FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado este miércoles, con los votos del PSPV, Compromís y Podemos, devolver al Consell el Proyecto de Ley del Taxi en la Comunitat, como había solicitado el PP a través de una enmienda a la totalidad, que ha apoyado el grupo de Ciudadanos (Cs).
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, que ha presentado ante el pleno este proyecto de ley ha destacado que la norma es una regulación "íntegra, completa y ordenada del servicio" con un "tratamiento normativo unificado y adaptado a las características del sector".
Asimismo, ha indicado que el objetivo de la norma es "consolidar un modelo de prestación de servicio basado en el profesional autónomo que es titular de una autorización de taxi, optando por reservar a las personas el ejercicio de la actividad".
También, ha enfatizado que el texto pretende ofrecer a los profesionales de esta actividad "un marco jurídico que les permita su realización en condiciones de homogeneidad, modernidad y seguridad, rentabilidad y condiciones laborales dignas" y reconocer "la contribución que prestan a la actividad productiva y económica, destacando el componente público que caracteriza prestaciones".
Sin embargo, para el diputado del PP Alfredo Castelló aunque el compromiso consistía en mejorar la situación del sector "esta ley en absoluto lo mejora" al considerar que "se carga el actual Consejo del Taxi y nos deja sin consejos consultivos" y deja al sector "tirado frente las licencias VTC" que ha indicado que se pueden regular desde las autonomías. "Como dijo un taxista, no creo que esta sea la ley del taxi, sino contra el taxi", ha remarcado.
En este sentido, ha considerado que la norma no es "oportuna" ni cree en sus principios ni en su espíritu". A su juicio, se debería haber modificado la ley actual, en lugar de poner en marcha una nueva que "se carga" al sector. "No cuenten con nosotros para esta ley contra el taxi y contra los taxistas", ha remarcado.
Por su parte, la diputada del PSPV Sandra Martín ha insistido en la necesidad de poner en marcha una norma que regule el taxi y que sea "propia, completa y ordenada". "No podía retrasarse más", ha indicado para insistir en la importancia que tiene el sector y la necesidad que había de regularlo.
Sobre las críticas de Castelló, le ha espetado que el texto "no se carga" el Consejo del Taxi y ha invitado al diputado 'popular' a "leerse la ley" que es "proteccionista". "Les molesta que se regule el taxi con una ley propia que ofrece respuestas concretas a algo que ustedes no hicieron", ha señalado.
Asimismo, ha acusado al PP de querer que se incluya en la norma las licencias VTC que son competencia estatal. "Quieren meterlas en esta ley para que sea tumbada por el Tribunal Constitucional".
Desde Cs, María José García ha negado que esta ley sea una solución para los problemas del taxi y ha recriminado al Consell que ha "empezado la casa por el tejado". "¿Creen que con esta ley va a hacerlo más competitivo sin invertir la Conselleria ni un solo euro?", ha preguntado a la cámara, al tiempo que ha criticado que "no propone mecanismos que permitan a los taxistas enfrentarse a plataformas como Uber o Cabify. "Cero mecanismos y cero euros", ha subrayado.
Por su parte, César Jiménez de Podemos ha manifestado que la ley era "un reto difícil", pero que lo prefieren "a la inacción, a la improvisación y al favoritismo", mientras que desde Compromís el diputado Juan Ponce ha insistido en que era necesario acabar con la situación heredada de los 20 años del PP al que ha acusado de intentar "desvirtuar el debate".
"Su ley de movilidad se hizo sin ningún estudio previo", ha afeado al PP, al tiempo que ha puesto en valor que esta norma cuenta con el apoyo de más de la mitad del sector, tras un proceso de participación
El diputado del grupo No Adscritos y exsíndic de Cs, Alexis Marí, ha señalado que el PP "no se ha enterado que hay que hacer para todos y no solo para unos cuantos" y ha defendido que esta norma cuenta con el apoyo del sector.
El texto específica, entre otras cuestiones, que el servicio de taxi se realizará previa autorización administrativa expedida por la conselleria o por los ayuntamientos cuyos municipios no se hayan integrado en un ámbito territorial superior para la prestación del servicio. Las autorizaciones se otorgarán en favor de personas físicas que solo podrán ser titulares de una única autorización y para un vehículo.
En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes.
Además, apunta que a las nuevas autorizaciones se les adscribirá un vehículo de hasta dos años de antigüedad y no podrán concederse cuando la relación entre el número de taxis y millares de habitantes en un municipio exceda la unidad. Y si no excediera la ratio solo podrán otorgare autorizaciones en casos "debidamente justificados por razones de demanda".
Asimismo, permite a las personas físicas titulares de varias autorizaciones de taxi continuar en posesión de las autorizaciones si en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley, adscriben vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.
La Ley también recoge, entre otras novedades, que en régimen general se autorizarán vehículos de 5 plazas y de 7 para vehículos adaptados.
Pero en casos excepcionales, como por ejemplo en zonas rurales donde no está garantizada una comunicación suficiente con transporte (conexión directa en la capital comarcal o provincial dos veces al día, de ida y retorno, mañana y tarde) se autorizarán vehículos de nueve plazas como transporte a la demanda y de agrupación de viajeros. Además, la antigüedad de los vehículos que prestan servicio de taxi no excederá de 12 años.
Además, en este apartado también se contempla como novedad la creación de la figura de los Centros de Distribución de los Servicios del Taxi, donde se ofrece la posibilidad a los taxistas de agruparse en una sociedad o cooperativa para poder concentrar la oferta de sus servicios y mejorar la comercialización.
Por otro lado, el pleno de las Corts ha aprobado la Proposición de Ley de Podemos para modificar la ley forestal de la Comunitat, con los votos a favor de Compromís, PSPV, Podemos y Cs y en contra del PP.
