Alicante, ciudad comercial

En estos días estamos viviendo un momento convulso en el comercio de la ciudad de Alicante. Por una parte, la sentencia del llamado Caso Comercio ha vuelto a traer a la palestra uno de los dos penosos asuntos por los que Gabriel Echávarri se vio en su día forzado a dimitir como alcalde de la capital. Con esta dimisión el PSOE devolvió al PP el gobierno de la ciudad, antes siquiera de haber completado su primer mandato, tras veinte años de gobiernos populares que, en sus postrimerías, habían dejado ciertamente hartos a los ciudadanos. Fue una gran oportunidad perdida. Barcala se subió al carro de la denuncia, empujado en un primer momento por Ciudadanos, pero después el propio Echávarri se lo puso al PP a tiro, como dicen que le ponían a Franco las presas cuando iba de caza, al despedir a la cuñada de Barcala. Chuta, remata y gol. El PP se encontró de pronto, sin comerlo ni beberlo, con un regalo que ni se esperaba, como evidenció la cara de sorpresa de Barcala cuando pusieron en sus manos la vara de mando, ante el premonitorio traje de luto de esa doliente Eva Montesinos.

Resultaría alucinante, si es que tal rumor fuera cierto, que, teniendo que sentarse por dos veces en el banquillo de los acusados, Echávarri pudiera haber estado acariciando el sueño de volver a la política activa. Aunque tal vez fuera lo que decía Calderón de la Barca, que “toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. Pero esos sueños fueron dispersados cuando la Audiencia Provincial condenó al ex alcalde, a su jefe de gabinete, Lalo Díez, y al asesor de la concejalía de Comercio, Pedro de Gea, por prevaricación. Aunque puede que no sea un punto y final desde el punto de vista judicial, a juzgar por la simple lectura de la sentencia y dadas, entre otras, las dudas que la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento mostró en su día, en cuanto a que realmente se tratara o no de un caso de fraccionamiento de contratos. Yo por quien lo siento a nivel personal es por De Gea, con quien durante años trabajé como abogada del Colectivo de Comerciantes por Alicante cuando él era el presidente, porque sé lo mucho que se ha esforzado por el comercio de la ciudad.

Es curiosa la coincidencia, si tal cosa fuera posible, de que en la misma semana el TSJ haya decidido anular la modificación del art. 95 del PGOU, efectuada por el tripartito del anterior gobierno, que impidió la llegada de IKEA a Alicante en 2017. Y digo que es curioso porque éste ha sido uno de los caballos de batalla del Colectivo de Comerciantes en general y del propio De Gea en particular. Al parecer el Ayuntamiento no piensa recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo, decisión que confío en que rectifique, e incluso el concejal Adrián Santos ha dicho abiertamente que en el suelo de Rabasa “no vamos a vetar la llegada de ninguna empresa que quiera crear empleo”. Considero que el gobierno municipal debería extremar el cuidado con este tipo de afirmaciones grandilocuentes. 

Para empezar, Alicante desde hace muchos años está sobrepasada de superficie base alquilable en centros comerciales, en proporción a su población y con respecto a la media nacional. Y no digamos ahora que en cada entorno urbano de la provincia les ha dado por abrir un centro comercial. Por otra parte, recordemos que la negativa del pequeño comercio no era a que se instalara IKEA en Alicante, sino a que por obligación su llegada debiera estar asociada a la creación de un macrocentro comercial, que en conjunto habría supuesto un mastodonte de más de 100.000 metros cuadrados. Sinceramente, las pretensiones de la firma sueca, que estaba queriendo implantar este centro en Alicante precisamente como experiencia piloto y que se negaba a negociar con el recorte de la superficie de su proyecto, me parecían inaceptables y considero que iban a suponer un claro perjuicio para la mayoría de comercios de proximidad de la ciudad. También habría perjudicado, sin duda, a los demás centros comerciales que ya están en funcionamiento en Alicante, por una simple aplicación de la teoría de los vasos comunicantes y porque lo novedoso atrae.

A mi entender éste, el comercio es uno de los aspectos en los que Alicante está demostrando que no sabe si va o si viene. Siendo una ciudad que cuenta con un clima privilegiado, en la que se puede pasear por la calle casi todo el año, no parece muy coherente que quiera apostar por encerrar a la gente en castillos sin ventanas, en lugar de echar mano de ofrecerle al personal una ciudad atractiva y con vidilla. Los regidores municipales se han de fijar en el ejemplo de Málaga con su calle Larios y adyacentes peatonalizadas, o en el de Cartagena con esa apuesta tan exitosa por la arteria principal para viandantes también, o en el de Murcia. Aquí nos hemos hecho mayores, pero aún no sabemos lo que queremos ser, no tenemos un modelo de ciudad y el PGOU de 1987 amarillea en los cajones. Supongo que sería mucho pedir que tuviéramos un nuevo Plan General al final de este mandato, porque nos estamos quedando desfasados. El comercio, dentro de este enfoque, puede ser un factor de importante dinamización para Alicante y por extensión para la provincia, pues donde hay pequeño comercio hay escaparates, gente, ambiente y, no lo olvidemos, la nuestra está abocada a ser una ciudad sobre todo de servicios, aunque le haya tocado esa bono loto del Distrito Digital, oportunidad que espero que sepamos aprovechar.

Es momento de que, ahora más que nunca, el comercio de Alicante se muestre unido sin fisuras alrededor de su presidenta, Vanessa Cárdenas, en defensa de sus intereses que son, en definitiva, los de todos nosotros.