Rebeca Torró, directora general de Vivienda; y María José Salvador, la conselleraVALÈNCIA. (EP/VP). El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el auto del Tribunal Constitucional (TC) de 20 de marzo en el que levanta la suspensión de la aplicación de la mayor parte de los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat y que habían sido recurridos por el Gobierno de España. El Ejecutivo pidió en su momento la suspensión de 23 artículos de un total de 37.
En concreto el TC levanta la suspensión de los artículos 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acción pública frente a los órganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relación exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II.
No obstante, mantiene la suspensión del artículo 12 (Medidas propuestas para garantizar la protección a las personas que están en procedimientos de ejecución hipotecaria, y del artículo 13 (Declaración del interés social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social).
La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha valorado en un comunicado que con esta decisión el Constitucional "impone un serio correctivo al recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy y a las tesis que defienden sobre la presunta incompetencia de las autonomías a regular, a través de sus propias leyes, el acceso a la vivienda desde una perspectiva social".
A su entender, el TC "avala", como ya hizo en la pasada sentencia sobre la Ley Foral de Navarra, que el gobierno valenciano puede declarar situaciones de viviendas deshabitadas propiedad de grandes tenedores de vivienda (con más de diez propiedades) y que se pueda poner en el mercado para los colectivos más necesitados los inmuebles que estos grandes propietarios tienen sin ocupar.
De hecho, apunta Torró, el TC considera que "no hay base cierta para afirmar como hace el Gobierno de España que los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda puedan interferir o tener graves consecuencias sobre la economía nacional" y "se decanta por una tesis más social del acceso a la vivienda".
Ante todo esto, desde la Generalitat han insistido en reclamar de nuevo al Ejecutivo de Rajoy que "recapacite y retire el recurso" presentado contra la Ley por la Función Social de la Vivienda. "Los ciudadanos no entenderían que después de esta decisión del TC el Gobierno Central continuara con su actitud obstruccionista para que las autonomías puedan aplicar medidas de protección social y de acceso a la vivienda", ha indicado Torró.
Por ello, la directora general de directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana ha pedido de nuevo que se convoque de nuevo la Comisión Bilateral para abordar una nueva negociación sobre la Ley por la Función Social de la Vivienda tras la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión a gran parte de la ley como ya hizo en la sentencia que avalaba la competencia autonómica a la Comunidad Foral de Navarra.
