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Antonio Mayor, presidente de la patronal hotelera Hosbec

"Si alguien imagina un tráfico gratis en el momento en que se liberalice la AP7, está muy equivocado"

El sector hostelero y el de la construcción coinciden en la importancia de esta vía como “eje vertebrador” que facilita y agiliza el acceso al turismo y cuestionan los planes del Gobierno para liberalizar la autopista

1/02/2019 - 

VALÈNCIA. El sector turístico y el de la construcción coinciden en la importancia estratégica de la AP-7 para las comunicaciones viarias y cuestionan los planes del Gobierno para liberalizar esta autopistas. “Si alguien imagina un tráfico idílico y gratis en el momento en que se liberalice la AP7, está muy equivocado”, ha asegurado Antonio Mayor, el presidente de Hosbec, la asociación hostelera de la Comunidad Valenciana. Y con la misma contundencia se han pronunciado tanto la Cámara de contratistas de la Comunidad Valenciana, que califica de “quimera” e “imposible realidad” la liberalización, tras analizar la inversión pública que haría falta en mantenimiento y la falta de garantías para asumir el trasvase de los tráficos procedentes de otras carreteras.

El turismo deja en la Comunidad Valenciana alrededor 16.000 millones de euros anuales, representa el 14,6% del Producto Interior Bruto de esta región e impulsa la creación de 287.749 empleos, según el Informe Impactur Comunidad Valenciana, presentado hace apenas un mes por el President de la Generalitat, Ximo Puig. Nadie cuestiona, por tanto, la importancia de este sector en la economía de Valencia, Alicante y Castellón. 

Pero cada vez son más sectores los que temen el impacto que la liberalización de la AP-7 puede tener en su día a día. Y es que la AP-7 ha sido y es el principal eje vertebrador de la Comunidad Valenciana, y en el caso de la provincia de Alicante, “la única vía de transporte rápida y segura con la que cuentan la Marina Baixa y la Marina Alta, aunque a muchos les cueste aceptarlo”, según señala el presidente de Hosbec. 

Sobre los efectos de la liberalización de la AP-7 en la movilidad y la seguridad, para turistas y residentes, se pronuncia también en su informe de octubre la Cámara de Contratistas. “La gratuidad de la AP‐7 producirá una migración del tráfico que actualmente circula por las N‐332 y N‐340, hacia la nueva gratuita A‐7 que, a corto plazo, para no colapsarse por un importante incremento de tráfico, debería acometer una ampliación de carriles”, señalan, algo que no está previsto en ningún proyecto conocido ni en los próximos presupuestos. Además alertan del importante desgaste y problemas de mantenimiento que supondrá ese aumento de tráfico, puesto que no serán solo turismos los que circulen por una AP-7 donde no haya que pagar. “Habría que aumentar la capacidad portante de firmes asfálticos, de base y rodadura, debido al incremento de tráfico de camiones y peso por eje, y necesitaría con urgencia nuevas vías conectoras para dar permeabilidad suficiente entre las nacionales y localidades colindantes y la A‐7”. Y nada de esto está previsto hasta la fecha, alertan.   

El presidente de Hosbec y dueño de Port Hotels, Toni Mayor. Foto: EVA MÁÑEZ 

Los hosteleros lo tienen muy claro. En el caso de que finalmente se produzca la liberalización total de la AP-7 “todo el tráfico pesado que ahora se desvía por las autovías del interior hacia Valencia, transitará plácidamente por la actual AP7, así como los vehículos que llegan desde Europa hasta los principales puertos de embarque a Marruecos y Argelia”, señala el presidente de Hosbec, que pone ejemplos muy gráficos sobre grandes vías de circulación con problemas como los que pronostican para la AP-7: “Si alguien quiere hacerse una idea de cómo será esta vía en el futuro, sólo tiene que pasarse por el bypass de Alicante, el de Valencia o el tramo Elche-Murcia para tomar conciencia de lo que vendrá”. 

Todo ello, entienden, no ayudará en nada a la llegada de turistas. “Mientras no se solucionen los enlaces rápidos con el aeropuerto y AVE y unas carreteras modernas para conectar los pueblos de la costa, la AP7 es la única garantía de transporte cómodo, rápido y seguro para llegar a cualquier zona de Las Marinas”, asegura. La solución pasa, en su opinión, por nuevas concesiones con un “sistema de bonificaciones muy ventajoso para residentes y trabajadores que usan esta vía de forma habitual”. “Pero lo que no deseamos es que esta AP7 se convierta en una prolongación de la A7 o A31 con todos sus problemas de tráfico, vehículos pesados, saturación, inseguridad, falta de mantenimiento y accidentes”, añade.

La AP-7 soporta una Intensidad Media Diaria de 18.500 vehículos en las tres provincias, según datos del Ministerio de Fomento. El 22% del tráfico es de vehículos pesados, que corresponden al transporte de mercancías, lo que deja un 78% para la circulación de turismos, es decir, una amplísima mayoría. Si a eso le sumamos que según el último informe de Turisme de la Generalitat, las entradas de turistas a la Comunidad por carretera crecieron un 7,1% sólo el año pasado (el incremento fue del 2,7% en los aeropuertos), la conclusión está clara: las comunicaciones viarias son imprescindibles para la Comunidad valenciana como destino de 8 millones de visitantes cada año.

En esta línea se ha pronunciado también en diferentes ocasiones José Luis Santa Isabel, el presidente de Fecoval, que agrupa a las empresas contratistas de la Administración. “Desde el punto de vista turístico y desarrollo urbanístico, esta vía ha sido la conexión con Europa y ha facilitado el acceso a nuestras costas de la mayor parte del turismo europeo sobre todo alemán, francés, holandés y belga, lo que ha contribuido al desarrollo del turismo y lo ha convertido en uno de los sectores más importantes de nuestra economía”. Recientemente, Santa Isabel aseguraba públicamente que “liberar la AP-7 no es la panacea” y que “si afecta a la economía o al turismo, no nos conviene”.

Tanto la Cámara de Contratistas en el citado informe como el presidente de Fecoval analizan la liberalización de la AP-7 y sus consecuencias tras revisar las inversiones del Estado en nuevas infraestructuras y en mantenimiento de los últimos años. “La realidad nos dice que el Estado difícilmente podrá asumir el costo del mantenimiento de toda su red para garantizar que el estado de la AP-7 sea óptimo, por lo que más pronto que tarde  deberá acudirá a un sistema de pago por uso, como ya tiene numerosos países de la Comunidad Europea”, señala Santa Isabel. La Cámara de Contratistas señala por su parte que “de producirse la reversión” el Ministerio de Fomento “debería asignar a la Comunidad Valenciana 152 millones para un Plan de choque extraordinario de mantenimiento; 66,8 millones anuales para la correcta conservación de la actual red estatal de carreteras en la Comunidad Valenciana; más otros 15,6 millones para conservar en buenas condiciones los kilómetros de la AP-7 heredada”. Y llega a la conclusión de esto es “una quimera”. 

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