El político, el taxi y los 4 euros

Ha sido un pequeño detalle, pero quizás haya servido de prueba de fuego para ver con qué facilidad la clase política suele olvidar la gran crisis de credibilidad y preocupación que tienen los ciudadanos por nuestros representantes. Tanto de derechas como de izquierdas.

Me refiero a las notas de croissants (45 euros) y taxis (9 euros) aprobadas por el Ayuntamiento de Alicante para gastos de representación (o protocolo) o de traslado de concejales de una institución pública a otra de la ciudad de la que distan 1,4 kilómetros con taxi. No han sido los únicos. En anteriores mandatos, había concejalas que los hacían desde la Casa del Socorro (sede de la Concejalía de Acción Social) hasta el propio edificio consistorial, del que dista mucha menos distancia que entre el palacio municipal y la Diputación. 

Por no citar otros asuntos de mayor calado, como la sospecha que hay sobre las ayudas recibidas por el hermanísimo del president Francis Puig desde la Conselleria de Educación. Lo importante no es la cuantía, ni el servicio...es la ética política, a veces olvidada, en la nueva era de la fragmentación política. Se nos ha olvidado aquello de la mujer del César.

Es muy fácil hacer demogagia con esto, pero las soluciones son sencillas y dependen de la propia clase política. Otra cosa es que haya voluntad de ponerlas en prácticas. Esto es algo parecido a los socios de una startup: el pacto de socios -que acuñan muchos mentores- debe quedar claro desde el principio, tanto si la empresa logra el éxito como no. En política, los socios suelen olvidarse cuando tocan poder.

En primer lugar, los políticos deben estar siempre bien remunerados. Deberían estarlo casi o igual como en sus propias profesiones de las que proceden, siempre dentro una lógica y una escala aplicable en la mayoría de la instituciones. De lo contrario, hay dos peligros: que los inquilinos de las instituciones tengan la tentación de aplicar por acción u omisión prácticas ilegales, o que los profesionales mejor preparados huyan de la gestión de las instituciones públicas, como ocurre muy a menudo.

En segundo lugar, el régimen de las duplicidades y de los gastos de representación -dietas, transportes, etc.- también deberían estar mejor fijados para evitar gastos superfluos, indecorosos, antiestéticos. Lo de la junta de gobierno de Alicante del otro día quizás sea una anécdota, que desgraciadamente se repite con mucha asiduidad, y en muchas instituciones. Pasó en otras épocas. 

Y dentro de este capítulo, están las ayudas a los grupos políticos, el gran coladero de muchos gastos -poco éticos y antiestéticos- y de financiación de partidos políticos. En su momento, el foco estuvo puesto en la Diputación de Alicante, donde el bipartidismo se ha repartido indecorosas cantidades de dinero (también tienen más representación), lo cual hasta cierto punto se podría comprender siempre y cuánto supiéramos la justificación del destino final de ese dinero. Hasta el momento, y pese al primer terremoto político que fue Podemos, y ahora que lo ha sido Vox, no hemos sabido nada de ello: el objetivo siempre se ha centrado, desgraciadamente, en poner en cuestión debates ideológicos y dinamitar muchos consensos sobre cuestiones que estaban superadas y que en la mayoría de las casos funcionaban bien. Es verdad que algunos servicios eran deficientes, merced a los vicios del pasado (y a los nuevos), o de muchos años, o a las políticas del rigor presupuestario -recortes-, o al clientelismo. Pero con esa excusa, se ha disparado contra el sistema público sanitario y educativo, aunque los funcionarios fueran casi los mismos. Lo único que había cambiado era el gobierno de turno.

Y por último, el clientelismo y las puertas giratorias. Sigue siendo otra de las asignaturas pendiente del sistema democrático. Ha pasado (parte) de la crisis del sistema político, y nadie ha sido capaz de arbitrar un sistema que deje claro qué perfiles deben ocupar determinados puestos. Hay excepciones: para las direcciones territoriales de la Generalitat y  delegaciones y subdelegaciones de Gobierno ya se exige ser funcionario tipo A para ejercer. Para los cargos directivos de organismos públicos (de diputaciones o autonomías) es necesario pasar un concurso, pero da la circunstancia de que de los nombres filtrados a los medios de comunicación, casi siempre suelen ganar uno de ellos. En otras situaciones no se ha dado ese concurso, y de ahí el caso Alquería que le costó el puesto al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Conclusión de estos casi 6 años de turbulencias políticas. El sistema ha ganado en transparencia, aunque no toda la que debiera. En algunas instituciones, mucho de lo que se aprueba en junta de gobierno, concejalías o consellerias sigue siendo una incógnita y no figura en los portales web. O lo mismo que reciben los partidos en ayudas, y qué se lo gastan. 

Quizás nos hemos pasado con la nueva Ley de Contratos. Es tan rígida que no sólo impide algunas prácticas de antaño, sino que en algunos casos ha paralizado las instituciones enteras. Necesita, claro está, más flexibilidad. Y por último, en cuestión de contrataciones de personal de confianza o gastos de representación se ha avanzado muy poco. Por no cuestionar el tema de las puertas giratorias: concejales y, sobre todo, ex asesores que han acabado trabajando para empresas concesionarias de un ayuntamiento o de la Generalitat sin ningún tipo de control. Quizás el ejemplo más palmario sea el del ex alcalde de Gandia, José Manuel Orengo. Pero si ésto se ha hecho a plena luz del día, imagínense lo ejecutado a escondidas: desde propaganda electoral de candidatos, rodando por despachos de jefes de gabinete, que a saber quién ha sufragado, hasta zombis que no van a trabajar, o que se les ha premiado en otros destinos, públicos o privados. No creo que haya descubierto nada. Pero de vez en cuando hay que recordarlo. Esa es la gran asignatura pendiente de la Democracia: la transparencia y la evaluación del personal de los partidos (y sus costes/gastos).