SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Pleno de San Vicente ha dado luz verde a la licitación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Un asunto que se ha llevado al pleno del miércoles 28 de octubre y se ha aprobado por 12 votos a favor (PSOE y EU) y 12 abstenciones de los diferentes grupos de la oposición, quienes durante sus intervenciones han remarcado la subida en el gasto con respecto al contrato anterior.
Y es que el presupuesto de licitación es de 50.396.651,84 euros (con el 10% de IVA incluido) para una duración de ocho años, con posibilidad de dos prórrogas. De manera inicial, el presupuesto de contratación asciende a casi 6,3 millones de euros, de los cuales más de 3,3 millones se destinarán a la parte de residuos sólidos urbanos (RSU) y los restantes más de 2,9 millones, a limpieza viaria. Esta cantidad representa un incremento de más de 1,8 millones de euros con respecto al contrato anterior; es decir, un 29% más.
Un encarecimiento que la concejala de Mantenimiento y Servicios, Pilar Alcolea (PSOE), ha justificado a través de ciertas condiciones incluidas en el pliego: "Se solicitará que toda la maquinaria sea nueva, así como la adquisición de nuevos contenedores; se introduce una nueva brigada para la limpieza de entornos de contenedores, la mejora del servicio de baldeo y un nuevo turno de noche que contará con vehículos equipados e insonorizados y se incrementa el importe destinado a trabajos extraordinarios".
El pliego también exige a la futura empresa explotadora de una aplicación para que la ciudadanía pueda comunicar las incidencias que puedan surgir. Y, entre otras de las novedades destacables, se establecerá una recogida puerta a puerta para los comercios para el papel y cartón cinco días a la semana; servicio gratuito de recogida de poda y enseres para la ciudadanía bajo cita previa y la ampliación de la apertura del ecoparque a los domingos.
Ante estas cifras, diversas formaciones políticas han preguntado al equipo de gobierno sobre la obtención de dicha cantidad, a lo que el concejal de Contratación, Jesús Arenas (PSOE), ha respondido que "no es el momento de hablar de ello ahora; estamos con el inicio de la licitación y son las ofertas las que deben de fijar el precio final de este contrato y cómo se va a dar el servicio". Además, ha recordado que el equipo de gobierno acordó que "no se van a subir las tasas".
Otro de los temas estrella dentro de la licitación es la no municipalización del contrato, apartado en el que Ramón Leyda, desde Compromís, ha lamentado que "no se haya convocado una comisión informativa sobre los pros y contras de rescatar para la gestión directa uno de los contratos más cuantiosos del Ayuntamiento y uno de los que resultan menos satisfactorios para los vecinos y vecinas de San Vicente".
Al respecto de la municipalización, el portavoz de Podemos, David Navarro, ha comentado la posibilidad de haber municipalizado uno de los dos servicios, el de limpieza viaria, "pero el PSOE se negó en rotundo a considerar". En esta línea, ha señalado que en 2018 el grupo municipal de Esquerra Unida solicitó un informe para estudiar dicha posibilidad, el cual concluyó "que era viable la municipalización de la limpieza viaria, pero no la recogida de residuos sólidos urbanos. De haberlo hecho así, hubiéramos tenido un ahorro en el coste de 450.000 euros al año en el contrato de limpieza viaria", ha interpretado el concejal.
Ante la mención del estudio encargado por EU, Alberto Beviá ha asegurado que "la filosofía de la formación es la de intentar municipalizar servicios que ahora están externalizados". Sin embargo, ha citado el informe del jefe del servicio, quien advierte que para la prestación de ambos servicios el Consistorio "no dispone ni de los recursos humanos ni de los medios técnicos ni de las habilidades o competencias necesarias para su prestación directa. No deja ninguna ventana abierta, pero desde EU seguiremos insistiendo en municipalizar algunos servicios que se presten a la ciudadanía", ha insistido.
Por su parte, Adrián García, portavoz de Vox, ha recordado la "prórroga forzosa del contrato a pesar de la negativa de la empresa" y la actitud "vigilante" que han adoptado en pro de que se cumplan las demandas de los vecinos y vecinas de la localidad. En este sentido, el edil popular Cristian Gil ha expresado la falta de participación ciudadana en el asunto, pues "las asociaciones vecinales no han podido aportar sugerencias, pese a que son quienes mejor conocen sus necesidades".
Desde Ciudadanos, Mariela Torregrosa ha trasladado las indicaciones del informe de Intervención al respecto del gasto, el cual "superará las previsiones que tenía el Ayuntamiento para los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, sin contar con los efectos de la pandemia en las arcas municipales". Y, además, ha reiterado la propuesta que llevó la formación al pleno de febrero sobre la necesidad de instalar contenedores accesibles, "pero el pliego no lo contempla de forma expresa; solo recoge que un máximo del 10% de los contenedores deben contar con una barra adaptada".
