ALICANTE. El conflicto del ruido asociado a la actividad hostelera del Centro de Alicante seguirá dirimiéndose en los tribunales. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), sopesa la posibilidad de interponer su propio recurso de apelación frente a la sentencia que conmina a aplicar una Zona Acústica Saturada (ZAS) en la calle Castaños, al margen del ya anticipado por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa). Así lo ha señalado, cuando menos, el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este martes, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
La posibilidad de que acabe interponiéndose ese recurso municipal cobraría más fuerza a la vista del auto dictado por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 por el que rechaza conceder la aclaración y la subsanación solicitada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y ratifica su sentencia previa, en la que se estima íntegramente la demanda presentada por dos residentes del Centro a título particular. Y, al tiempo, reprocha al Ayuntamiento que no hubiese respondido en tiempo a las quejas manifestadas por los residentes antes de que decidiesen abrir la vía judicial mediante la interposición de un contencioso por vulneración de derechos fundamentales.
Por lo pronto, Villar no ha llegado a valorar las apreciaciones de ese auto y se ha limitado a señalar que la pretensión de la solicitud de aclaración de sentencia no era "cambiar el fallo", si no que se matizase algunas de las consideraciones de la sentencia que "entendíamos que no eran correctas, como el hecho de que se apuntara cierta inacción del Ayuntamiento" a la hora de solucionar el problema del ruido y de favorecer el descanso vecinal. De hecho, en esa misma solicitud de aclaración se argumentaba que el Ayuntamiento incoó el expediente necesario para declarar una ZAS en el Centro en diciembre de 2019, un mes después de que se conociese la primera sentencia favorable a la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, que acabó siendo revocada por el TSJ, con aval posterior del Tribunal Supremo (TS), tras el recurso de apelación presentado entonces por el Ayuntamiento, al que se adhirió Alroa y empresarios hosteleros a título individual.
En todo caso, el edil de Medio Ambiente ha incidido en que, tras ese auto, "consideramos que existen motivos para recurrir" al margen de que se persista en la intención de poner en práctica las medidas a las que da pie la declaración de una ZAS, según ha recalcado. "Estamos valorando ese recurso; creemos que hay motivos para recurrir, no por el fondo del fallo, sino por cuestiones como las valoraciones que se apuntan respecto a la vulneración de derechos fundamentales con las que no estamos de acuerdo y que creemos que perjudican el interés municipal", ha señalado, ante la posibilidad de que pueda extenderse esa consideración en otros posibles procesos similares que puedan emprenderse en lo sucesivo.
Eso sí, ha vuelto a reiterar que el equipo de gobierno ya estaba trabajando en el paquete de medidas a implementar para reducir el problema del ruido, aunque no ha llegado a concretar qué tipo de decisiones se pretenden adoptar. "Serán las más efectivas", ha incidido, para señalar que todavía hay margen para que se cumpla la obligación de su implantación, a partir del plazo de dos meses que se establece en la propia sentencia. Además, ha apuntado que ese plazo comenzaría a correr desde el momento en el que se produjo el dictado del auto de aclaraciones, aunque ha asegurado que, si es posible, esas medidas comenzarán a aplicarse antes de que se cumpla ese plazo.