Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Un impuesto turístico en la Comunitat Valenciana de unos dos euros por día y persona no implicaría una menor recepción de turistas. Esta es la conclusión del documento 'Sobre la aplicación de un impuesto turístico en el País Valenciano', elaborado por Asensi Descalç, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de Valencia, e impulsado por la Fundación Nexe.
Descalç presentó este miércoles en el Centre Octubre las reflexiones realizadas acerca de la mal llamada 'tasa turística', presentación a la que también asistieron para debatir sobre el impuesto Isabel Lozano, concejal del Ayuntamiento de Valencia, Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria de Valencia y Vicent Ferrer, vicepresidente de la patronal hotelera Hosbec.
¿Es necesario un impuesto? La conclusión es que sí. En el informe se apunta a las infraestructuras necesarias para los turistas, los efectos sobre el paisaje, la concentración y residuos que provoca, además del incremento de costes de servicios públicos no asumidos por el sector, como la necesidad de más seguridad. No obstante, también recalca las externalidades positivas que supone en zonas de despoblación, donde el turismo rural contribuye a que mantener la actividad en la zona.
Descalç señaló que utilizar las pernotaciones por persona y noche como unidad de medida es simplemente una fórmula de contabilización, pero deja la puerta abierta a plantear otras medidas de unidad que tengan mayores ventajas. "No quiere decir que se esté grabando las noches ni a los hoteleros, sino a los turistas a través de una variable fácil de contabilizar", apuntaba.
Esto justificaría que el impuesto fuera del mismo importe, independientemente del tipo de alojamiento, ya sea un hotel de lujo o un camping. De hecho, solo contemplaría una excepción o una reducción del impuesto para los turistas que optaran por establecimientos considerados alojamientos rurales. "Por la naturaleza de los problemas que acabamos de comentar, ¿crea más problemas un hotel de lujo que una pensión?", señalaba. El informe también menciona la importancia de gravar a los cruceristas.
Especial incidencia hacía en las viviendas turísticas y apuntaba a la posibilidad de que la tasa se utilizara como una medio para ayudar a aflorar las rentas de capital inmobiliario. "Son alojamientos que generar fuertes diseconomías externas en forma de cambios de vida de barrios enteros", recalcaba. Para ello, proponía la colaboración con plataformas como Airbnb.
Para justificar que este impuesto no afectaría a la demanda de destino, el profesor de Economía Aplicada apuntaba al presupuesto diario del turista. Según datos de agosto de 2017, éste fue de 116 euros en España y 92 euros en la Comunitat Valenciana. Esta cifra supondría un 2% del presupuesto, por lo que considera que no sería significativo. "La demanda turística es multidimensional. La gente busca una experiencia turística, no una cama", apuntaba Descalç.
El documento recoge que, aunque la demanda no es sensible a los precios, si lo es a las evoluciones de otras variables como la crisis económica interna del país o acontecimientos políticos externos que alteran el mercado turístico en el mediterráneo. También recoge la nula influencia que ha tenido el impuesto en la recepción de turistas en Cataluña y Baleares, donde el impuesto no solo no ha afectado a la demanda de alojamiento, sino que el precio ha seguido incrementándose. "Debe separarse el cobro del impuesto del pago de la habitación. Cuando uno paga el impuesto se da cuenta de que vale lo mismo que dos cervezas", señalaba.
Una vez recogidos, ¿qué hacer con los ingresos? Descalç lo tiene claro. "No necesariamente han de ir destinados a un programa ligado al turismo y el sector no nos debe de decir en qué gastarlos", señalaba. "Ha de decidirlo el Gobierno e ir a la caja general", recalcaba, aunque sí proponía incentivar otro tipo de turismo, como el rural, pero no dar subvenciones al sector en general que pudieran crear distorsiones.
Ante esta exposición, Vicent Ferrer, presidente de Hosbec, insistió en la posición contraria a la "tasa turistica" porque "esta historia no es la solución a todos los problemas que se están generando". "La tasa solo provocará más problemas, sobre todo de equidad", lamentaba. "El impuesto es muy fácil generarlo y cobrarlo a los hoteles, pero es más difícil a los apartamentos turísticos, quienes están generando estos problemas".
"No estáis cargando con la responsabilidad y la obligación de repercutir un euro más por día a nuestro cliente", señalaba. "No os podéis imaginar las bofetadas que nos pegamos por un euro. Os reto a que académicamente hagáis un estudio de la elasticidad previa, por los menos a los de Benidorm", insistía. "Es muy importante la restricción presupuestaria de nuestra clientela. Competimos con muchos destinos alternativos y si ponemos una tasa turística se irán a otros lugares".
Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria de Valencia, coincidía con la idoneidad de un impuesto pero no con llevarlo al "cajón común". "No todos los impuestos son recaudadores, también hay para reconducir conductas", recordaba. "Se trata de que el ciudadano no pague lo que se ocasiona por el turista". Díaz insistía en la necesidad de no demonizar el impuesto y establecer un diálogo con el sector e insistía en la importancia de establecer ya un impuesto propio y no dejar que se adelante el Estado. "No perdamos la oportunidad con consenso", recalcaba. "Tenemos que generar una cultura tributaria. Haremos que tributar sea un orgullo para los valencianos", prometía.
Isabel Lozano, concejal del Ayuntamiento de Valencia, se declaraba a favor del impuesto, tal y como recogía Compromís en su programa electoral. "El turismo está creciendo en la Comunitat Valenciana, está creciendo en nuestra ciudad y aporta muchos beneficios pero hay que controlar el gasto que genera y los efectos colaterales", reconocía. "Es un círculo virtuoso. Mejores infraestructuras, jardines, viviendas, y una oferta mejor para los visitantes", señalaba.
Lozano se acogía al argumento de la oportunidad que puede suponer vía fiscal para controlar a los apartamentos. "El tema del consenso y el diálogo con el sector es fundamental, pero con un matiz. Hemos de tomar una decisión fundamentalmente política, como hemos hecho con otros impuestos o temas tributarios, pero no creo que sea totalmente necesario el visto bueno del sector turístico y hemos de ser valientes", reconocía. "Es una decisión política que ha de velar por el interés general".
