El pacto para el Consejo de À Punt bloquea ahora la renovación del resto de órganos estatutarios

VALÈNCIA. El Partido Popular y Vox cerraron el último pleno del año 2024 nombrando a los siete nuevos miembros del Consejo de Administración de À Punt. Exactamente, la totalidad de los representantes que les correspondía designar a los partidos de Les Corts, tal y como marca la ley. El acuerdo entre los que fueran socios del Consell hace apenas medio año dejaba por tanto en manos de las formaciones de derecha el control absoluto de la radiotelevisión valenciana, dado que este órgano de dirección lo integrarán ocho personas, de las cuales cinco son a propuesta de los populares y otras dos de los voxistas. El restante lo nombrará la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), presidida por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, del partido de Carlos Mazón. 

El pacto, en cierto modo, fue auspiciado por la izquierda que integran PSPV y Compromís, dado que fueron quienes decidieron borrarse de las negociaciones al considerar que iban a tener una representación testimonial en el órgano. También justificaron su no participación en las negociaciones en que el momento elegido para renovar a los consejeros o no era el adecuado, en plena postdana y a escasos días de expirar el año. Reprocharon las "prisas" de los populares (pues a ellos se les atribuye las riendas de las negociaciones) por dar carpetazo a este asunto que, en realidad, llevaba bloqueado desde marzo que se reformó la normativa. 

En cualquier caso, el resultado de todo esto dejó un sabor amargo a socialistas y valencianistas, pues quedaron fuera de todo órgano de decisión de la cadena. Un plato difícil de digerir y por lo que, ahora, aseguran que no están dispuestos a sentarse a negociar el resto de órganos que quedaban pendientes de renovar junto al Consejo de Administración de la radiotelevisión valenciana. Es el caso del Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura o el Consejo de Transparencia. Algunos de ellos llevan casi tantos años en funciones como años duraba su mandato. Otros, incluso más. 

En el caso de este último, los consejeros fueron designados en diciembre de 2015 y su mandato finalizó en 2020, cinco años después. Desde entonces, están en funciones y han reclamado en diferentes ocasiones que se reactiven los contactos entre los partidos para poder dejar el cargo. Cabe señalar que algunos están jubilados de sus profesiones y su intención dejar el puesto que ocupan. 

También la Sindicatura de Comptes tiene a sus síndicos en situación de interinidad desde 2022. Este verano cumplirán tres años en esa tesitura. Su situación es si cabe más grave, dado que uno de sus miembros, Marcela Miró, falleció este pasado verano, por lo que el órgano apenas está funcionando con dos síndicos en activo: su Síndic Major, Vicente Cucarella, y Antonio Mira-Perceval. 

En el caso del Consell Jurídic Consultiu la mitad del órgano debía haberse renovado en el último trimestre de 2021 y la segunda mitad, en el de 2022. Sin embargo, durante el mandato del Botànic, los grupos parlamentarios acordaron hacer una renovación al completo de todos los consejeros para acompasar los cambios de todos los miembros y no hacerlo por mitades. 

Sin embargo, la legislatura pasada acabó sin acuerdo porque el PP no quiso participar en las negociaciones, dado que se encontraba a las puertas de las elecciones, con las encuestas al alza, por lo que prefirió retomar las negociaciones después de los comicios para lograr una mayor representación en el Jurídic frente al único nombramiento que se les planteaba entonces. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el PSPV y Compromís designaron in extremis a dos consejeros: Javier de Lucas, por parte de los primeros, y Fernanda Lapresta, por los segundos. El resto de integrantes, no obstante, quedan por renovar. Entre ellas, su presidenta Margarita Soler. 

Conviene apuntar que, con todo, con la oposición rechazando ahora participar en cualquier negociación para desatascar las renovaciones de órganos estatutarios en funciones, el PP no podrá realizar ningún cambio, pues las normativas que rigen cada una de estas instituciones obligan a que los nombramientos de sus integrantes se realicen por mayoría de tres quintas partes de la Cámara e, incluso, por dos tercios en el caso del Consell Valencià de Cultura (CVC).

Una decisión que los populares entienden como una maniobra de la izquierda para no perder representación en los citados órganos. Al menos, en el caso de Compromís, quien al haber perdido representación en Les Corts desde las elecciones de 2015, le corresponderían menos designaciones de las que realizó en su día cuando tocó renovar a los integrantes de los distintos entes. A los socialistas, sin embargo, les ocurriría todo lo contrario: con mayor número de diputados en el Parlamento (ahora tienen 31 diputados frente a los 27 que obtuvo en los comicios de 2019 y los 23 que sacó en 2015, cuando se produjo un cambio de gobierno de la Generalitat), también verían mejorada su participación en el Jurídic, la Sindicatura de Comptes o el propio Consejo de Transparencia.