Panorámica de Benidorm. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA (*). El año que comienza volverá a ser determinante en el futuro de grandes empresas públicas y privadas de la Comunitat como Ford Almussafes. el Puerto de Valencia, Feria Valencia, IFA o Mercadona. La planta automovilística acaba el año con la misma incertidumbre sobre su futuro que lo empezó, mientras que para las instituciones feriales valenciana y alicantina parece que sí debe ser el año -después de un lustro- de clarificar su futuro. No obstante, quien se la juega de verdad en 2020 es el Puerto de Valencia, ya que las decisiones que se tomen respecto a su ampliación serán probablemente irreversibles.
Además, en 2020 se celebrará el juicio a los responsables de la quiebra de Banco de Valencia, ocho años después, veremos la repercusión del Brexit y la industria cerámica tendrá que lidiar con la regulación del gas y la cogeneración que decida el nuevo Gobierno de Sánchez e Iglesias.
El Puerto de Valencia continuará en 2020 tratando de asegurar su última y definitiva gran ampliación, que en 2019 ha visto como se multiplican los opositores, incluido el alcalde de València, Joan Ribó. La nueva terminal le permitirá duplicar su capacidad total actual, estimada en 7,5 millones de TEU —unidad de medida para un contenedor de veinte pies— gracias a su explanada de 140 hectáreas y nada menos que dos kilómetros de muelle. Sin embargo, los previsibles impactos sobre el entorno ha devuelto al primer plano la siempre latente tensión entre los intereses del Puerto y los de la ciudad y su entorno.
La determinación de la Autoridad Portuaria de Valencia, que preside Aurelio Martínez, choca con la movilización de plataformas ciudadanas y colectivos de expertos críticos —arquitectos, ingenieros, economistas...— que exigen una moratoria para abrir un debate más amplio y profundo del balance entre costes y beneficios. Un conflicto que se resume si el Puerto está obligado a obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ejecutar esta segunda fase, tal y como solicita el consistorio, debido a que el proyecto original para el que se concedió ha cambiado.
Ante la falta de avances en el rescate de la concesión del Hospital de Dénia, anunciada en reiteradas ocasiones, el Gobierno del Botànic debe decidir a lo largo de este año si rescata el Hospital de Torrevieja, que gestiona Vinalopó Salud, del grupo sanitario Ribera Salud, y cuya concesión vence en octubre de 2021. Y la decisión debería adoptarse lo más pronto posible, de acuerdo con los pasos que se siguieron con el área de Salud de la Ribera, que se comunicó con un año de antelación; es decir, el rescate debe acordarse en octubre de 2020. Por el momento, la Conselleria de Sanidad no ha tomado ninguna decisión al respecto. La titular del departamento, Ana Barceló, declaró a Plaza el pasado noviembre que la reversión no tenía vuelta atrás y que Torrevieja pasaría al sistema público. Y mientras el PSOE sigue adoptar ninguna decisión, el otro socio, Compromís, ya ha reiterado en varias ocasiones que no hay alternativa -ante una hipotética prórroga de cinco años- y que el rescate de Torrevieja forma parte de los acuerdos del Botànic II.
Una fuente de buenas noticias económicas para la Comunitat Valenciana en el último lustro ha sido el sector inmobiliario, con tasas de crecimiento anual cercanas a los dos dígitos hasta 2019 sobre todo en la provincia de Alicante, y gracias en buena medida a la segunda mano (el 85% de las operaciones) y el comprador extranjero (entre el 45 y el 50% de las transacciones). Sin embargo, a lo largo del año que acaba de terminar se ha empezado a notar un cambio de ciclo cuyo alcance real se revelará en 2020. Los datos del cierre del año y el primer trimestre del nuevo evidenciarán si realmente hay un cambio de ciclo y la actividad se empieza a contraer, o por contra se trata, como apunta el Colegio de Administradores de la Propiedad Inmobiliaria (API), de una estabilización.
El sector turístico valenciano, especialmente en la Costa Blanca, lleva dos años preparándose para el Brexit, cuando aún no se sabía si iba a ser pactado o unilateral. Finalmente, la desconexión será efectiva este mes de marzo, tras una de las mejores temporadas turísticas recientes en las que el contingente británico ha tenido, como siempre, mucho que ver. La patronal hotelera Hosbec confía en que el impacto sea mínimo y los turistas británicos sigan llegando, pero en cualquier caso, la Generalitat ha puesto en marcha una intensa campaña de promoción en el mercado de origen apoyada por el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y el sector privado.
