Puig invita a la Diputación de Alicante a sumarse a la comisión que debe vaciarla de competencias

VALÈNCIA. En el pasado Debate de Política General Podemos anunció su intención de registrar una ley para vaciar de competencias las diputaciones. Una norma que presentaron en solitario a la prensa el pasado 20 de septiembre, pero que de momento siguen sin registrar porque el partido que lidera Antonio Estañ quería que PSPV y Compromís hicieran aportaciones al texto legal durante los tres días siguientes. Transcurrido ese plazo, no obstante, los morados continúan analizando cómo encajar cada colaboración para llegar a una redacción lo más consensuada posible. Pero de tanto estudiar, al final les han adelantado.    

Este martes, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció junto al presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, que de manera "inmediata" se crearán dos comisiones entre ambas instituciones para mejorar la eficiencia en la gestión y evitar duplicidades entre ambas administraciones.

En concreto, habrá una comisión bilateral a la que invitan a la Diputación de Castellón y la Diputación de Alicante a sumarse que servirá para estudiar cómo transferir de la Diputación a la Generalitat competencias que son exclusivas del Gobierno valenciano -como las educativas y sanitarias-; y otra comisión mixta que valdrá para establecer un marco general que permita coordinar actuaciones en los presupuestos del próximo ejercicio. En definitiva, ambas son un primer paso para comenzar con el vaciado de la corporación provincial.

Así, se trataría de analizar las cuestiones técnicas para aplicar lo que, de hecho, ya marca el Estatut de Autonomía. En este sentido, por lo que respecta al presupuesto, la Carta Magna de los valencianos establece en su artículo 66.3 que a los efectos de coordinar las funciones de ambas instituciones "los presupuestos de las diputaciones se unirán a los de la Generalitat". 

De esta manera, aunque el Estado financia a las entidades locales (como es la Diputación) para que desarrollen las competencias que le son propias -como la recogida y tratamiento de residuos y otras recogidas en el artículo 36 de la ley de Bases de Régimen Local (LBRL)- y las que tiene delegadas por el gobierno autonómico que son de interés general de la Comunitat Valenciana, la intención sería que ya en las cuentas de 2019 ambas instituciones se coordinasen para financiar determinados programas y proyectos. 

En cuanto a las competencias, el jefe del Consell señaló que hay leyes que no se están cumpliendo desde hace años como la Ley de General de Sanidad. "Esta norma ya situaba un proceso de arquitectura que pasaba por que finalmente fuesen los servicios autonómicos -la Generalitat- los que recogieran las competencias que tienen las diputaciones en materia de Sanidad", indicó. Una consideración que no cumplen, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico de Bétera o el Hospital Provincial -más conocido como Hospital General Universitario-. El primero es competencia de la Diputación de Valencia y no de la Consellería de Sanidad, y el segundo está participado por ambas administraciones a través de un consorcio. 

Si bien es cierto que la puesta en marcha de estas comisiones no supone la validación inmediata de una ley para vaciar de competencias las diputaciones de las tres provincias como plantea Podemos, sí es un primer paso para caminar en este sentido; al menos en la provincia de Valencia. Con esto, el Gobierno valenciano y, en concreto, los socialistas se adelantan al partido morado en una reivindicación que éstos habían querido abanderar y convertir en su principal campo de batalla de cara al fin de la legislatura.

La ley de Podemos

De momento, se desconoce cuándo registrará el grupo que lidera Estañ la proposición de ley con las aportaciones de sus socios parlamentarios. No en vano, en los últimos días los morados se planteaban incorporar todas las exigencias de los socialistas. O, ciertamente, aceptar el texto propuesto por el PSPV, ya que en lugar de realizar enmiendas a la ley de Podemos, los del puño y la rosa rehicieron la norma por completo. 

Pese a que la esencia de ambas normativas era similar, la redacción de los socialistas no especificaba que se le fueran a quitar a las diputaciones las competencias que son de interés general de la Comunitat Valenciana -Infraestructuras; Turismo; Cultura y Deportes; Educación; Salud y Bienestar Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empleo; Seguridad y Orden Público- para que las asumiera por completo la Generalitat, sino que simplemente dejaba la puerta abierta para que esto pudiera ocurrir. 

Un punto de partida para que las corporaciones provinciales ejecutaran las políticas en estas materias, pero siempre siguiendo las líneas políticas o la hoja de ruta que estableciera o diseñara la Generalitat. 

También Podemos incluiría en la ley que próximamente registrarán la propuesta de Compromís, que esta ley para vaciar de competencias las corporaciones provinciales sería una solución "transitoria" hasta que se realizaran las modificaciones legales oportunas que permitieran suprimir por completo las diputaciones.