ALICANTE. "Cuando más modesta es la gente, más se vuelca en ayudar a los demás. Aquí hemos tenido unos meses muy jodidos, pero los vecinos que han podido, han colaborado y han dado lo que tenían", relata Francisco Camacho, miembro de la directiva de la asociación de vecinos de Juan XXIII y representante de la Junta de Distrito número 2. Y lo mismo explica Antonio Colomina, presidente del colectivo de residentes del barrio de Colonia Requena: "Nos tienen abandonados y hemos tenido que buscarnos la vida", resume. ¿Cómo? Tejiendo una red de colaboración vecinal. No han tenido otra salida: la pandemia del coronavirus y la respuesta insuficiente del conjunto de las administraciones les ha forzado a improvisar sistemas de donación y reparto de alimentos o productos de primera necesidad con la implicación de todos los barrios que conforman la Zona Norte de Alicante. O, según se mire, solo Zona Norte a secas. "Parece que Alicante acabe en la Residencia", en alusión al Hospital General. "Hasta aquí no llega nada, es como si no existiéramos", incide Colomina.
Existir, desde luego existe. De hecho, se trata de uno de los distritos más extensos y poblados de toda la ciudad, con 43.268 vecinos censados entre Nou Alacant, Rabasa, Tómbola, Divina Pastora, Ciudad Jardín, Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, 400 viviendas y Juan XXIII. "Aquí vive gente honrada y trabajadora, muchos desde hace más de cincuenta años, atraídos por un lugar que se presentaba como el mirador de Alicante, por las vistas que tiene de toda la ciudad", abunda Luis Almarcha, representante vecinal de la Junta de Distrito número 2 y concejal socialista entre 2003 y 2007. "Es una pena que nos encontremos en la situación en la que estamos", incidió.
¿Cuál es esa situación? Pues, aquí más que en ningún otro sitio, la realidad va por barrios. En la superficie que abarca todo el distrito, concurren múltiples casuísticas. Por los distintos perfiles de población que residen en cada zona, con una notable concentración de población extranjera; por los servicios y la actividad comercial de la que disponen, o por el estado en el que se encuentran sus calles, edificios e infraestructuras. No es lo mismo la Plaza de Argel, que la calle Barítono Paco Latorre o la avenida Gastón Castelló. Pero en todas esas plazas y calles se comparte una "sensación de olvido general". "Se nos ha dejado de la mano de Dios; y cuando algo se deja durante tanto tiempo, solucionarlo después cuesta el doble", subraya Camacho.
Lo cierto es que la situación no es nueva. Llevan años -más bien décadas-, reivindicando mejoras ante todos los gobiernos de todos los signos políticos que han pasado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central. Pero de esas peticiones, según dicen, se ha cubierto poco o nada. Alguna actuación puntual y un Plan Integral "que se aprobó en 2007 y que se paralizó con la crisis de 2008", relata Almarcha, "Hace cuatro años, cuando llegó el tripartito [PSOE, Guanyar y Compromís] nos presentaron el diagnóstico del Plan de Inclusión Social, que iba a abarcar desde 2016 a 2025, y ahora nos hablan de una segunda fase del Plan Integral, para 2020-2030", apunta. "Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está la primera fase?, ¿por qué no se ejecuta?", añade. "Lo que hace falta está ahí recogido; que no nos llamen para participar en más reuniones ni para hablar de comisiones de la reconstrucción, como ha pasado ahora, cuando después todo son incumplimientos", dice. "La gente está muy harta", enfatiza.
El hartazgo se agrava porque, según sostienen, parte de las necesidades del distrito no requieren de grandes inversiones. "Claro que se necesitan mejoras en infraestructuras", añade Eva Coloma, presidenta de los vecinos de Virgen del Remedio. "Nos faltan luces", apunta Camacho. "Y tenemos un polideportivo ocho años cerrado en Colonia Requena", recalca Colomina. "Pero lo más básico es que se mejore la seguridad y el servicio de limpieza, y eso no requiere de obras", aclara Coloma. "Para eso no hay que hacer proyecto, ni hay que hacer nada. Les debería dar vergüenza; y lo digo para todos los que tengan alguna responsabilidad al respecto. Si eso se atendiese y se llevase a cabo se solucionaría el 80% de los problemas que tenemos", explica. "Ya estamos recogiendo firmas para eso, para cosas como que la comisaría funcione al 100%", insiste. "Encima, ahora, hasta nos están cerrando las oficinas bancarias, en el barrio teníamos tres y ahora nos van a dejar sin ninguna", se lamenta.
