Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 15 de mayo. Foto: KIKE TABERNERLa inflación de altos cargos del segundo gobierno del Botànic, pendiente de cuantificar con los directores generales y asesores pero ya desmesurada con un 50% más de secretarios autonómicos, ha coincidido con la publicación de la primera amonestación epistolar –que se sepa– del Gobierno de Pedro Sánchez al de Ximo Puig, por "incidencias" e "inconsistencias" en la información sobre el gasto farmacéutico de la Generalitat, que no para de crecer. La carta fue enviada por un secretario general del Ministerio de Hacienda al "estimado consejero" Vicent Soler en la oportuna fecha del 27 de mayo, al día siguiente de las elecciones del 26M.
La misiva concluye con dos claras advertencias –amenazas en lenguaje bélico-político– si el Consell no hace los deberes: dar publicidad a la carta, ya lo ha hecho, y cortar el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), la respiración asistida gracias a la cual la Generalitat funciona, no sin problemas de pago.
Me quedo corto si califico de tibia la reacción del conseller Soler al día siguiente de prometer el cargo para este segundo mandato. Si esa carta se la hubiera mandado un propio de Montoro en lugar de uno de Montero y habríamos escuchado los habituales lamentos –"deslealtad", "injusticia", "uso partidista del FLA"...–, preguntas al aire sobre cuántos ancianos hay que dejar sin su medicación para cumplir las exigencias del Ministerio y críticas por la "falta de voluntad" del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica. Críticas que hace tiempo que no oímos, exactamente un año y 23 días.
"Estoy de acuerdo con las exigencias del Ministerio, pero esto nos exige celeridad en ciertos procesos", dijo un desconocido Soler, que ni siquiera aprovechó la ocasión para recordarle a Pedro Sánchez que ha perdido un año y 23 días en otros asuntos prioritarios –estando en funciones se podría ir avanzando– mientras la deuda de la Comunitat Valenciana sigue engordando, en parte por culpa de la infrafinanciación.
Pero solo en parte, porque el gasto de la Generalitat se ha disparado en 2018 y 2019, como señaló la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), que pidió al Ministerio de Hacienda que estrechara la vigilancia sobre el Gobierno de Puig. Ya se ve que la ministra le ha hecho caso.
El Botànic II arranca con un aumento del aparato gubernamental cuyo coste no está contemplado en el Presupuesto de la Generalitat de 2019, así que habrá que sacarlo de algún sitio. Solo los dos nuevos consellers y la decena de nuevos secretarios autonómicos suponen un coste anual de más de 750.000 euros, cantidad que se irá a varios millones de euros si le sumamos los nuevos directores generales y asesores que todavía están discutiendo cuántos son y a cuántos tocan por partido.
Es el chocolate del loro en un presupuesto no financiero de 16.700 millones, sí, pero es también un síntoma de lo que nos espera. El aumento de estructura del Consell no responde a una necesidad de mejorar la gestión sino al deseo de PSPV y Compromís dar su parte a los nuevos socios del cuatripartito, Unides Podem y EUPV, sin perder efectivos. Si esto se repite cuando haya que repartir el presupuesto de 2020, el equipo de Soler va a tener que echarle aún más imaginación a la parte de los ingresos porque con los 'reivindicativos' no va a ser suficiente. Y a ver qué dice Montero.
Cuando el Tribunal Constitucional (TC) decidió en 1990 que jurar o prometer la Constitución con la coletilla "por imperativo legal" era una fórmula válida para tener por cumplido, por parte de los cargos electos, el requisito legal de acatar la Constitución dejó abierta una puerta por la que se cuela un creciente desprecio a la Carta Magna. Un pitorreo en muchas ocasiones gratuito y estúpido por parte de representantes del pueblo que están ahí gracias a la Constitución y que la invocan a la menor ocasión.
No estoy pensando en los diputados de Herri Batasuna que idearon la perogrullada ni en los independentistas catalanes que desacataron la Constitución el 1-O, esos tienen sus motivos. Igual que los tiene el concejal de Vox en Orihuela, un ultraderechista que se mostraba en redes sociales con una foto con la bandera del águila.
Si se permite jurar por Dios y llevar attrezzo, se me ocurren otras formas de ridiculizar el acto, como jurar por Billy Wilder, recordar a los seres queridos o presentarse con la camiseta de la final y un balón en las manos para terminar con un amunt València! No hay límite de tiempo y el único requisito, según el TC, es que no se interprete que no están acatando la Constitución.
La fórmula de Errejón, "prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla", aún tiene cierta coherencia. Lo que no la tiene es la de los concejales de Compromís en el Ayuntamiento de València, que además de contarnos cada uno sus inquietudes –animales, LGTBI, etc–, prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía "porque así lo manda la ley". Pues menos mal.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
