Vicent Cucarella (centro) entrega el informe al president de Les Corts, Enric Morera. Foto: CORTSVALENCIA. Llegó fiel a su cita navideña el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión presupuestaria de la Generalitat valenciana y sus empresas –cosa destacable y plausible, pues en ninguna comunidad salvo Navarra se publica con tanta celeridad– y llegó con novedades en este primer año del nuevo Síndic Major, Vicent Cucarella. La primera, que Cucarella aprovechó para dar al informe un toque político con una introducción en la que cifró negro sobre blanco la cuantía de la llamada deuda histórica del Estado con los valencianos derivada de la infrafinanciación: 14.380 millones de euros entre 2002 y 2015. Bastante menos, por cierto, que la última cifra que dio al respecto Ximo Puig hace un año, 16.000 millones, así a ojo.
Demos por buena la que da el autor del libro El finançament valencià, de la submissió al canvi necessari (Bromera), publicado meses antes de ser elegido Síndic Major, porque Cucarella es especialista en esto y viene actualizando la cifra año a año al menos desde 2012.
Pero la tarea de la Sindicatura no es tanto explicar por qué es imposible que la Generalitat cumpla el objetivo de déficit mientras no se cambie el modelo de financiación como señalar al Consell y a todos los ciudadanos aquellos aspectos mejorables –algunos siguen siendo muy mejorables– para atajar el déficit aunque no lleguemos al objetivo.
Por ello, sorprende que del ejercicio 2015 hayan quedado fuera de la fiscalización empresas y entes públicos que siempre dieron mucho que hablar, como Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz y la que fue cueva de Alí-babá, Ciegsa; o empresas tan relevantes en la gestión de ayudas públicas como el Servef y el Ivace; o las fundaciones públicas –Fisabio, Jaume II el Just...–, cuya idiosincrasia jurídica despierta sospechas fundadas en la experiencia de los últimos años. Todas las fundaciones deberían ser fiscalizadas cada año.
Tampoco parece lógico que la Sindicatura de Comptes no analice a fondo a las dos empresas en liquidación de la antigua RTVV, el ente y la SAU, que están en manos de unos liquidadores que no son empleados públicos. Unos liquidadores acuden de vez en cuando, si les llaman, a Les Corts para quejarse de lo complicado que es liquidar –va para tres años que está en marcha el proceso–, sin que nadie se pregunte si no será que lo están haciendo mal. Y algo mal deben de estar haciendo cuando ni siquiera han presentado las cuentas anuales al Síndic, como era su obligación hacer antes del 30 de junio, y en el caso de la SAU tampoco el informe de auditoría, que el año anterior tuvo cuatro salvedades y un párrafo de énfasis. Sin cuentas, sin auditoría y sin informe de la Sindicatura, procede que Les Corts llamen a estos profesionales que cobran un dinero al mes –no mucho, quizás sea eso– para que den cuenta de cómo va el proceso y expliquen por qué no cumplen con su obligación de rendir cuentas.
La ausencia de auditorías específicas no es una cuestión de ahora, siempre ha sido así. La Sindicatura de Comptes decide a principios de año qué parte del sector público analiza en profundidad, sin injerencias de Les Corts ni del Consell. Las sugerencias o peticiones de la Cámara autonómica, ante la que responde el Síndic, se aceptan en su caso como informes aparte.
Si bien es cierto que el número de fundaciones, entes, empresas y consorcios analizados en esta ocasión es el mismo que el ejercicio anterior, son menos que hace tres o cuatro años y se echa de menos cierta continuidad respecto a empresas que han resultado polémicas.
Así ocurrió con Circuito del Motor. El informe de la Sindicatura sobre la compra de Valmor Sports y su fusión con Circuito del Motor en 2011 motivó la denuncia que dio pie al llamado caso Valmor, en el que están imputados Francisco Camps, Lola Johnson y Jorge Martínez Aspar. Pues bien, la Sindicatura sacó a partir de 2012 a Circuito del Motor de la lista de empresas con fiscalización específica.
Alegaba el anterior Síndic, Rafael Vicente Queralt, y corrobora su sucesor que la Sindicatura no tiene medios humanos para fiscalizar todo cada año, por lo que tiene unas entidades fijas que nunca escapan –Cacsa, Ferrocarrils, IVF...– y otras que se van alternando, unos años sí y otros no. La lista se publica en enero, cuando el ejercicio ya está terminado, por lo que los gestores de las sociedades del sector público no pueden saber si les va a tocar.
Esta aleatoriedad lleva a que presuntos pufos como los de Eresa y Out Log en el Hospital General o los del Provincial de Castellón se detecten y envíen al Tribunal de Cuentas cinco o diez años después de firmados.
En definitiva, que la Sindicatura de Comptes hace lo que puede con un presupuesto (2016) de 6,7 millones de euros para fiscalizar el de la Generalitat –17.700 millones– pero podría hacer mucho más si se aumentase la dotación y por tanto el personal. En 2017, Cucarella tendrá un 7,8% más de fondos. A ver si se nota.
Dice Mónica Oltra que la dimisión de la secretaria autonómica de Servicios Sociales Sandra Casas no tiene nada que ver con la denuncia del PP de "flagrante incompatibilidad y evidente conflicto de intereses" entre el cargo que ocupaba la número dos de su Conselleria, resolviendo expedientes de dependencia, y su anterior trabajo en un despacho de abogados especializado en presentar reclamaciones de dependencia, según publicó El Mundo.
Asegura que Casas –ya quisiera Mònica Cucarella que la vicepresidenta la hubiese defendido igual– pidió dejar el cargo hace dos meses, pero el caso es que se va justo cuando la acusan de haberse saltado la legislación sobre incompatibilidades. Si el cese no es precipitado, será que Oltra y Casas estaban esperando el momento adecuado para soltar la bomba, por ejemplo, el día que Ximo Puig pronunciaba su discurso de fin de año.
¡Feliz 2017!