Todo ese escenario ha ido a peor desde hace tres meses, cuando el virus procedente de la ciudad china de Wuhan se extendió por todo el mundo hasta impactar también sobre el conjunto de la sociedad española. La declaración del estado de alarma como medida excepcional para procurar el confinamiento de la población y evitar la propagación de contagios dejó sin fuente de recursos a buena parte del vecindario.
"Esto nos ha cogido en bragas a todos y aquí todavía más", señala Camacho. "La mayoría de los que vivimos aquí somos gente humilde, que hemos podido echar mano de nuestros ahorros, pero otros muchos se han quedado sin trabajo; sobre todo, los que tenían trabajos en precario o sin contrato, como las empleadas domésticas y limpiadoras del hogar", explica Coloma. En el mejor de los casos, esos vecinos han quedado afectados por un ERTE, pero el retraso en su resolución y en la llegada de los pagos también ha lastrado sus posibilidades "porque no han tenido riñón con el que seguir tirando", recalca. Así que la consecuencia no se ha hecho esperar: el virus causante de la pandemia ha propagado el hambre.
La primera opción, como es lógico, fue acudir en busca de ayuda a la administración más cercana: el Ayuntamiento. De hecho, poco después de la declaración de la crisis sanitaria, la Concejalía de Acción Social habilitó un servicio centralizado, la Oficina Municipal de Emergencia Social (OMES), con el fin de canalizar todas las peticiones de asistencia que pudiesen plantearse. Desde su creación, se han concedido más de 3.600 ayudas de las que se han beneficiado más de 12.000 personas, según precisaron fuentes de la propia concejalía a preguntas de Alicante Plaza.
De hecho, según las mismas fuentes, se estarían librando "alrededor de 500 ayudas económicas semanales de fondos municipales para atender necesidades básicas, como alimentación y productos de higiene personal, o pagos de recibos de energía, alojamiento y otras necesidades" de características similares. Hasta el 25 de mayo, según las mismas fuentes, se concedieron ayudas económicas por valor de 1,2 millones en el conjunto de la ciudad, 929 de ellas (el 40,6% del total) a residentes de los barrios de la Zona Norte, además de ayuda alimentaria a 2.934 familias (11.736 personas) por valor de 450.000 euros, 1.386 de ellas de la Zona Norte (el 47,2%), en una labor que, siempre según Acción Social, ha supuesto conceder más del doble de las ayudas que se concedieron durante todo el 2019.
En este periodo, además, "han aparecido muchos nuevos casos que antes no teníamos y que hemos tenido que comprobar, derivados de muy diversas situaciones y circunstancias. Todas ellas han sido atendidas por los equipos de servicios sociales y por los trabajadores sociales que conocen a los vecinos de cada barrio de su ámbito de actuación", explican en Acción Social. "Hemos tenido que hacer frente a más personas sin hogar, que nos ha obligado a habilitar un albergue provisional en Florida Babel y requerir apoyo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que al final habilitó habitaciones en el CATE La Florida y que ahora mantiene parte de sus habitaciones para atender necesidades de alojamiento y alimentación a 83 personas, que se suman a las más de 70 que tenemos en el CAI del Ayuntamiento", inciden.
"Es evidente que ha habido más peticiones de alimentación, productos de higiene personal o incluso medicamentos, alojamiento o incluso cobertura de funerales, que hemos ido atendiendo. Y también hemos reforzado la gestión de las solicitudes de renta valenciana de inclusión de las que se tramitan alrededor de 900 en estos momentos", detallan.
Todo, al margen de la labor que también han desempeñado de forma directa instituciones como el Banco de Alimentos o Cruz Roja, desde donde se ha atendido a más de 2.000 personas solo en el distrito de la Zona Norte (un 20,43% de la población total a la que se ha prestado asistencia en toda la ciudad). En el 95% de los casos, se ha ayudado con la distribución de alimentos y en un porcentaje menor (40%) productos de primera necesidad como higiene doméstica o productos de puericultura, por ejemplo. Además, a las personas mayores o con patologías (el 32,17% de los usuarios totales del distrito) "se le ha llevado los alimentos a casa, se le ha apoyado con la compra de medicamentos o se le ha llevado comida caliente a su domicilio", según detallan portavoces oficiales.
