Las ministras Montero y Darias, este viernes en el CPFF. Foto: EFE/KIKO HUESCAEs comprensible el mosqueo de la mayoría de las Comunidades Autónomas ante la tramposa solución dada por la ministra Montero al conflicto del IVA de 2017, que son esos 2.500 millones de euros que las CCAA tendrían que haber recibido el año pasado y que el Gobierno les negó al rechazarse los Presupuestos en el Congreso. La solución anunciada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes es un 'extra FLA', un préstamo sin intereses del Estado a las CCAA que lo deseen, además de descontar de déficit de 2019 los millones que gastaron y no recibieron.
El consejero de Castilla-La Mancha, socialista como la ministra, tildó de "absurdo" que el Estado compense el dinero que debe a las autonomías "con un préstamo" que finalmente incrementará el nivel de endeudamiento. La de Extremadura –socialista– lo consideró "un parche" y la de Baleares –socialista también– afirmó que es "insuficiente". Las comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos, como era de esperar, tampoco se quedaron calladas ante una maniobra que la representante de Cataluña calificó de "deshonesta". La más clara explicación del sentir general la dio el consejero andaluz Juan Bravo, del PP: "Queremos que nos paguen lo que nos deben, no queremos que nos hagan generar más deuda, queremos que nos financien como corresponde".
¿A que jode?, podría haberles respondido Vicent Soler. Eché de menos la retranca del conseller para con sus homólogos indignaditos por unos millones de euros –2.500 entre las 15 CCAA de régimen común– que la ministra intenta escamotearles con el mismo método con el que el Estado lleva veinte años castigando a la Comunitat Valencia, a razón de más de 1.000 millones al año: no te doy lo que te toca, pero te lo presto. Con la diferencia de que a los valencianos nos lo presta con intereses y el 'extra-FLA' es al 0%.
Soler fue el segundo representante autonómico que más comprensivo se mostró con el parche del Gobierno. Esto lo hace Montoro y nuestro conseller pone el grito en el cielo –lo puso en 2017– no por los 250 millones sino porque la política es así. Como es montero, se queda en un "es insuficiente" con la boca pequeña". En cualquier caso, no le falta razón a Soler cuando dice que "el tema del IVA es "una cuestión puntual" que no debe tapar el problema estructural "de injusticia financiera".
¿Y quién se mostró aún más comprensiva que Soler? ¡Bingo! La consejera de Hacienda de Cantabria, la comunidad mejor financiada –País Vasco y Navarra aparte– con 700 euros más por habitante que la Comunitat Valenciana. Es la que menos tiene que ganar con el nuevo modelo de financiación y le conviene estar a bien con Montero.
Pues vamos a lo importante. Pasado un mes de los ocho que Joan Baldoví dio al Gobierno para proponer un nuevo reparto del dinero autonómico, la cosa no pinta bien porque Cataluña, antaño motor de la descentralización, continúa en el discurso independentista y, por tanto, insolidario con el resto de España. La cosa pinta más bien mal para la solidaridad interterritorial.
Madrid, la comunidad más rica de España gracias a lo que la España 'radializada' le ha dado y al efecto capitalidad, va por libre con un dumping fiscal que supone que un señor o señora con 15 millones de patrimonio pague por este impuesto más de 300.000 euros si vive en la Comunitat Valenciana y cero euros si vive en Madrid. O si dice que vive, como hacen algunos. Madrid es la más rica y cada vez es más rica.
País Vasco y Navarra, segunda y tercera más ricas, tiene un sistema fiscal propio engordado por los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy a cambio de votos del PNV, y espérate a Sánchez, que ya están con el runrún de la transferencia de la Seguridad Social. La hasta ahora única caja única. Los vascos están tan saciados que a Rajoy llegaron a pedirle que incluyera en los presupuestos del Estado un carril bici o la reparación de la barandilla de la playa de la Concha. Necesidades de ricos. El Pais Vasco y Navarra no participan en el sistema de solidaridad común entre CCAA, se limitan a pagar un cupo –a la baja– por los servicios que les presta el Estado.
Cataluña, la cuarta comunidad más rica y la que más aporta al PIB nacional, dice en boca de su gobierno insolidario que España le roba y que se quiere marchar. Como mal menor algunos independentistas aceptarían un cupo como el vasco que significaría multiplicar la injusticia de los regímenes forales vasco y navarro.
Ya fue un despropósito la cláusula estatutaria que 'obliga' al Estado a destinar a Cataluña en los Presupuestos una inversión equivalente en porcentaje a su aportación al PIB nacional. Una cláusula que copió Andalucía, pero equiparando la inversión al peso de su población en lugar de al PIB, porque le salía mejor, lo mismo que hizo la Comunitat Valenciana. Si todas las CCAA hacen lo mismo, cada una con el criterio que más le convenga, el reparto, además de una fiesta, va a ser imposible. E injusto. Las inversiones deben ir a donde hacen falta, que no necesariamente es donde más hay o donde más gente vive. Por ejemplo, a Extremadura.
Después de Cataluña, en el ranking de más ricas aparecen Aragón y La Rioja, dos de las que más fondos reciben con el actual modelo de financiación autonómica. Es decir, que siendo ricas reciben más que aportan, al contrario que Madrid, Cataluña y Baleares –comunidad que les sigue en el ranking–, que son aportadoras netas.
El resto de CCAA está por debajo de la riqueza media española y se aprovecha de la hoy amenazada solidaridad interterritorial, excepto la valenciana, situada en duodécimo lugar y contribuyente neta a este deficiente sistema que nadie, salvo los valencianos, tiene prisa en reformar. Tiene razón Soler, ojalá lo del IVA fuera el problema.