Si todo sale según lo previsto, el rescate de la Institución Ferial Alicantina (IFA) por parte de la Generalitat llegará a su fin pocos días después de que empiece el nuevo año. El área de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tiene que asumir el patrimonio inmobiliario y los terrenos de la institución, que es la última parte que queda para poder culminar el rescate. Y el informe de valoración que lo hará posible está previsto que esté listo el próximo mes de enero. A partir de ahí, y presumiblemente con un modelo de gestión mixto, IFA podrá empezar por fin con la urbanización pendiente de su entorno.
En pleno auge del turismo residencial, la planta hotelera de Benidorm se prepara para crecer con nuevas propuestas que deben empezar a concretarse este año, y que supondrán una importante inversión tanto por parte de cadenas locales como internacionales. Así, el presidente de Hosbec y propietario de Port Hotels, Toni Mayor, en plena fase de expansión de su imperio hotelero (tras saltar a Alicante, Elche y València e introducirse en el segmento urbano) se prepara para poner en pie el hotel más alto de la ciudad de los rascacielos, con una inversión de 50 millones de euros. Su predecesor en el cargo patronal, Pere Joan Devesa, también ultima la construcción de un nuevo complejo del grupo Poseidón que debe culminar este año su tramitación para empezar las obras en 2021. Y falta que se concrete el anunciado anhelo de la mallorquina RIU de levantar un hotel de 450 habitaciones en la zona de Poniente.
El Consell busca gestor privado para Feria ValenciaEl año que acaba de comenzar puede ser el de la reestructuración definitiva de Feria Valencia. Tras más de tres años de parálisis del plan pactado entre el Consell y el Ayuntamiento para asumir la deuda y externalizar la gestión, el fracaso en la operación para renovar la presidencia ha servido de detonante para despejar el futuro del recinto. En diciembre se aceleraron las gestiones para culminar por fin la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat, que como compensación recibirá la titularidad de la concesión tras el visto bueno del Ayuntamiento. Tras ello, el Consell convocará un proceso para dejar la gestión en manos de un operador privado que, si se cumplen los nuevos plazos, podría explotar el negocio desde este mismo año.
Ford Almussafes, a la espera de conocer posibles ajustes Loa vaivenes en el sector de la automoción marcarán la agenda de la planta de Ford en Almussafes. La irrupción del vehículo eléctrico y las nuevas formas de movilidad vislumbran un escenario de incertidumbre en la factoría que este año ya ha sufrido las primeras sacudidas. A la caída por tercer año consecutivo de la producción, se suma el desmantelamiento de la planta de motores y el cuarto Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del año en vehículos y el quinto en motores. Ahora todas las miradas están puestas en la acogida que tendrá el nuevo modelo Kuga y los efectos que tendrá en la factoría valenciana.
Pero, además, se está a la espera de conocer los planes de Ford Europa para la fábrica valenciana, de los que ya ha adelantado un recorte en los turnos. Unas decisiones enmarcadas en el plan de reestructuración que la compañía ha emprendido en Europa y que han tenido consecuencias nefastas en algunas ciudades como el cierre de tres plantas en Rusia y en la localidad inglesa de Bridgend y recortes de 5.000 empleos en Colonia, Saarlouis y Aquisgrán. El presidente de Ford Europa, Stuart Rowley, tiene previsto supervisar la planta a principios de año, una visita que podría disipar las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro de Almussafes que podría librarse, o no, de los ajustes de la firma. 2020 será un año decisivo.
Salvo que los plazos se dilaten aún más, 2020 será el año en el que se celebre el principal juicio por la quiebra de Banco de Valencia. Ocho años después del rescate y posterior venta a CaixaBank del centenario bastión financiero de la burguesía local, el consejo de administración de la entidad se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz dictó a finales de 2019 el auto de procedimiento abreviado que deja a las puertas del juicio al presidente, el consejero delegado, los dos ex vicepresidentes y el resto del consejo de administración ante los indicios de delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de 2009 y 2010. Fuentes del caso dan por seguro que al menos transcurrirá otro año más hasta que se celebre la vista, de modo que podría fijarse para el próximo invierno.
