Esta columna debería versar sobre los resultados de la encuesta que Alicante Plaza y Valencia Plaza publican este domingo sobre la intención de voto de los vecinos de las dos capitales si hoy se celebrasen elecciones municipales. Pero habrá más entregas del sondeo, no menos interesantes –¿A quién prefieren los valencianos de candidato del PP, a González Pons o Català? ¿Y del PSPV? ¿Qué opinan los alicantinos de la gestión de Echávarri?–, así que lo dejo para la semana que viene y me centro en algo que tenía pendiente y que no deja de estar de actualidad: la transparencia.
Esta semana hemos recordado que en Les Corts hay una especie de comisión de secretos oficiales que, a diferencia de la del Congreso, no trata de asuntos de defensa nacional, sino de 'qué hay de lo suyo', de sueldos de los diputados, dietas y asignaciones económicas a los grupos. Se llama Comisión de Gobierno Interior, y, a diferencia del resto de comisiones de Les Corts, sus sesiones y trabajos "serán secretas en todo caso". De ellas se levantará acta, "cuyo único ejemplar será custodiado por su presidente o presidenta, pudiendo ser consultado por los diputados o diputadas respectivos, previo acuerdo de la correspondiente Mesa" (Reglamento de Les Corts).
Esta es la comisión que, según revelaron Abc y Levante, acordó el otro día que los grupos parlamentarios no tengan que hacer público en qué se gastan los 3,3 millones de euros que reciben cada año para desarrollar su actividad parlamentaria, entre la que destaca la creación de organismos para garantizar la transparencia. El último, de momento, es la Comisión Interdepartamental para la Prevención de las Irregularidades, que se suma a la Intervención General de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, el Consell de Transparència, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y, como no, la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz.
Y luego uno pide saber en qué se gastan el dinero los grupos parlamentarios y resulta que es secreto, o le pasa como a nuestra compañera Estefanía Pastor, que decidió comprobar si era cierto lo de la transparencia y lleva más de un año peleando con Sanidad para que le enseñe el expediente de nombramiento de Germán Temprano. O, por poner otro ejemplo, lo de Cacsa, Avanqua, el Àgora y La Caixa.
El sustancioso informe de Cacsa
El pasado 22 de diciembre era un día poco intenso desde el punto de vista informativo, más allá del sorteo de la Lotería de Navidad. No obstante, a Mónica Oltra le pareció que no había que dar más trabajo a los periodistas y decidió omitir en la rueda de prensa de los viernes –y en el dossier de prensa– que el Pleno del Consell había aprobado una reducción de capital de 295 millones de euros en una de las empresas públicas que más crónicas del despilfarro han protagonizado: Ciudad de las Artes y las Ciencias SA, más conocida como Cacsa. Según explicó Oltra al ser preguntada al respecto por Valencia Plaza un mes después, no informó para no "confundir" ni "agotar la paciencia" de los periodistas. Pues gracias, pero la próxima vez que no quiera agotar la paciencia, quite un poco de paja de su comparecencia y deje el grano.
Como el periodismo consiste en publicar aquello que alguien no quiere que publiques y lo demás son relaciones públicas, según la feliz frase de origen incierto, los periodistas vamos desarrollando un sistema de alertas en cuanto nos damos cuenta, nada más empezar en esto, de que a veces vas a buscar algo aparentemente irrelevante y alguien trata de ocultarlo. No será el caso, por supuesto, de la reducción de capital de casi 300 millones en Cacsa, de la que nos enteramos gracias a que es obligatorio publicarla en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Es, sin duda, una operación necesaria en una empresa al borde de la quiebra que la Generalitat mantiene con respiración asistida –léase inyecciones de dinero–, antes con el PP y ahora con el Govern del Botànic. Pero al fallar la transparencia, uno no tenía más remedio que rebuscar entre los papeles. Por ejemplo, a ver qué dice el Síndic de todo esto.
El informe de la Sindicatura de Comptes sobre las cuentas de la Generalitat de 2016, el primero de un año completo del Gobierno de Ximo Puig, fue publicado con navideñosidad y alevosía, con Les Corts ya de vacaciones, el viernes 29 de diciembre a las 13h, víspera del puente de fin de año en el que, lógicamente, las chapuzas del Consell pasaron tan inadvertidas para el gran público como cuando, con el PP en el Consell, se publicaban el día de la Lotería.
Allí fue uno a bucear el informe sobre Cacsa y, ¡sorpresa!, no había informe sobre Cacsa. Por primera vez en la larga y sustanciosa historia de esta empresa pública, la Sindicatura de Comptes decidió no emitir informe sobre sus cuentas, sus contratos y sus pactos. No hay informe sobre el ejercicio de 2016, que la sociedad cerró con casi 600 millones de euros de deuda y unas pérdidas de 14 millones, aunque el auditor dice que hay que apuntar 54 millones más.
Eso significa que no hay informe sobre el acuerdo extrajudicial con Parque Reunidos del que solo conocemos una nota de prensa; no hay fiscalización de la modificación sustancial del contrato de Cacsa con Avanqua, gestora del Oceanogràfic, para devolver el Àgora, según un acuerdo del que apenas sabemos nada; ni sobre el coste real de la reanudación de las obras en el Àgora –siempre supimos cuánto nos sobrecostó la Ciudad de las Artes y las Ciencias gracias al seguimiento detallado de la Sindicatura–; ni valoración sobre la cesión, gratis total, del Àgora a La Caixa para montar un CaixaForum.
Es verdad que algunos de estos hechos son de principios de 2017, pero ya estarían recogidos en el informe de 2016 de haberse emitido. La Sindicatura, que había reducido el número de fundaciones y empresas de la Generalitat fiscalizadas, sí prevé en el informe que publicará en diciembre –ejercicio 2017– volver a fiscalizar a Cacsa. Estaremos atentos en la medida en que los silencios del Consell nos obliguen a ello.
La Unió de Periodistes se achanta
La presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, anunció este sábado que la asociación profesional ya no va a pedir la suspensión cautelar de la convocatoria de las bolsas de trabajo en À Punt, incumpliendo de forma flagrante el mandato aprobado en una asamblea extraordinaria convocada al efecto.
Lo insólito de este respaldo a la política de hechos consumados de Empar Marco son los motivos, a saber: que À Punt ya ha contratado a un centenar de profesionales –a través de las bolsas impugnadas– y la Unió no quiere "poner en peligro el trabajo de las personas ya contratadas". A los que se han quedado fuera o a la cola de esas bolsas que, según la Unió, están mal hechas, que les den morcilla. Más insólito aún es que la organización mantiene el recurso contra las bolsas, lo que pone en peligro no solo el trabajo de las personas ya contratadas, sino también el de las que contraten hasta que haya sentencia, en caso de ser favorable.
Si vamos a permitir que los extrabajadores se salgan con la suya –lo digo en primera persona, como miembro de la Unió de Periodistes–, lo mejor es retirar el recurso y evitar más sinsabores. A fin de cuentas, ¿con qué legitimidad vamos exigir a À Punt que cumpla sus normas si no somos capaces de cumplir las nuestras?