Pero la capacidad de asistencia no parece que haya sido suficiente, según la experiencia que relatan los vecinos. Al menos, por lo que respecta a la respuesta municipal. "La gente que ha venido a las asociaciones en busca de alimentos nos cuenta que han estado llamando a los teléfonos que puso en marcha el Ayuntamiento para pedir ayuda y que no les contestan las llamadas, o les dicen que tienen que esperar porque ahora mismo no pueden atender más solicitudes. ¿Cómo va a esperar una emergencia?", se cuestiona Coloma. "Tienen a un número determinado de personas en sus listas y no admiten más", apunta. Y lo mismo subraya Ana, la esposa de Antonio Colomina: "Tienen mucho retraso. No sé de quién es culpa, pero los vecinos a los que ayudamos nos cuentan que llaman y que les dicen que no pueden atenderles como mínimo hasta dentro de dos meses; no lo entiendo".
En esa tesitura, acabaron aflorando mecanismos de solidaridad autogestionada. Sobre todo, entre las asociaciones vecinales de Colonia Requena, Juan XXIII y Virgen del Remedio, que arbitraron su propio sistema de asistencia para ayudar a las familias que no podían procurarse alimentación. Desde unas semanas después de que se declarase el estado de alarma, han venido proporcionando productos de primera necesidad y menús diarios a los que el efecto coronavirus ha excluido (más de lo que muchos ya lo estaban), dejándolos fuera del sistema de cobertura institucional. "Nos dirigimos al Ayuntamiento para ofrecer nuestra colaboración, ya que nosotros conocemos de primera mano cuáles son las necesidades de la gente con la que convivimos y podíamos resultar útiles para orientar la respuesta, pero necesitábamos que alguien con capacidad institucional liderase la coordinación de todo esto", señala Almarcha." Sin embargo, obtuvimos una negativa por respuesta", dice. "En abril, solicitamos una reunión con el Ayuntamiento, y también con la Subdelegación del Gobierno y con la Generalitat, pero desde el Ayuntamiento siguen sin atendernos", insiste.
Fuentes de Acción Social apuntan al respecto que se han atendido "todas las peticiones que nos han hecho y les hemos dado respuesta. Pero hay que comprender que el Ayuntamiento, como institución pública, tiene unos procedimientos y un control del gasto que tenemos que realizar y no siempre se puede dar una respuesta tan inmediata como a la gente le gustaría. Pero nadie debe dudar que los equipos de servicios sociales han estado atendiendo todas las peticiones y hemos tratado los casos uno a uno. Si es cierto que hay que avanzar en la coordinación y en el trabajo en red en el caso por ejemplo del Banco de Alimentos, para mejorar la distribución y evitar duplicidades en la entrega de alimentos y otras ayudas, ya que intervienen distintas administraciones y entidades de diversos ámbitos", señalan. "Y en esa y otras medidas nos vamos a emplear y que se pondrán de manifiesto en las conclusiones de la subcomisión de la Comisión para la Recuperación", avanzan, en alusión al grupo de expertos convocado por el Ayuntamiento para acordar medidas para la recuperación de la ciudad tras el impacto de la crisis del coronavirus.
Sea como fuere, la realidad es que los vecinos comenzaron a funcionar por su cuenta facilitando comida diaria a todos aquellos que la necesitasen. "Hay de todo, familias enteras, personas mayores, inmigrantes de varias nacionalidades, y muchísimos españoles que se ganaban la vida con trabajos discontinuos y que ahora no tienen ni para pagar el alquiler", explica Coloma.
Todo, eso sí, con la cooperación de Cáritas, a través de las parroquias de Virgen del Remedio o de Nuestra Señora de los Desamparados, y con la colaboración indispensable de Alicante Gastronómica Solidaria: el proyecto puesto en marcha por voluntarios del sector de la hostelería de la provincia, bajo la dirección de la Cámara de Comercio. Cuenta con el apoyo de la Diputación, Turisme Comunitat Valenciana, de las principales asociaciones turísticas de la provincia (APEHA, APHA, ARA, Hosbec, AETE...), así como empresas privadas a través de CEV o Cedelco, y de las concejalías de Servicios Sociales de varios municipios (incluido el de Alicante). Se trata de una iniciativa que ya ha facilitado más de 127.000 menús para su reparto en el conjunto de la provincia, cocinados en el Centro de Desarollo Turístico de Alicante (CdT), bajo la batuta de Carlos Baño.
