La consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador.ALCOY. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que anula el desarrollo del proyecto de parque empresarial Alcoinnova como Actuación Territorial Estratégica (ATE), en la partida de La Canal de Alcoy, ya está sobre la mesa de análisis de las dos partes codemandadas: la Generalitat, como administración responsable del acuerdo de 2014, a través de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio, y el grupo alimentario La Española, como promotor de la propuesta. En ambos casos, se trata de estudiar qué opciones existen sobre el posible registro de recurso ante el Tribunal Supremo y, sobre todo, si resulta procedente presentarlo.
Portavoces de la actual Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio precisaron que la Abogacía de la Generalitat ya está analizando la resolución del alto tribunal autonómico para conocer su alcance y barajar posibilidades, sólo un día después de haber tenido conocimiento del fallo. El plazo para tramitar ese hipotético recurso es de un mes desde la notificación de la sentencia.
Según las mismas fuentes, no existe ninguna decisión tomada sobre un hipotético recurso en casación. Con todo, por pura lógica, podría darse la circunstancia de que el actual Consell se viese forzado a interponerlo para sostener la decisión que se adoptó en 2014, siguiendo el principio de defensa de los propios actos por el que se rige la administración pública.
Todo pese a que a los socios del Botànic (PSPV y Compromís, con respaldo externo de Podemos) ya han dejado claro que no comparten la filosofía de las ATES como fórmula para el desarrollo de proyectos urbanísticos sin la intervención de los ayuntamientos que consideran necesaria. De hecho, el pasado 26 de abril se registró en el pleno de les Corts la propuesta de modificación de la LOTUP en la que se regula la nueva fórmula planteada por el actual Consell para tramitar esos proyectos de carácter estratégico: los llamados Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES).
El Consell acaba de registrar en les Corts la reforma de la LOTUP por la que regula la figura sustituta de las ATE: los PIES
Por el momento, la posición de La Española es prácticamente indéntica: representantes de la compañía, con sede en Alcoy, apuntaron este viernes que sus servicios jurídicos están revisando el fallo del TSJ para tomar una determinación. Fuentes consultadas por Alicante Plaza señalaron que probablemente el grupo acabe acudiendo al Supremo con el propósito de mantener las opciones de desarrollo sobre un suelo propiedad del grupo, ya que, de otro modo, esos terrenos -situados junto al trazado de la autovía A-70 continuarían inactivos. Así, se trataría de evitar la pérdida del gasto generado en la presentación del proyecto, antes de plantear su reformulación o traslado a otro emplazamiento, dentro o fuera de Alcoy (el Ayuntamiento sigue insistiendo en ofrecer la partida de Pagos como alternativa). Máxime si se tiene en cuenta que la sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes que abren un resquicio claro sobre el que incidir: el proyecto ya fue avalado por dos fallos previos del alto tribunal (alcanzados por unanimidad de la sala en respuesta a los recursos presentados por el Ayuntamiento de Alcoy) y, según las magistradas que emitieron esos votos discordantes, ahora se habría cambiado de criterio sin ninguna motivación.
Uno de los planos explicativos del proyecto, difundido a través de su página web oficial.Eso sí, ese hipotético recurso ante el Supremo sí supondría abocar al proyecto a un nuevo compás de espera de no menos de dos años hasta que llegase una resolución, de modo que se verían afectados los posibles acuerdos que La Española pudiese tener cerrados con inversores para impulsar los trabajos de urbanización a corto plazo.
En principio, el grupo debía presentar este mes de abril los proyectos de urbanización y reparcelación en el Ayuntamiento de Alcoy para poder obtener las primeras licencias de obra. Sin embargo, a la vista de la cercanía del fallo del TSJ conocido este jueves (en el que se estima el recurso presentado por La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistas en Acción y Salvem l'Aqüífer del Molinar), La Española solicitó una prórroga de seis meses para registrarlos.
