El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. VPVALÈNCIA. Compromís ha pedido desde el Senado que el Gobierno de Mariano Rajoy retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2017 de 3 de febrero, de la Función Social de la Vivienda, después de que el pasado 20 de marzo el Tribunal Constitucional alzara la suspensión para la práctica totalidad de la ley.
Según ha informado la coalición en un comunicado, el ejecutivo del Estado interpuso el recurso de inconstitucional "solo nueve meses después de la aprobación de la ley, argumentando que esta incurría en extralimitación competencial e invasión de competencias estatales en materia de régimen de derecho de propiedad, legislación procesal y civil y planificación general de la vida económica". Sin embargo, "el Tribunal Constitucional ha acabado por alzar la suspensión".
Por ello, el portavoz de la coalición en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha advertido que si el Gobierno español "no tiene voluntad de proteger el derecho a la vivienda, al menos que deje actuar a los gobiernos que sí la tienen".
En este sentido, ha indicado que en el año 2017, los desahucios por impago de alquiler en España se vieron incrementados en 1.500. El 60% de las ejecuciones que se dieron en el referido año fueron por impago de alquiler. "Es incomprensible que se dejen de lado los casos de ejecuciones por impago de alquiler cuando suman más de la mitad", han apuntado también los senadores de la formación.
El Gobierno ha planteado una nueva Ley Hipotecaria, pues la que está vigente data de 1946, pero sin modificar la base. "¿Qué sentido tiene crear una nueva ley que no suple las deficiencias de la anterior?", se ha cuestionado Mulet. "Ni dación en pago ni protección ante las ejecuciones por impago de alquiler, no incluye nada que proteja de base a los consumidores", ha criticado.
Por el contrario, en la ley que desde la Generalitat Valenciana se pretende aplicar se plantean medidas como la protección al consumidor por impago de alquiler, la protección de la oportunidad de alquiler con opción a compra, la substracción a la entidad financiera de aquellas viviendas que mantengan vacías por un tiempo o la creación de un Observatorio del Hábitat.
"Una ley a la valenciana es lo que necesita el Estado español. Con la vivienda no se juega; presumen de tener uno de los mejores Estados del Bienestar pero expulsan a las familias de sus casas", ha denunciado Mulet.
De esta forma, los senadores de la coalición han instado al Gobierno a que trabaje para establecer un impuesto progresivo sobre las viviendas desocupadas que se vea incrementado en función del tiempo de desocupación y de la renta de la persona propietaria.
Asimismo, les ha instado a que trabajen para limitar la responsabilidad de la persona deudora hipotecaria en el bien hipotecado en casos de primeras viviendas, promover la garantía de no expulsar a nadie de su casa sin alternativa habitacional digna y potenciar medidas que acaben con el oscurantismo en las entidades financieras.
