Los tres líderes del tripartito, Echávarri, Pavón y Bellido. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Tripartito, 1; oposición, 1. Ese es, a grandes rasgos, el resultado actual del partido político que se disputa en el Ayuntamiento de Alicante, aun a riesgo de banalizar dos asuntos de tanta trascendencia como los presupuestos municipales de este año o el documento que iba a servir de punto de partida para la redacción de un nuevo Plan General Estructural: uno capaz de sustituir al PGOU aprobado hace 30 años, tras el fallido intento impulsado por el PP, salpicado por Brugal.
Lo cierto es que PSOE, Guanyar y Compromís sí lograron en marzo el apoyo implícito (se abstuvieron) de los dos concejales no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte, a su propuesta de planificación económica para 2017 (después de superar un conato de ruptura y un envite de la asamblea de Guanyar); pero, este jueves, no contaron con su beneplácito para poder aprobar el catálogo de protecciones. Los dos tránsfugas se alinearon con PP y C's y votaron en contra por el temor a que el Ayuntamiento -y también ellos mismos a título personal- quedase expuesto a posibles reclamaciones económicas por parte de promotores y propietarios de suelo que pudiesen considerarse afectados por esa catalogación. Todo, pese a que hasta el informe jurídico de la Secretaría General deja claro que el catálogo no puede clasificar ni calificar suelo.
Es innegable que el resultado de la votación refleja una derrota. Y, al menos a juicio de las palabras de Belmonte, podría pensarse que podía haberse evitado. Si su compromiso era real, hubiese bastado con retirar la propuesta del orden del día del pleno, aportar los informes jurídicos que la no adscrita reclamaba y volver a llevarla a una próxima sesión. Siempre que la posición de Belmonte hubiese sido sincera, el catálogo habría quedado aprobado.
Es cierto que eso implicaba ceder a las pretensiones de una concejal expulsada del Gobierno por una pérdida de confianza y que también conllevaba tener la garantía de que se podían redactar esos informes jurídicos. Lo primero, resultaba estéticamente incómodo: ponía el foco en la posición de debilidad del Gobierno por su cesión ante una edil denostada como tránsfuga. Lo segundo, aún siendo viable (por lo general, en la mayoría de supuestos los informes jurídicos pueden argumentarse en un sentido o en otro), no garantizaba nada: al final, si un promotor se considera perjudicado siempre tiene la posibilidad de acudir al juzgado y, digan lo que digan los informes, esa supuesta afección queda a criterio del juez, que es en definitiva quien interpreta y aplica la Ley.
Eso podría explicar la obstinación del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en mantener la propuesta. El miércoles, ya mantuvo -tras una de sus últimas reuniones con Belmonte-, que esas posibles reclamaciones económicas son siempre subjetivas y que es la justicia a quien compete resolver. De ahí que apostase por seguir fiel a sus planteamientos, pese a que desde las filas del PSOE se le sugiriese antes del pleno que quizá lo conveniente hubiese sido esperar un mes más para que la propuesta se aprobase. Fuentes de Compromís, por su parte, indicaron que hubo varias conversaciones al respecto a lo largo de todo el día, pero que dejaron la decisión en manos de Pavón como titular de la competencia de Urbanismo, sin que se plantease ninguna demanda de aplazamiento por su parte.
En ese supuesto, podría interpretarse que la responsabilidad de la derrota cosechada en la votación fue de Pavón. Pero lo cierto es que el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), estaba facultado para retirar la propuesta por iniciativa propia y no lo hizo. Según las fuentes consultadas, el PSOE abogó por dar un voto de confianza a Guanyar: "Se ha actuado por respeto a las decisiones de un socio de gobierno".
El PSOE llegó a sugerir que la propuesta se dejase sobre la mesa como pedía Belmonte para debatirse en un próximo pleno
¿El resultado va a tener consecuencias? ¿Se van a exigir responsabilidades a Guanyar? En principio, parece descartado. Según fuentes de PSOE y Compromís, después de superar varias vicisitudes, los dos partidos han asumido el documento como propio -es decir, no es el catálogo de Pavón- después de que se hayan incorporado todas las sugerencias y aportaciones que se han planteado. El propio Echávarri reconoció durante su intervención en el pleno el intenso trabajo llevado a cabo por los técnicos municipales durante dos años y la flexibilidad a todas las reflexiones que se han planteado en su elaboración. En los últimos meses, cuesta recordar una muestra pública de unidad de ese calibre por parte de los tres socios. Y resulta significativa, además, si se pone en relación a otro gesto escenificado en el mismo pleno: el voto de PSOE junto a Guanyar a la moción presentada por urgencia para desactivar la comisión sobre el reglamento de Participación ciudadana creada a instancias del PP... con apoyo de los socialistas.
¿Y qué ocurre ahora con el catálogo? A priori, todo apunta a que se volverá a plantear en un próximo pleno. Al menos, esa es la línea que defiende Guanyar. Falta comprobar si se va a introducir algún cambio adicional. Si se va a aportar esos informes solicitados por Belmonte como condición para votar a favor. Y si el Consell va a acordar la suspensión de planeamiento solicitada por el tripartito (limitada a los elementos catalogados) para que ese listado de inmuebles quede preservado.
