Las universidades valencianas se olvidan de sus entidades dependientes en las cuentas de 2015

VALENCIA. Ni la Universidtat Politècnica de València (UPV) ni la Miguel Hernández de Elche (UMH) se han acordado de remitir el presupuesto de las entidades que dirigen mayoritariamente, aunque dependen de la Conselleria de Educación, Investigicación, Cultura y Deporte. Al mismo tiempo, la Universitat de València (UV) no ha definido ni implantado ningún procedimiento de control interno para estos organismos, a excepción de un informe encargado a empresas externas. Son las conclusiones de la Sindicatura de Cuentas, que insta a los organismos a someter a una mayor vigilancia a sus centros y a realizar en el futuro las auditorías correspondientes en cumplimiento de la legalidad.

Este miércoles se ha presentado el informe de fiscalización de la Generalitat con respecto al ejercicio 2015, que pone de manifiesto irregularidades en diferentes áreas de la Administración. En el caso de las universidades, su labor consiste en comprobar si las cuentas anuales de los centros públicos valencianos “son coherentes entre sí, contienen toda la información requerida por la normativa contable y han sido debidamente formuladas, aprobadas y rendidas ante la Sindicatura”. De manera particular también examina el control interno ejercido por cada universidad sobre sus entidades dependientes.

Tal y como recuerda el informe de la Sindicatura, la ley permite a las universidades, por sí solas o en colaboración con otras entidades, crear empresas, fundaciones u otras personas jurídicas para la promoción y desarrollo de sus fines. Es por ello que la UV cuenta con hasta seis de estos entes (Fundació General Universitat de València, Fundació Universitat Empresa, Fundació Parc Científic, Centre d'Idiomes, Gestió de Proyectes y Fundació Lluís Alcanyís), la UPV y la UA con cinco, la Universitat Jaume I (UJI) con cuatro y la UMH solamente con Fundación Quórum, Parque Científico y Empresarial.

Ahora bien, el mismo documento también hace hincapié en que las entidades con participación mayoritaria de las universidades “se someten a la obligación de rendir cuentas con los mismos plazos y procedimientos que los previstos para las propias universidades”, algo que no ha sucedido en este ejercicio en el caso de la UPV y la UMH, pero tampoco se ha efectuado de manera apropiada en el resto de los centros. Entre los principales problemas señalados se encuentra la falta de "un criterio unificado" a la hora de auditar.

EL SÍNDIC RECOMIENDA REALIZAR EN EL FUTURO TODAS Las auditorías correspondientes en cumplimiento de la legalidad

De hecho, el texto afirma que el examen de control interno ejercido por la UVsobre sus entidades dependientes “ha puesto de manifiesto que no se ha definido ni implantado ningún procedimiento de control interno a excepción de la auditoría de cuentas realizada por empresas independientes”. Más allá de este proceso, se insta a la UV a que establezca “mecanismos de control para verificar el cumplimiento de la normativa”, aunque se recuerda que está previsto que en 2016 se realicen “auditorías de cumplimiento de la legalidad”.

Por su parte, la UPV ha realizado auditorías financieras, de cumplimiento y operativas sobre todas sus entidades, al igual que la UA, aunque esta última solo ha publicado la auditoría financiera junto a las cuentas anuales en su página web. También se critica claramente el caso de la UJI, “que no ha definido ni implantado procedimientos de control interno sobre sus entidades dependientes”. LA UMH solo tiene una fundación y sí ha publicado las cuentas anuales de la misma, pero los únicos procedimientos de control interno implantados son la fiscalización previa de las encomiendas realizadas.

Los convenios y los gastos

En el informe firmado por el Síndic Mayor, Vicent Cucarella, también se hace hincapié en los problemas que se han derivado de los sucesivos retrasos en los convenios de financición. De entrada se recuerda que la Generalitat y las universidades suscribieron en 2014 un acuerdo, que venía a actualizar al de 2008, por el que el Gobierno autonómico la titularidad de parte de la deuda contraída por las universidades por un importe total máximo de 284.440.585 euros. Esto implica que se extingue para cada universidad una parte de la deuda y se financia el gasto corriente y de inversión correspondiente al periodo 2015-2022.

No obstante, se produce un desajuste administrativo en el caso de la UA, basado en el sistema de recogida de datos. La universidad pública no recoge en el activo del balance el derecho de cobro a largo plazo frente a la Generalitat que, a 31 de diciembre de 2015, asciende a 63.106.271 euros. Es por ello que se le insta a reclasificar a largo plazo un vencimiento a corto que estaba valorado en 5 millones de euros.

Tal y como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2014, el importe total del convenio suscrito en concepto de gasto corriente debía reflejarse en el activo de las universidades, debidamente clasificado a corto o largo plazo, en función de los vencimientos. Asimismo debían ser anulados los derechos que se hubieran reconocido en el presupuesto. Sin embargo, atendiendo al informe, esto ha generado cierta confusión y no ha existido un criterio contable uniforme en el reflejo patrimonial del gasto corriente.