VALÈNCIA. (EUROPA PRESS). Las Plataformas Antidesahucios (PAH) de la Comunitat Valenciana han expresado este lunes su rechazo al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno a las leyes de función social de vivienda y de pobreza energética de la Generalitat, con el que considera que se "impide avanzar en el derecho a la vivienda y suministros" y se "boicotea el derecho de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a una vivienda asequible, digna y adecuada, y a los suministros básicos".
Así lo han indicado en un comunicado después de que l Consejo de Ministros aprobara el viernes dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal y la comunidad se habría atribuido funciones que no le corresponden.
Sin embargo, para las PAH, "las razones de que esta ley invade competencias estatales son excusas, que ponen de manifiesto la falta de voluntad política del PP para afrontar la emergencia habitacional". Las PAH han lamentado que en este caso "poco importa" que el derecho a la vivienda esté recogido en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos.
Según las plataformas de afectados por la hipoteca, "se van a anular los artículos que garantizan el derecho a la vivienda en casos de exclusión social, que evitarían desahucios obligando a los bancos a ofrecer alquiler social, que permiten movilizar las viviendas de grandes tenedores mediante el Registro de Viviendas Deshabitadas y las sanciones a las que estén deshabitadas de forma permanente e injustificada".
También va a dejarse sin efecto el artículo 23 de medidas para prevenir y paliar la pobreza energética -referido a la electricidad y gas- "que pretendían garantizar el acceso a estos suministros básicos, evitando los cortes por no poder pagar".
Además, la reincidencia de acudir al artículo 149.1.13 de la CE, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, "supone un obstáculo definitivo para que las comunidades autónomas regulen aspectos que le son de su competencia, como la vivienda, una recentralización y expropiación de sus competencias vía judicial y no política, como han impuesto en el recurso contra la ley de vivienda en Andalucía".
En especial, "cuando las medidas adoptadas por el Gobierno no sólo no resuelven los problemas de la mayor parte de la población afectada por los 600.00 desahucios, sino que cada día continúan sin parar tal como evidencias los 35 desahucios diarios en la Comunitat. según el CGPJ".
Las PAH condenan "la incapacidad demostrada por parte del PP a la hora de afrontar los problemas de esta Comunidad, y su forma de hacer política poniendo palos en las ruedas y obstaculizando sin cesar los avances que nos deberían conducir a un estatus cada vez más garantista de los derechos humanos", han apuntado.
"Exigimos que el PP levante todos los recursos interpuestos en las comunidades autónomas y cree un marco estatal adecuado, como plantean la Ley de Vivienda de la PAH que se va a presentar en este mes en la mesa del Congreso", ha añadido.
Las PAH evaluarán el próximo día 18 de noviembre en la Coordinadora de Comunidad la trascendencia de este recurso y estudiarán las medidas a adoptar, entre la que se encuentra instar a todos los grupos políticos que han aprobado la redacción de esta Ley a que usen "todos los recursos para su defensa y continúen luchando por su legitimidad y posterior reglamentación".