Hasta 2.000 millones de euros prevé invertir el empresario naviero Vicente Boluda en comprar empresas este año. El también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) desveló a finales de año que tiene seis empresas a tiro, todas ellas firmas de remolcadores que operan en puertos europeos. Boluda confía en cerrar la compra de varias de ellas a lo largo de 2020 para reforzar su posicionamiento y convertirse en uno de los amos de este negocio en Europa. De esta manera, la compañía valenciana busca ganar volumen ante un ejercicio que se prevé intenso en operaciones entre empresas del sector.
2019 ha sido el año de las inversiones para Juan Roig, presidente de Mercadona. Y es que la compañía ha destinado 2.300 millones de euros a inversiones para mejorar sus supermercados, abrir diez tiendas en Portugal, implantar el 'Listo para comer' en 250 y extender el nuevo modelo de venta online a Barcelona y Madrid. Este esfuerzo, con el que busca hacer más rentables las tiendas ya existentes, debería dar sus frutos en los resultados de los próximos años. ¿Funcionará como esperan la entrada en Portugal, el 'Listo para comer' y el nuevo sistema de venta online?
La cerámica castellonense, tercera industria que mayor superávit aporta a la balanza comercial de España, con ventas totales que en 2018 rondaron los 3.600 millones de euros, tiene en el 2020 uno de sus años más determinantes para su futuro inmediato en lo que concierne a la energía. Con una sobredependencia del gas natural -que llega a superar el 50% del coste total de la materia prima usada por el sector- y la falta de un nuevo marco regulatorio que permita prorrogar la vida útil de las plantas de cogeneración –lo que posibilita el aprovechamiento energético del calor acumulado en las fábricas- la industria azulejera y sectores afines esperan que se dé respuesta a unas reivindicaciones que pasan, de manera especial, por bajar el precio de los peajes del gas en España, mucho más elevado que lo pagan los competidores internacionales.
Pero en esta reclamación la patronal cerámica Ascer, que concentra más del 90% de la producción nacional en la provincia de Castellón y emplea a más de 15.500 trabajadores de manera directa, cuenta con otros aliados de la industria española a los que une la elevada demanda de gas y que ha permitido conformar un lobby de presión formado por once asociaciones empresariales. Este grupo confía en que se dé curso a las alegaciones presentadas a la última circular de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC), que corrigió su criterio inicial de amparo a estos sectores para ceder, finalmente, a los postulados que defienden las gasísticas, un sector que se ha visto sobrerretribuido desde hace casi dos décadas en detrimento de la industria consumidora, como son las azulejeras o las esmalteras. Así, 2020 se presenta como un periodo determinante para conocer el futuro grado de afección que tendrán los costes energéticos en un sector que, a día de hoy, no conoce más alternativa posible que el gas para seguir produciendo.
Por otro lado, las plantas de cogeneración continúan agotando su vida útil sin que se dé una regulación clara y permanente que certifique el futuro del sector. En apenas dos años, casi una decena de ellas alcanzarán el tope de su vigencia de la treintena que actualmente existen en la provincia de Castelló. En 2020 se cumplirán los dos años de moratoria que el Consejo de Ministros acordó en diciembre del 2018. De ahí la importancia de unos meses sobre los que dependerá buena parte del futuro inmediato del sector.
Un año más, sigue si resolverse la incógnita de Puerto Mediterráneo, el macro centro comercial y de ocio proyectado en Paterna por la multinacional británica Intu que recibió en 2016 el rechazo de la Generalitat por, principalmente, no guardar la distancia suficiente con las carreteras colindantes. La multinacional cambió el nombre y readaptó el proyecto, rebautizándolo como Intu Mediterrani, pero en 2019 se jugaba su futuro en dos campos de batalla, además del administrativo: el judicial, dado que recurrió el rechazo de 2016 con un Contencioso Administrativo; y el electoral, puesto que un cambio de equilibrios tras las elecciones autonómicas de este año podría facilitar su desarrollo. El electoral lo 'perdió', al repetir en el Consell la izquierda, ahora con Unides Podem, pero el judicial lo ganó, al anularse la resolución que tumbaba su primer proyecto. La sentencia fue recurrida por la Generalitat, por lo que en 2020 podría haber una nueva resolución judicial.
*Información elaborada por Xavi Moret, Begoña Torres, Ángel Báez, Estefanía Pastor, David Martínez y Miquel González
