VALÈNCIA. El pasado 30 de octubre Podemos y el Consell firmaron un acuerdo sobre el Presupuesto de 2019 en el que quedaban fijadas las líneas maestras que incluirían las cuentas del próximo ejercicio y cuáles serían las leyes prioritarias en las que tendrían que trabajar los tres grupos parlamentarios que sustentan el Botànic para intentar que salgan adelante antes de que termine la legislatura.
Una tarea compleja si se tiene en cuenta que se fijaron el reto de aprobar nada más y nada menos que un total de 15 leyes -algunas de ellas son modificaciones de normas ya validadas-. Fuera de ese listado quedaron otros ocho proyectos y proposiciones normativas que quedarán en un cajón y que, si así lo desean los partidos, deberán volver a registrar a partir de las elecciones de mayo cuando se vuelva a constituir la cámara valenciana. Estas son las leyes 'olvidadas':
-Ley de modificación de Colegios Profesionales: A propuesta de Compromís, todos los grupos parlamentarios firmaron una propuesta de reforma de esta normativa para que la Generalitat asuma la potestad sancionadora de los Colegios Profesionales en caso de que sus colegiados incurran en alguna infracción. Ahora bien, no la haría para todos los supuestos que están considerados como sancionables.
En concreto, la reforma añade un tercer punto al artículo 21 de la ley para que se considere infracción muy grave "el ejercicio de una profesión colegiada" por aquellas personas que no cumplan la obligación de estar colegiados "cuando la normativa que la regule la exija". Esto es, por ejemplo, que un graduado en Derecho ejerciera como abogado sin estar colegiado y, por tanto, no constara como ejerciente en el censo de letrados del Consejo General de la Abogacía.
También este nuevo artículo considera una infracción que una persona siga ejerciendo su profesión cuando el colegio profesional en el que esté dada de alta le haya suspendido un tiempo determinado por haber incurrido en un quebrantamiento, "vulnere una resolución administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de declaración de incompatibilidad administrativa o profesional o de conflicto de intereses, o una disposición legal en que se establezca la prohibición del ejercicio". Una causa por la que también podrían ser condenadas o multadas las empresas y entes que contratasen a profesionales que se encontrasen en estos supuestos.
-Ley de Participación Institucional: Fue una propuesta del PPCV de Isabel Bonig en noviembre de 2017, después de que sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal CEV acudieran a la manifestación del 18-N que pedía al Gobierno de Mariano Rajoy una financiación justa para la Comunidad Valenciana. La intención era cambiar el sistema de reparto de ayudas directas a los sindicatos y patronales para que también los organismos minoritarios pudieran acceder a este tipo de subvenciones.
Las enmiendas a esta norma quedaron ordenadas el pasado mes de junio, pero desde entonces no se ha vuelto a reunir la comisión de Coordinación en la que se trabaja para votarlas. A pesar de que tan solo quedan dos fases para que sean validados los cambios, el PSPV da por hecho que no llegarán a modificarla en esta legislatura. Ni los populares han solicitado que se introduzca en el orden de una comisión, ni los socios del Botànic la han considerado prioritaria. Además, apelan a la dificultad para hallar una fórmula óptima que contente a sindicatos mayoritarios y minoritarios.
-Ley de Comarcalización: Quedó paralizada en julio de 2017. Para complementar la Ley de Mancomunidades impulsada por Presidencia, la coalición valencianista presentó una Proposición de Ley que pretendía establecer la comarca como la unidad de división de la Comunitat Valenciana. La norma, eso sí, no iba más allá y apartaba una hipotética descentralización a la catalana, creando otro nivel administrativo más.
Sin embargo, se encontró con la oposición de Ciudadanos y PP y con ciertas críticas en Podemos. Con su contenido negociado con la dirección de administraciones locales que dirige el socialista Antoni Such, en el PSPV aceptaron la propuesta mientras solo se basara en un reconocimiento de la división comarcal.
No obstante, los morados no veían con buenos ojos la propuesta y pidieron un mayor proceso de participación de las entidades locales para solucionar polémicas como la división de l'Horta planteada en el texto. La precipitación para debatir esta ley provocó incluso que Compromís retirara de motu propio la iniciativa y desde entonces no se ha avanzado en ella.
-Ley del Juego: Aprobado el proyecto de ley el pasado 26 de octubre inicia ahora su peregrinaje en Les Corts Valencianes. La modificación de esta ley de 1988 incide en el refuerzo de las medidas dirigidas a impedir el acceso de los menores a los salones, estableciendo un control de acceso a pie de calle, además de prever que lo recaudado por sanciones a este sector se destine prevenir y combatir la ludopatía.
Por otra parte, con la nueva regulación, el acceso a los locales de juego de menores y personas inscritas en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego pasa de considerarse una falta grave a falta muy grave. Por ello, las multas impuestas por el incumplimiento de esta infracción serán superiores a 6.001 euros (en las calificadas como graves el límite inferior fijado será de 3.001 euros).
-Ley de Contratos Agrarios: Esta proposición de ley comenzó a tramitarse en Les Corts el pasado mes de marzo. El objetivo de los cambios en los que se han trabajado es proteger al agricultor ante la venta a resultas (es decir, vender sin pactar precios en origen), ya que obligará a que los contratos de compraventa sean siempre escritos y no muchos de ellos verbales como ocurre ahora. En este sentido, la reforma contempla que los contratos deben emitirse por triplicado: un ejemplar para el que vende, otro para el comprador y un tercero para el registro.
-Ley de VTC: Propuesta por el PPCV, esta norma busca regular el servicio de transporte de personas en vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC. La proposición de ley se registró en febrero de 2018 y en junio inició su fase de participación ciudadana en Les Corts, justo un mes antes de que estallara la crisis del taxi después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente el reglamento metropolitano que regula las licencias VTC -con las que operan Uber y Cabify-, previo recurso del Ministerio de Fomento.
La resolución reavivó un conflicto intensificado con el paso de los meses y abrió otro capítulo con una huelga indefinida del sector del taxi que llegó a extenderse a toda España. Sin embargo, el trámite de esta normativa se encuentra estancado y en una fase muy embrionaria como para que pudiera salir adelante en los escasos cuatro meses que quedan a esta legislatura. Más si cabe teniendo en cuenta que diciembre se dedica plenamente al debate sobre el proyecto de ley de las cuentas del próximo ejercicio.
Fuera del acuerdo firmado entre Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Estañ quedó también la Ley de Gobierno Abierto. Y aunque en aquel momento la norma no se encontraba aún en Les Corts, el anteproyecto fue aprobado este viernes por el pleno del Consell. Tampoco estaba en aquel documento la Ley de Función Pública, una norma que comenzó a redactarse en 2016, pero que se encuentra encallada por las diferencias que existen entre PSPV y Compromís a cuenta del requisito lingüístico. De hecho, el anteproyecto todavía está por aprobar y, por lo tanto, la norma no ha entrado en Les Corts.
