Antonia Magdaleno. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La abogada Antonia Magdaleno ha sido condenada a 4 años de prisión como autora responsable de un delito continuado de estafa en los concursos de acreedores de las empresas Martinsa Fadesa y Urazca. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia también impone a la abogada una multa de 4,67 millones de euros por responsabilidad civil que deberá pagar al despacho Broseta Abogados, firma de la que fue socia durante doce años.
La sentencia, contra cabe presentar recurso de casación en el plazo de cinco días, apunta a que la abogada se lucró al apoderarse "en su propio beneficio" de la misma cantidad que ahora se le condena a pagar a Broseta Abogados. El juicio oral concluyó el pasado 22 de septiembre.
Los hechos juzgados son, a juicio de la Sala, constitutivos de un delito continuado de estafa “agravada por la cuantía de lo defraudado”. No obstante, los magistrados no aplican el de apropiación indebida propuesto de forma alternativa por la acusación particular.
Magdaleno, que fue administradora de concursos destacados como los de la inmobiliaria Llanera, Reyal Urbis o Viajes Marsans lideró el área procesal-concursal de Broseta hasta 2011, cuando se desvinculó de la firma para constituir su propio despacho, Antonia Magdaleno Abogados, con oficinas en Madrid y València.
La relación profesional con Broseta Abogados comenzó en 1999 y diez años después Magdaleno pasó a ostentar la condición de socia con una participación del 5%. En ese punto pactó con la firma un sistema retributivo consistente en un fijo y una parte variable a acordar entre las partes, además de un régimen de exclusividad.
Como socia de este despacho fue nombrada administradora de diversos concursos mercantiles. Según detalla la sentencia, a Antonia Magdaleno "se le permitió" que se presentara a los concursos a través de una sociedad creada al efecto por ella, la mercantil Antonia Magdaleno Carmona, con domicilio social en Puzol. Se hizo de ese modo a petición de la abogada y por "conveniencia fiscal”.
Una vez obtenido su nombramiento y cobrados los honorarios que le correspondían en el concurso, en virtud del acuerdo entre socios, debía ingresar en el despacho el importe íntegro del dinero cobrado. Para ello, la acusada “daba las órdenes oportunas al departamento de administración de la sociedad para que le facturaran a su sociedad el importe que a su vez ella había cobrado de las concursadas”.
Este procedimiento, "excepcional y consentido" por Broseta Abogados, fue el que se siguió durante un determinado tiempo hasta que como socia del despacho "y valiéndose del prestigio que el mismo tenía", fue nombrada administradora de los concursos de Martinsa-Fadesa y Urazca, seguidos en juzgados de La Coruña y Bilbao, respectivamente.
Según relata la sentencia, fue a partir de estos nombramientos, que generaban unos "pingües honorarios", cuando la abogada, "que ya mostraba su discrepancia con la forma de convenir el variable de sus retribuciones, sin causa que lo justificara, comenzó a dar órdenes al despacho para que le facturaran unas cantidades inferiores a las que ella había percibido, ocultando por tanto el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas, incumpliendo así lo que establecían los estatutos sociales, en cuanto a la exclusividad de su prestación de servicios, y al sistema retributivo acordado”.
La sentencia refleja que la abogada, simulando que todo seguía "como hasta entonces", indicó al despacho que le facturasen a su mercantil Antonia Magdaleno Carmona SL “cantidades que eran inferiores a las realmente cobradas por ella” en los dos concursos citados. De esa manera, “la acusada se apoderaba en su propio beneficio de la diferencia entre ambas cantidades.
En la relación de hechos probados, los magistrados reflejan que en el concurso de Martinsa-Fadesa, Antonia Magdaleno cobró por honorarios 7,86 millones de euros, "mientras que ordenó le fuera facturado por el despacho la cantidad de 3,32 millones”. Respecto al concurso de Urazca, seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, "la acusada cobró la cantidad de 1.458.209,99 euros, mientras que ordenó le fuera facturada la cantidad de 589.778,18 euros, por lo que la cantidad defraudada en su conjunto asciende a 4.670.749,26 euros”.
Según la sección quinta de la Audiencia de Valencia, Antonia Magdaleno, “consciente del nivel de ingresos que estaba generando, y no satisfecha con el margen que los acuerdos retributivos del despacho le restaban, decide conservar para sí un buen porcentaje de los mismos, pero haciendo creer a la firma de la que formaba parte, que había liquidado todo según era tanto costumbre como obligación”. “Es decir –prosigue– trama un engaño que resulta ser bastante y eficiente, debido a la buena fe” que existía entre las partes.
La abogada basó su defensa en varios argumentos, como que la existía un acuerdo verbal con Manuel Broseta Dupré, socio fundador del despacho, por el cual únicamente ingresaría el 70% de lo percibido como administradora concursal. Además, considera que la cuestión debió resolverse mediante un arbitraje, tal y como se hizo con el resto de concursos en los que intervino, al tratarse de hechos de naturaleza civil pero no penal.
