Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal. Foto: EVA MÁÑEZAhora ve a Montoro y explícale que la Generalitat valenciana se va a gastar 60, 80 o 100 millones de euros de esos que dice que no tiene por culpa de la infrafinanciación en rescatar una concesión sanitaria como quien rescata autopistas quebradas. Y todo por una promesa mal calculada de Ximo Puig hace dos años, reiterada ya tres veces por el president desde la tribuna de Les Corts. Con la de cosas que podríamos mejorar con esos millones. Por ejemplo, crear plazas públicas de residencias de ancianos en lugar de dejarlos en manos de empresas privadas –ya que nos gusta tanto la gestión pública–, adecentar los juzgados tercermundistas que están a punto de provocar una huelga o, si no queremos salir de la sanidad, cambiar las camas del hospital Dr Peset, que son una bañera. Una concesión, la de Dénia, que además del coste del rescate, con la gestión pública costará más dinero de los impuestos de los valencianos, como está costando ya el Hospital de Alzira.
Carmen Montón se enfadó en su día porque titulamos en la revista Plaza que lo de Alzira era una batalla entre ideología y eficiencia. Escribí aquí que la consellera tenía no solo el derecho sino la obligación de no prorrogar la concesión de La Ribera porque así figuraba en el Acuerdo del Botánico y era una promesa electoral, pero que los ciudadanos teníamos el derecho –y ella la obligación– a una explicación de cuánto más nos iba a costar.
No lo sabemos porque la transparencia brilla por su ausencia en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Se ha acabado la concesión de Alzira sin que en 15 años Sanidad –doce con el PP y tres con PSPV– haya hecho una auditoría integral de su funcionamiento. Pensamos que es más barata la gestión privada por la auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre el Hospital de Manises. Se anunciaron auditorías parciales de Alzira –inversiones–, pero tampoco se han hecho públicas. La consellera debería acompañar sus eslóganes de datos sobre el coste real de la reversión, pero es muy probable que ni los sepa ni le importen.
En la entrevista que le hizo el otro día Estefanía Pastor, a la pregunta sobre el alto grado de satisfacción de los ciudadanos de La Ribera con la atención sanitaria prestada hasta el 31 de marzo por Ribera Salud, según encuestas de la propia Conselleria, Montón respondía: "Lo que nosotros valoramos es que, en ese departamento, lo que nos han transmitido los alcaldes, lo que nos han transmitido los jefes de servicio es que hay margen de mejora y que hay deficiencias". Ese es el nivel, los alcaldes dicen que hay margen de mejora. Pues claro, y deficiencias, pero deben de ser menos que donde hay gestión pública porque en esos departamentos los ciudadanos están menos satisfechos, siempre según las encuestas de la Conselleria.
Para que no se note el cambio, Montón va a echar el resto en La Ribera. Ha puesto más enfermeros –en el Dr. Peset hace falta algún auxiliar más en fin de semana, ya que estamos–, pero se ha pasado de frenada gastando 2,5 millones de euros, que es mucho dinero, en expropiar un servicio sanitario tan crítico como el parking. Ahora el aparcamiento será gratuito, creando un agravio comparativo con los usuarios de hospitales como La Fe, el General de València o los de Elche y Alicante, donde los parkings continúan siendo de pago. ¿O los va a expropiar también? Da la impresión de que si la consellera no ha expropiado las máquinas de vending del Hospital de Alzira es porque nunca había visitado este centro público y no sabía que existían esas máquinas con las que algunas empresas hacen negocio de la sed y el hambre de enfermos, visitantes y trabajadores.
Ha triunfado la ideología con un eslogan tan aplaudido como tramposo: "La salud es un derecho, no un negocio". A ver, la salud es un derecho, pero también un negocio que mueve, solo en la sanidad pública valenciana, unos 7.000 millones de euros al año, que es el presupuesto de la Conselleria más las facturas que deja sin pagar por falta de financiación. De esa cantidad, 2.600 millones se destinan a sueldos, incluidos los de la consellera y su 'ministro' de propaganda (que está haciendo un gran trabajo pero del que aún desconocemos sus méritos como director de Gestión Sanitaria porque mi compañera Estefanía continúa sin recibir el documento que el Consejo de Transparencia instó a la consellera que le entregase. Como han pasado cuatro meses y medio, y después de lo de Cifuentes, uno empieza a preguntarse si el papelito existe).
Quitando los sueldos de la Sanidad pública –suponemos que todos sus trabajadores lo son por vocación y no por el dinero–, los otros 4.400 millones de euros que gasta o invierte la Conselleria de Sanidad Universal cada año van a parar a empresas que hacen negocio con nuestra salud. ¡Qué escándalo!
Las miles de empresas que se aprovechan del cuidado de nuestra salud tienen un margen y, si están bien gestionadas, un beneficio que a Carmen Montón le parece muy mal que tengan –al menos en el caso de Ribera Salud– porque lo ideal es "eliminar de la ecuación el beneficio empresarial" –otro de sus eslóganes falaces– y destinar ese beneficio a que todo sea de color de rosa con la gestión pública.
Un mensaje que no ha impedido a la consellera en sus casi tres años de cruzada por la gestión pública sacar a concurso, con el beneficio empresarial en la ecuación, un servicio tan delicado como el filtrado de la sangre de los enfermos renales, dejado en manos de varias empresas privadas que, a la vista de la cantidad de ofertas presentadas, se van a forrar con ello. Lo mismo ha ocurrido, por poner otro ejemplo, con el traslado de los enfermos en ambulancia, contrato tan jugoso que las empresas casi acaban enfrentándose en el juzgado por conseguirlo. O la gestión informática de los historiales médicos, confidenciales a más no poder.
La salud pública que gestiona Montón no es un negocio, es un negociazo para muchos, aunque desde el pasado 1 de abril la atención médica del Hospital de Alzira y su parking ya no lo sean.
Mención aparte merece la relación de Ximo Puig y Carmen Montón con los empresarios que hacen negocio con la salud pública que dicen que "no es un negocio". En este periódico hemos criticado que la consellera, debido a su sectarismo, tardase ocho meses en recibir al máximo responsable de la gestión sanitaria de tres áreas de salud pública con 600.000 habitantes, Alberto de Rosa, pero aún es más grave que las únicas dos reuniones que mantuvo con él, en febrero y agosto de 2016, más la que Puig forzó en el Palau de la Generalitat tres días antes de la reversión, se hicieran sin luz ni taquígrafos, fuera de agenda, en secreto. Igual que la reunión del presidente de DKV con Puig para hablar de la compra de Marina Salud, desvelada por este periódico, o las que hubo con la dirección de la Fundación IVO cuando Montón la lió parda.
Ahí tiene trabajo Manuel Alcaraz porque la agenda pública del president y los consellers tiene lagunas importantes y no debería haberlas cuando reciben en su despacho a empresarios o directivos de empresas que hacen negocio con nuestra salud. Eso no son reuniones privadas, como pretenden. Si no quieren revelar el contenido, que no lo hagan, pero la ciudadanía tiene derecho a saber cuántas veces y en qué momento se ha reunido Puig y/o Montón con Alberto de Rosa, con Manuel Llombart o con Lorena Saus, presidenta de Eresa.
Lo de Eresa lo dejo para otra entrega, que merece capítulo aparte.
