María José Salvador, consellera de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell quiere volver a sentarse con el Gobierno de España a negociar la 'ley antidesahucios' de la Comunita. ¿La razón? el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que avala la competencia autonómica de Navarra para expropiar edificios vacíos, un concepto que también contempla la norma valenciana -que fue recurrida por el Ejecutivo central al considerar que invadía sus competencias-.
Así lo explicaron este miércoles a Valencia Plaza fuentes de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas. En concreto, lo que pretende el departamento que dirige la socialista María José Salvador es reabrir la Comisión Bilateral entre ambas administraciones para abordar en ese foro una nueva negociación sobre la denominada Ley por la Función Social de la Vivienda, la primera aprobada en Les Corts de las impulsadas por el actual Consell.
Según la dirigente, la sentencia del Constitucional sobre el texto navarro "enmienda la gran mayoría de los criterios que ha mantenido el Ejecutivo de Mariano Rajoy y abre un nuevo escenario donde se admite que las comunidades autónomas son competentes a la hora de regular el derecho a la vivienda e intervenir en medidas para movilizar los inmuebles de grandes tenedores que estén vacíos o cerrados al menos dos años".
La consellera considera un sinsentido que el Ejecutivo bloquee durante años con su recurso una norma que, a su juicio, finalmente validará el TC, de modo que pide al Gobierno de España que "reconsidere su posición y retire el recurso, que ha implicado automáticamente la suspensión de la vigencia gran parte de los instrumentos previstos para resolver los problemas de los ciudadanos garantizando el acceso a una vivienda".
En este sentido, el departamento subraya que el TC defiende que que las autonomías pueden legislar sobre la materia. "No habiendo el legislador estatal ejercido la habilitación que el art. 149.1. CE (dictando una norma que estableciera condiciones básicas uniformes en todo el Estado para garantizar el derecho al acceso a la vivienda) le otorga, resulta necesario afirmar que el legislador autonómico en materia de vivienda .... no encuentra límites desde ese perspectiva constitucional...", reza la sentencia.
