VALÈNCIA. No le gustó nada a Podemos que el president de la Generalitat, Ximo Puig, no respondiera este miércoles en el Debate de Política General a su pregunta de por qué el Consell "se niega" a implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana. Y, sabiendo que en los socios de gobierno del PSPV (Compromís), podían encontrar un aliado, la formación morada llegó con un plato fuerte a la segunda jornada de debate: presentó una propuesta de resolución para que, a campo descubierto, cada color político tomara una postura. En la jornada nocturna, el sector socialista del Ejecutivo ya había visto la iniciativa -dado que todas pasan por las consellerias correspondientes- y eran conocedores de la 'patata caliente' que se avecinaba.
En su propuesta, Podemos instaba al Consell a "impulsar un impuesto sobre la actividad turística" que contribuya a "mejorar los servicios de los que disfrutan los municipios de la Comunitat Valenciana", "mejorar las infraestructuras y las dotaciones turísticas" de la autonomía y de los municipios, y también que sirva para "fomentar y desarrollar el sector", de manera que se puedan mejorar las condiciones laborales de sus empleados.
Esta tasa que defiende Podemos está "abierta al diálogo en todos los sectores" y supondría "una pequeña cantidad de dinero que no costaría a los valencianos", sino que redundaría en "una mejora de aquello para lo que nos visitan". La iniciativa persigue que sea progresiva, por pernoctaciones y de implantación municipal pero con regularización autonómica, para así "evitar el dumping fiscal", recalcó el diputado de Podemos, David Torres.
Aunque los morados no detallaron ni el recaudador ni el plazo para implantarla, la propuesta salió adelante con 35 votos a favor (Podemos, Comrpomís y cinco diputados no adscritos), 29 en contra (PP) y 32 abstenciones (PSPV y Ciudadanos). Con ello, la Cámara autonómica insta al Ejecutivo valenciano a aplicar la tasa turística.
Lo hacía cuatro días después de que la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, reabriera el debate al declarar en una entrevista concedida a Alicante Plaza que "la tasa turística es una oportunidad que está encima de la mesa".
Ahora, Les Corts por mayoría simple obligan al Consell a tomar postura. La competencia para regular una normativa en esta dirección es autonómica o estatal. Sin embargo, el Consell se está retrasando –a juicio del diputado de Podemos, David Torres– en presentar la Ley de Turismo y Hospitalidad, que está desarrollando la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), dirigida por el secretario autonómico, Francesc Colomer. Por esa razón, la formación morada quiere, al menos, que en la Ley de Acompañamiento quede regulada esta tasa para que se aplique ya en 2018.
Un punto en el que el PSPV estaría dispuesto a abrir el puño que sujeta su rosa. Según el portavoz socialista, Manolo Mata, podrían "estudiar" la manera en la que ésta pueda regularse en las cuentas del próximo año para que aquellos municipios que así lo quisieran, pudieran implantarla. Esto es, que sean los ayuntamientos los que decidan establecerla o no, pero que no fuese de carácter autonómico -como es la que se aplica en Baleares y Cataluña-, pues, entienden, que cada localidad tiene sus particularidades. "No es lo mismo València que Utiel", indicaban fuentes de Presidencia a modo de ejemplo.
Así, la modalidad de tasa turística que saldría adelante sería diferente de la aplicada en Cataluña o Baleares, y sería coherente con el modelo turístico que defiende Puig. Los socialistas en el Ayuntamiento de València y en palabras de su concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ya apostaron por establecer un gravamen de este estilo en la ciudad del Turia. Un tributo que, a su vez, sería complementario al que anunció la vicealcaldesa de València y edil de Turismo, la también socialista Sandra Gómez, que se aplicaría solamente sobre los apartamentos turísticos.
La Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, que perdió en primera instancia el 'pulso' con Colomer por establecer esta tasa, calculaba que las arcas valenciana podían ingresar alrededor de 40 millones de euros. La nueva modalidad, sin embargo, haría que ese dinero nutriese el erario público solo de algunos municipios y no las infrafinanciadas cuentas de la Generalitat.
De conseguir que la fórmula por la que apuestan los socialistas saliera adelante, la de dejar libertad a los municipios para que escojan si cobrar a los visitantes o no, el Consell, a su vez, evitaría que esta petición de Podemos -y también de uno de los socios del Gobierno valenciano, Compromís- supusiera abrir un frente con la patronal del sector.
Hosbec, presidida por el hotelero Toni Mayor y que aglutina a los empresarios de Benidorm y la Costa Blanca, uno de los polos de atracción turística más importante de la Comunidad, rechaza de plano esta tasa.
La oposición a este tributo tuvo el ejemplo paradigmático en las Islas Baleares con el primer gobierno de progreso, presidido por el socialista Francesc Antich e integrado por la formación del puño y la rosa, Unión Mallorquina, los nacionalistas del Partido Socilaista de Mallorca, Izquierda Unida y Los Verdes. En mayo de 2002, el ejecutivo balear impuso esta tasa. Una decisión que condicionó la campaña de las elecciones de mayo de 2003, que ganó el popular Jaume Matas. La fuerte campaña en contra de la tasa de la patronal turística y del mismo PP supusieron una erosión electoral importante. De hecho, y pese a las reclamas de los partidos de izquierdas en la reedición del pacto de progreso durante la legislatura 2007-2011, la tasa no se reimplantó tras derogarla Matas.
Con la llegada de la izquierda a las instituciones en 2015 tras otros cuatro años de gobierno popular, volvió la implantación de la llamada ecotasa en Baleares. El ejecutivo bipartito conformado por PSIB-PSOE y los nacionalistas de Més con el apoyo parlamentario de Podemos reintrodujeron la tasa el 1 de julio de 2016 con menos polémica que en 2002. La saturación turística que padecen las Islas favoreció la introducción de ese tributo y tras los buenos resultados del primer año tanto en recaudación como en nulo impacto sobre la afluencia de turistas, el Gobierno de Francina Armengol ha anunciado que duplicará el impuesto a partir del 1 de enero de 2018 con el objetivo de recaudar 120 millones de euros anuales.
Ahora, la Comunitat podría seguir los pasos de Baleares. Les Corts, y en concreto Podemos y Compromís, instan al Consell a implantar una tasa que Puig rechazó de plano hace apenas un mes, cuando se anunciaron sanciones contra los apartamentos turísticos ilegales. El parlamento, no obstante, le obliga a repensarlo.
Otra propuesta que salió adelante con no pocas dosis de sorpresa fue la presentada por Ciudadanos para la revisión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. En el texto de la misma se instaba al Consell a tener en cuenta en los Presupuestos de 2018 una variación que sitúe a la Comunitat "más cercana a otras CCAA con una fiscalidad más favorable hasta la aplicación del nuevo sistema de financiación".
Una medida que también respaldó el PPCV -ya iba en su programa y la propia Isabel Bonig la reclamó en la primera jornada del debate- y que el Consell ha rechazado en reiteradas ocasiones al considerar que beneficia a las clases más altas. No obstante, la propuesta salió adelante al ser respaldada por Podemos, si bien este diario no pudo aclarar si se trataba de un error o no tras una maratoniana jornada que concluyó a la 1.33 de la madrugada.