Los casos de corrupción marcan el inicio de curso para PPCV y PSPV

VALÈNCIA. Dos de las tres principales fuerzas políticas valencianas comenzarán el curso político no solo en Les Corts sino en la Ciudad de la Justicia. Tanto el PSPV de Ximo Puig como el PPCV de Isabel Bonig acumulan causas judiciales que les auguran un año más que interesante, más aún si se tiene en cuenta que ambas formaciones se la juegan en mayo del año que viene en las elecciones autonómicas y municipales.

El PPCV está más acostumbrado a lidiar con los titulares de corrupción. Diez años de declaraciones, instrucciones judiciales y sentencias condenatorias les otorgan un triste bagaje que los socialistas no tienen. Pero ese bagaje no siempre es bueno, solo hay que recordar los últimos resultados electorales de los populares valencianos. El cruce de acusaciones está asegurado.

En rojo

En cuanto al PSPV, la Operación Alquería en la que terminó imputado el expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, o la Gürtel socialista evidenciaron lo que se veía venir desde hacía tiempo, que no es lo mismo pedir dimisiones inmediatas al contrario que imponerlas en tu partido. “No es lo mismo que los del PP”, aseguran sus máximos dirigentes, pero la realidad es que los jueces y fiscales valencianos no diferencian entre PP y PSOE. Para ellos en sus causas abiertas hay presuntos corruptos o testigos. No hay más.

Este septiembre que viene comenzará fuerte para todos los implicados. La Operación Alquería, que investiga si Rodríguez y otros cargos de la Diputación crearon ad hoc contratos de alta dirección para “sus amigos” los mantiene como investigados por, entre otros delitos, haber supuestamente malversado cerca de dos millones de euros de dinero público.

Por ahora la causa está secreta, pero se prevé que a finales de septiembre o principios de octubre se levante ese secreto sumarial. Ello permitirá a la ciudadanía conocer concretamente qué hicieron los implicados y, así, negro sobre blanco abrirán los medios con ese tipo de titulares que los políticos no quieren ni ver.

En la mesa del fiscal anticorrupción también descansa la denuncia presentada por Ciudadanos y por el PPCV por el presunto amaño de la subvención deportiva otorgada al expiloto de motociclismo, Champi Herreros. Tal y como ha informado Valencia Plaza, la diputación otorgó una subvención de 60.000 euros al Club de Motociclismo Champi Competición, impulsado por el expiloto Manuel ‘Champi’ Herreros, en agosto de 2016 que, pudo comprobar este periódico a través de la documentación oficial, se saltaría toda normativa para la concesión de las subvenciones impuesta por la propia Corporación Provincial. En el caso de que Anticorrupción admita a trámite las denuncias, los socialistas acumularía tres causas en diferentes juzgados.

Pues no hay que olvidar las denuncias que investigan varias juzgados en Gandia, Benidorm y Madrid contra los socialistas por diferente delitos relacionados con subvenciones poco claras a la empresa de cabecera que llevaba las campañas socialistas en la Comunitat.

En azul

Si los socialistas tienen lo suyo, el PPCV tiene su particular lucha y no se queda a la zaga del PSPV, más bien todo lo contrario, lo supera de largo. Los populares valencianos verán como varias de las diferentes piezas de la Operación Taula pasan del juzgado de Instrucción Número 18 a la Audiencia Provincial para que sean juzgadas. Las primeras en llegar serán las dos conocidas como las de los ‘zombies’. En ellas se investiga a diferentes personas que supuestamente cobraron sueldos de la Diputación de València a través de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa sin haber ido a trabajar. Ambas piezas están a falta del auto de procesamiento.

Aunque la guinda del pastel de Taula es la pieza A, la del ‘pitufeo’. En ella están investigados todos los concejales y asesores, excepto cuatro testigos, de la última legislatura de Rita Barberá al frente del consistorio valenciano. Supuestamente todos blanquearon 1.000 euros que les fueron devueltos con billetes de 500 euros en B. Además del ‘pitufeo, en ese pieza,’ también se investiga la financiación irregular del PP de la ciudad de València durante al menos tres legislaturas.

Esta pieza judicial estaba a punto de caramelo cuando llegó un anónimo al juzgado que obligó al magistrado a decretar un secreto parcial de las actuaciones. Fuentes cercanas a la investigación afirman que no tardarán demasiado en levantarlo y, una vez hecho, se tomarán las declaraciones oportunas y se pedirá la apertura de juicio oral. Los tiempos corren en contra de Isabel Bonig y Pablo Casado pues deben nombrar candidato a la alcaldía y decidir qué hacen con los imputados.

Bonig siempre ha mantenido que ninguno repetirá en las listas electorales ni como asesores, ni como concejales, pero la realidad es que hasta la fecha todos siguen en sus puestos. Los tiempos van en su contra, y no se descarta que se tengan que sentar en el banquillo en fechas cercanas a las elecciones de 2019. Es lo que tienen los tiempos judiciales, que no los marca la agenda política.

Más causas

Pero no solo de Taula huye el PPCV. Los populares tienen una retahíla de causas pendientes. Entre las más importantes que seguirán amargando a la formación política conservadora están la Operación Clepsidra contra el exvicealcalde de València Alfonso Grau y un empresario contratista del Ayuntamiento de València por un presunto delito de cohecho al aceptar dos relojes como regalo. La juez ya ha comunicado el final de la instrucción.

El caso Palau, en el que se sentarán en el banquillo la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, y otros cuatro acusados por el presunto saqueo del coliseo valenciano. El juicio se celebrará en breve. Los investigados están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La Operación Erial que mantiene en prisión al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, al que acusan de formar parte de un entramado corrupto que supuestamente se creó para el cobro de cerca de 11 millones de euros en comisiones procedentes del amaño de contratos públicos mientras estuvo al frente de la Generalitat. La causa lleva cerca de tres años en secreto de sumario.

Otro expresidente, Francisco Camps, tiene su propio rosario de causas judiciales abiertas. El que fuera su mano derecha en el partido, Ricardo Costa, se ha convertido en su particular espada de Damocles y lo ha terminado de enfangar. La primera que llegará a juicio si todo sigue como hasta ahora es Valmor, donde el expresidente está imputado por los ‘chanchullos’ en la organización de la Fórmula 1. Pero también está imputado en una pieza derivada de la visita del Papa y en Instrucción 17 por las presuntas mordidas en la construcción del trazado de la F1.

Pero la lista de causas que tiene el PPCV es demasiado larga. Así, también están pendientes algunas piezas de el Caso Cooperación, de la trama del fuego, de Taula, de la vistia del Papa en la Audiencia Nacional que está a falta de juicio o una pieza separada de la citada trama del fuego contra el exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, que instruye un juzgado en València, entre otras.

Y como esto es la Comunitat Valenciana nunca hay que descartar nuevas operaciones policiales.