VALÈNCIA (EP) El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado este miércoles la apuesta compartida con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, por la colaboración de los agentes sociales y el Gobierno central para "acabar con la economía sumergida y sus repercusiones" ante "la merma" que producen estas prácticas en el actual contexto de crisis generada por la pandemia de covid-19.
Puig ha realizado estas declaraciones tras la reunión por videconferencia mantenida con el máximo responsable de la patronal española y con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, según han señalado fuentes de la Generalitat.
El jefe del Consell ha abordado con ambos dirigentes empresariales la situación económica actual y ha compartido además la necesidad de impulsar la reindustrialización de España. En concreto, han analizado actividades de especial importancia para la Comunitat Valenciana como el turismo o la industria automovilística y se han mostrado a favor de potenciar ambos sectores, especialmente golpeados por la crisis.
Asimismo, han expresado su preocupación por las cifras de paro juvenil y se han mostrado a favor de impulsar "políticas activas" para favorecer la inserción laboral de los y las jóvenes, que son, tal y como ha indicado Puig, los "grandes perjudicados" en el actual escenario de crisis.
Igualmente, han insistido en la importancia de potenciar la Formación Profesional y de favorecer la conexión de la Educación con las necesidades de los sectores productivos. Puig ha recordado que existe un "acuerdo básico" para desarrollar la FP y ha expresado la conveniencia de profundizar en él.
Puig ha agradecido además a la patronal su "voluntad de acuerdo", que ha considerado "fundamental" para dar "seguridad" a las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, y ha exhortado a los responsables de la CEOE y de la CEV "a trabajar juntos" a través del diálogo social.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal