Recreación de lo que iba a ser Alcoinnova, la ATE industrial impulsada por La Española. Foto: APALICANTE. La anulación en 2018 de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alcoinnova, impulsada por la empresa alcoyana de aceitunas rellenas La Española para construir un nuevo polígono junto a la autovía, ha dejado un llamativo legado mercantil. El área industrial de Alcoinnova no existe ni probablemente exista jamás (al menos, no en la zona donde se proyectó), pero Alcoinnova Parque Empresarial SL sí sigue existiendo. Y hay una buena razón.
La sociedad creada en 2013 por los dueños de La Española para impulsar la ATE, anulada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras un recurso de los ecologistas pese a que el Tribunal Supremo la había avalado previamente, lleva cinco años inactiva, con un solo empleado en plantilla y acumulando cada ejercicio pérdidas de unas decenas de miles de euros (51.500 euros en 2022). Su objeto social es "la construcción, promoción y arrendamiento de toda clase de edificaciones, y en especial, parques empresariales", pero no tiene dónde.
Lo que sí tiene Alcoinnova, integrada en el grupo empresarial de La Española y participada al 100% por la sociedad de cabecera, Alcogrup SL, es un importante patrimonio de 12,8 millones de euros, según su último balance, y un capital social de 13,7 millones (los dueños de La Española reforzaron los recursos propios durante el compás de espera judicial, esperando un pronunciamiento favorable de los tribunales). Todo un 'gigante dormido' que, tras renunciar a su proyecto inicial, sigue pendiente de los tribunales.
Descartado definitivamente el proyecto en mayo de 2020, cuando el Supremo anuló la ATE al desestimar el recurso en casación que interpuso La Española contra la anulación de 2018 en el TSJCV, a Alcoinnova Parque Empresarial SL solo le queda resarcirse en la medida de lo posible por la inversión y el tiempo perdidos. Así, la memoria de 2022 explica también que "con fecha 31 de mayo de 2021 se ha presentado un escrito de solicitud de indemnización por los perjuicios causados ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana". De momento no hay resolución.
Curiosamente, la de Alcoy fue la única ATE aprobada por el Consell de las cuatro que se presentaron mientras estuvo vigente esta figura (creada por el Ejecutivo de Alberto Fabra y eliminada por el Botànic): Alicante Avanza-Ikea, Puerto Mediterráneo y Mestalla no terminaron su tramitación. Pero el visto bueno del Consell, contra quien ahora dirige su reclamación la firma, se las vio con una maraña judicial: dos recursos del Ayuntamiento por considerar que se vulneraba la autonomía municipal (al haberse tramitado el proyecto sin su participación), otros tantos de colectivos ecologistas por la afección a la zona...
Si bien Alcoinnova obtuvo el respaldo tanto del TSJ como del Supremo a su proyecto en los recursos del Ayuntamiento y el primero de los ecologistas, finalmente el Alto Tribunal valenciano tumbó el proyecto a petición de dos grupos conservacionistas (en una sorprendente enmienda a su propia doctrina previa y pese a que el Supremo ya había validado su visto bueno inicial en casación ante otro recurso idéntico) por falta de garantías ambientales.
El proyecto pretendía sacar del casco urbano de Alcoy las instalaciones de la empresa alimentaria, que se ha quedado encajada entre el crecimiento residencial de la ciudad hacia la zona norte, y permitir así modernizarlas y ampliarlas. En paralelo, Alcoinnova buscaba inversores para establecerse en el nuevo polígono, cuya sostenibilidad siempre defendieron sus promotores, y llegó a promocionarse en el Reino Unido a través de la oficina de intercambio de inversión London&Partners y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española.
