica como una "fiscalidad blanda", entre la que destaca la continuidad de la rebaja lineal del 5% en el IBI que se acordó en 2018, así bonificaciones en impuestos como el IAE y el Icio para las iniciativas empresariales que generen empleo. Todo pese que se haya tenido que encajar un aumento del gasto derivado de los nuevos costes de los servicios públicos que se acaban de renovar (transporte público, limpieza viaria y recogida de residuos y limpieza de colegios y dependencias municipales), y de la actual crisis inflacionista, que ha motivado el incremento en los salarios de los funcionarios y el aumento del precio de la luz.
Con todo, en ese escenario marcado por la incertidumbre económica, el equipo de gobierno manifiesta una confianza plena en la pujanza del sector inmobiliario al estimar un incremento del 29,10% en los ingresos obtenidos a partir de la recaudación del Icio al preverse el inicio de nuevas promociones residenciales en ámbitos ya urbanizados como Vistahermosa Norte, el PAU 5 o Benalúa Sur. En concreto, se prevé que los 6.212.000 euros de ingresos anotados en el presupuesto de 2022 asciendan hasta los 8.020.000 euros en las cuentas del próximo ejercicio. No solo eso. PP y Cs también profesan un firme optimismo en la evolución general de la economía al esperar otro incremento significativo en la recaudación del IAE (el impuesto que abonan empresas o autónomos cuya cifra de negocios supere el millón de euros anual). En este caso, se prevé un aumento del 6,31%, de modo que pasaría de los 8.440.000 euros a los 8.972.259 euros, según fuentes consultadas.
La previsión de ingresos de las cuentas presentadas por el bipartito recoge una aportación adicional de 7 millones por parte del Estado y de 4,7 millones menos por parte de la Generalitat
También se calcula un incremento de la recaudación por el cobro de las llamadas plusvalías de otro 4,12%, desde los 9,7 millones de 2022 a los 10,1 de 2023. Lo cierto es que, en general, se estima un incremento de ingresos en todos los impuestos municipales. Así, pese a la congelación del IBI, se estima que se producirá una subida de los ingresos del 0,54% como consecuencia del crecimiento del parque de viviendas, con lo que se pasaría de los 86,8 millones a los 87,3. El incremento en la recaudación del IBI rústico sería superior, del 5,73%, aunque por un importe mucho más reducido (de 155.000 a 166.000 euros). Por último, el impuesto de vehículos (IVTM) registraría un aumento poco significativo, del 0,01%, al estancarse en poco más de 15,9 millones de recaudación estimada.
De este modo, en términos globales, la planificación trazada por PP y Cs espera que los ingresos por tributos municipales experimenten un crecimiento del 2,52%: algo más de 3,2 millones adicionales respecto a la cifra correspondiente a 2022, al aumentar de los 127,3 millones a los 230,5 del año venidero.
La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala; y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación de los presupuestos.Con esa previsión de ingresos, PP y Cs ha tenido que optar por la reducción de gastos corrientes no prioritarios y al aplazamiento de las partidas para el pago de ayudas y subvenciones hasta el segundo semestre del año con la pretensión de poder disponer de nuevos ahorros o economías que puedan cubrirlas al tener que dar encaje a los cerca de 40 millones extra que, según indicó el alcalde, Luis Barcala, se han tenido que provisionar para hacer frente a ese triple incremento de los sueldos de los funcionarios, el precio de la luz y los costes de las nuevas contratas.
Eso sí, también se contaría con la transferencia de fondos procedentes de otras administraciones. Sin contar la asignación de fondos europeos, que quedaría centralizada en la cofinanciación de las actuaciones de reurbanización y calmado del tráfico asociadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Centro, el Ayuntamiento prevé disponer de 105.758.062,52 euros en aportaciones del Estado, lo que supone un incremento del 6,80%. O lo que es lo mismo, siete millones más respecto a los ingresos obtenidos en 2022 (98.704.856,57). Eso sí, ese retorno en forma de financiación quedaría lejos de la recaudación fiscal obtenida por el Estado en la ciudad, que según fuentes municipales, se habría incrementado en un 15,4% respecto a la de 2021.
Además, las previsiones de ingresos por transferencias de la Generalitat sufrirán una reducción del 20,44% al pasar de los 17.733.975,03 euros de 2022 a los 12.952.827,67 esperados en 2023. Es decir, unos 4,7 millones menos, según fuentes municipales consultadas. En esa consignación se incluiría, básicamente, la provisión de fondos para las obras en mejoras y construcción de colegios del Plan Edificant y la dotación para cubrir costes de personal de los trabajadores adscritos a la Concejalía de Acción Social a través del contrato programa firmado con la Conselleria de Inclusión Social en 2022.
Sea como fuere, el proyecto presupuestario queda sujeto a posibles revisiones a partir de la evaluación que pueda formular el departamento de Intervención o de las aportaciones que puedan incorporarse en la fase de negociación política y el debate de enmiendas de la oposición, una vez que el documento quede aprobado en Junta de Gobierno. En principio, el primer edil señaló este viernes que se preveía entablar de inmediato los contactos para recoger las sugerencias que puedan formular PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox "sin líneas rojas" respecto a ninguna de esas formaciones. Por el momento, como ya ha informado este diario, al menos las tres fuerzas que conforman el eje progresista han ofrecido ya una primera valoración crítica respecto a la propuesta trazada por el bipartito. Por su parte, el grupo municipal de Vox, que ha facilitado que prosperen las cuentas de PP y Cs a lo largo del mandato, ha aplazado su valoración respecto a la última propuesta hasta poder someterla a un mejor estudio, según indicó su portavoz, Mario Ortolá.
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En todo caso, Barcala señaló que la voluntad de PP y Cs es elevar la propuesta a aprobación en el pleno antes de que concluya el mes de diciembre con el fin de que pueda entrar en vigor a finales de enero (en el supuesto de que no se presenten alegaciones durante su exposición al público). En principio, la propuesta debe quedar informada por Intervención en el plazo de diez días hábiles. Después, se producirá su aprobación en Junta de Gobierno, lo que abrirá un plazo de seis días para la presentación de enmiendas, que deberán ser evaluadas por los técnicos municipales con su propuesta de resolución para que pueda convocarse la comisión de Hacienda. El pleno podría fijarse 48 horas después de esa comisión. Con esos plazos, como muy pronto, el pleno podría fijarse para la última semana de diciembre.
