La Sindicatura sugiere que el plan de choque de Sanidad incluya rehabilitación y complicaciones postoperatorias

VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes sugiere que el plan de choque de la Conselleria de Sanidad también incluya rehabilitación y complicaciones postoperatorias de los pacientes atendidos y no solo la operación. Así lo recoge el informe de auditoría del Plan Óptima (Plan para la optimización de tiempo y mejora de la atención sanitaria 2020-2023), donde analiza la efectividad del plan puesto en marcha por el Govern del Botànic y en el que reflexiona sobre una práctica que la sanidad valenciana emplea desde 1996 para reducir la lista de espera quirúrgica. 

Este modelo, que está enmarcado en el decreto 97/1996 por el que se adoptan medidas excepcionales para eliminar las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario de la Comunitat Valenciana, permite derivar a la sanidad privada pacientes pendientes de asistencia quirúrgica por un plazo superior a 60 días. Una fórmula que fue establecida bajo el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, con Joaquín Farnós como conseller de Sanidad, y cuyo funcionamiento no ha sido modificado desde entonces, más allá de los plazos.

"Se debe analizar la conveniencia de ampliar el servicio a la rehabilitación y las complicaciones postoperatorias, entre otras posibles", recoge en el mencionado informe. Ahora, está en manos del conseller Marciano Gómez el replantear el modelo acorde a las sugerencias de la Sindicatura de Comptes. "El procedimiento seguido desde su implantación es totalmente informal. No existe un trámite abierto, publicado en la sede electrónica de la conselleria o en boletines oficiales, en el que se detallen las tarifas", señala el organismo que dirige Vicent Cucarella, que insiste en la falta de concordancia con la normativa vigente. 

El ente fiscalizador considera que el modelo incumple la ley 17/2017 de 30 de marzo sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, además de los principios de la contratación administrativa, como libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.