La Sindicatura de Comptes alerta de la ilegalidad y falta de control del plan de choque de Sanidad

VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha puesto en el punto de mira el plan de choque de la Conselleria de Sanidad por no tener "una regulación acorde con la legalidad vigente", además de la falta de control a los centros colaboradores. Así lo recoge el informe de auditoría del Plan Óptima (Plan para la optimización de tiempo y mejora de la atención sanitaria 2020-2023), donde analiza la efectividad del plan puesto en marcha por el Govern del Botànic y en el que reflexiona sobre una práctica que la sanidad valenciana emplea desde 1996 para reducir la lista de espera quirúrgica. 

Este modelo, que está enmarcado en el decreto 97/1996 por el que se adoptan medidas excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, permite derivar a la sanidad privada pacientes pendientes de asistencia quirúrgica por un plazo superior a 60 días. Una fórmula que fue establecida bajo el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, con Joaquín Farnós como conseller de Sanidad, y cuyo funcionamiento no ha sido modificado desde entonces, más allá de los plazos.

Veintiocho años con un engranaje que ha quedado desfasado a nivel legal. "El procedimiento seguido desde su implantación es totalmente informal. No existe un trámite abierto, publicado en la sede electrónica de la conselleria o en boletines oficiales, en el que se detallen las tarifas", señala el organismo que dirige Vicent Cucarella, que insiste en la falta de concordancia con la normativa vigente. 

El engranaje del plan de choque

El ente fiscalizador considera que el modelo incumple la ley 17/2017 de 30 de marzo sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, además de los principios de la contratación administrativa, como libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

En esta fórmula, los propios centros privados contactan con la conselleria cuando desean adherirse al plan. "Existe un procedimiento informal para autorizar a los centros colaboradores privados en el que los inspectores de la conselleria certifican que la entidad solicitante cumple las condiciones exigidas", señala el informe.

Sin embargo, la Sindicatura entiende que no es la figura correcta. "Los centros colaboradores son instituciones con ánimo de lucro y no es posible recurrir a la figura del concierto social previsto en la Ley 7/2017 de 30 de marzo sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario. Por tanto, no se encuentran entre los contratos excluidos previstos en el artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", explica.

"Alternativamente, la contratación de estos servicios para su gestión indirecta debe adecuarse a los procedimientos de la normativa sobre contratos del sector público, entre ellos los acuerdos marco, circunstancia que no se ha producido", recoge el informe. El mencionado acuerdo marco es un recurso utilizado para la contratación escalonada por parte de la administración en un plazo amplio de tiempo. Éste sale publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, tiene por objeto la selección de empresas que suministran un servicio y se contrata acorde a las necesidades de la conselleria, de manera transparente y pública.

En el actual modelo, las unidades de admisión de los hospitales se encargan del envío postal de las cartas para que los pacientes elijan entre las clínicas privadas que prestan servicio. El paciente tiene un plazo de 45 días para contestar por correo postal o acudiendo al centro sanitario. En el caso de aceptación, la Conselleria de Sanidad asigna el centro teniendo en cuenta las preferencias del paciente y aquellos pendientes de citación de cada clínica. Los centros colaboradores pueden rechazar al mismo, además de existir diferencias en el diagnóstico inicial, que deben ser autorizadas por la conselleria. 

Un control "muy deficiente"

La Sindicatura de Comptes también determina que el control realizado sobre los centros colaboradores "es muy deficiente". Destaca que los sistemas de información de la conselleria no disponen del dato completo de intervenciones realizadas a través del plan de choque y en su registro solo está el número de aceptaciones, que no necesariamente terminan en intervención, dado que pueden ser rechazadas por los centros privados.

Además, también apunta a una falta de control efectivo y automatizado de los plazos de atención de los mencionados centros. "El control se limita a encuestas de satisfacción de los pacientes desde 2021, si bien estas no incluyen cuestiones como los tiempos de espera y la gestión de las complicaciones posteriores para la intervención. No resulta ágil el circuito actualmente previsto para el envío de cartas y la asignación de las derivaciones y cambios de diagnóstico", reconoce.

Un modelo fomentado en el Botànic

En la pasada legislatura, quien fue conseller los últimos doce meses, Miguel Mínguez, impulsó una modificación para abrir la posibilidad de acceder a estas derivaciones desde el día uno en patologías con espera quirúrgica de más de 60 días, fomentando la utilización de este modelo. Esta medida, que ha incrementado el número de pacientes a los que se les ha ofertado, también ha aumentado las operaciones dentro del mismo. Además, más población ha optado por aceptar la propuesta de ser asistido en la sanidad privada. 

En 2019, aceptaron el plan de choque un 41,7% de los pacientes, y en el cuatrienio del plan, un 74,6%, lo que también incrementó el gasto. Según cuantifica la Sindicatura, los centros adheridos al mismo también han pasado de 15 a final de 2019 a 31 centros a final de 2023. Por su parte, el gasto total destinado al plan de choque durante el periodo del Plan óptima ha sido de 115,3 millones de euros.

Los pacientes de los departamentos del Hospital General Universitario de Valencia y de Alicante, Elda, La Fe, Sant Joan y el Hospital General de Castellón son los que más han aceptado el plan de choque entre 2020 y 2023. Mientras, el mayor incremento se ha producido en los departamentos de Gandia, Elda, Elche, Hospital General de Castellón, La Ribera, Sagunt, Vinaros y Xativa-Ontinyent.

Necesidad de automatización

Entre las recomendaciones del informe, está la digitalización y centralización de la gestión de las derivaciones de pacientes a los centros colaboradores del plan de choque, de manera que se agilice su funcionamiento y permita realizar un control sobre el tiempo de espera en estos centros. También, la automatización del proceso de la facturación y control de los servicios prestados. 

Como alternativa a las medidas de plan de choque, al autoconcierto y al extraconcierto, también se apunta al análisis de otras alternativas para aprovechar los recursos del sistema con menor coste económico, como la creación de un sistema de incentivos por grupo de trabajo en jornada ordinaria, la dotación de plazas en horario de tarde incentivada o las jornadas de trabajo por turnos. Unas propuestas que ya quedan en manos del actual conseller, Marciano Gómez.

390,8 millones en prestaciones sanitarias

La Sindicatura de Comptes también alerta sobre la aprobación en 2021 de la derivación a centros privados cuando la prestación no se incluye en la cartera de servicios de los departamentos o la demora afecta negativamente al paciente. "Este procedimiento debe emplearse con carácter excepcional a fin de limitar el gasto sanitario, dado que no se tramita de acuerdo con la normativa de contratación", recuerda el ente fiscalizador, dada las circunstancias de uso normalizado. 

"Constituye un procedimiento habitual el volumen significativo de prestaciones sanitarias realizadas por entidades privadas ejecutadas sin contrato tramitado de acuerdo con la LCSP y la Ley sobre acción concertada", insiste la Sindicatura. El gasto realizado entre 2020 y 2023 en estas prestaciones asciende a 390,8 millones de euros y se ha tramitado a través de expedientes de enriquecimiento injusto, que tienen carácter excepcional y se utilizan para autorizar gastos realizados sin ajustarse a la normativa y que, como recuerda, podrían generar intereses de demora.  Entre estas prestaciones destacan por sus cuantías significativas las terapias respiratorias, las consultas psicológicas, la neuro-rehabilitación y la hemodiálisis.