"Todas las mañanas, cojo mi coche -un Tiguan que me compré justó antes de la pandemia y que ya tiene 3.000 kilómetros-, y voy al CdT, lo cargo, vuelvo a El Loro y comienzo a repartir hasta 120 menús diarios", explica Colomina. El Loro es un pequeño bar, que irrumpe en una esquina de la calle Turquesa. Colomina lo heredó de su padre hace 27 años y ahora se ha convertido en una suerte de almacén de comestibles que funciona como centro de operaciones de la solidaridad en Colonia Requena. Lo tuvo que cerrar, como todos los negocios hosteleros, con la imposición del confinamiento. Pero al ver la evolución de la crisis, Colomina decidió no quedarse quieto y utilizarlo para hacer acopio de las donaciones.
"Aquí organizamos el reparto de los menús de Alicante Gastronómica. Algunos los entregamos en las casas de personas mayores que no pueden desplazarse. Y también traemos los productos no perecederos que compra la gente que ha decidido colaborar", cuenta. Entre ellos, destaca la implicación de los profesores de los colegios de todo el distrito, "que conocen bien cuál es la situación de las familias de cada barrio y saben quiénes son los alumnos que no tienen recursos suficientes", cuenta. "Empezamos con poquito, pero entre la parroquia y todo, comenzamos 25 voluntarios y ya somos 75, entre filipinos, senegaleses, colombianos, marroquíes y de todo", enfatiza, para resaltar la integración de diversas nacionalidades. "Es increíble, la gente viene y te pregunta ¿te podemos ayudar?". "Aquí hemos pagado hasta botellas de butano de nuestro propio bolsillo", relata.
Y otro tanto de lo mismo sucede con la asociación de vecinos de Juan XXIII. En su propia sede, se reparten entre 60 y 70 menús diarios, también con la cooperación de Cáritas. "Tenemos una lista de personas que vienen a diario a recoger comida ya cocinada de Alicante Gastronómica o que recoge productos no perecederos para poder cocinar", explica Camacho. "Poco a poco parece que la situación ha mejorado algo, porque hay gente que ha comenzado a volver a trabajar", apunta. Y se alegra de que así sea, porque de lo contrario "esto puede convertirse en un monstruo aún peor, demasiado grande como para que se le pueda dar fin". No obstante, Coloma advierte de que, por desgracia, la necesidad no va a desaparecer a corto plazo. "Esto no se ha acabado; me parece que incluso puede ir a más si los negocios y las empresas han quedado tan afectados que no llegan a poder reabrir", apunta. En su caso, también con la ayuda de Cáritas, reparten unos 230 menús diarios, facilitados por Alicante Gastronómica.
En los tres barrios se coincide en que, desde los fogones del CdT, los hosteleros voluntarios de Alicante Gastronómica desempeñan "una labor encomiable". De ahí que, este viernes, se conjurasen para reconocer esa tarea altruista con la entrega de una placa simbólica en señal de agradecimiento.
De ahí que en los tres barrios se considere esencial que el proyecto continúe desempeñando su actividad para poder cubrir las necesidades de alimentación diaria de los vecinos. Por lo pronto, el acuerdo de cesión de instalaciones en el complejo de Ciudad de la Luz alcanzado este martes confirma que sus voluntarios seguirán cocinando en lo sucesivo. Al menos, hasta que se produzca su progresiva reincorporación de los profesionales de la hostelería a sus respectivos puestos de trabajo.
Los vecinos no ven desaparecer la incertidumbre. El conjunto de las asociaciones vecinales persiste en su intención de seguir actuando mientras continúen existiendo necesidades por cubrir. Solo en función de la memoria del mes de abril, elaborada por la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, gracias al tejido de colaboración asociativa desplegado desde esa parroquia, se atendió a 2.482 personas. Por ello, insisten en reclamar cooperación y coordinación para seguir prestando asistencia que sigue sin quedar cubierta con la acción de la administración. "Yo también voy a tener que abrir el bar, pero no puedo parar", dice Colomina. "Por eso, he pedido poder usar un local municipal que está justo al lado de la parroquia para poder almacenar allí los productos no perecederos, pero nos lo han negado", señala.
"Esto no puede parar", insisten Coloma y Almarcha. Y no solo por lo que respecta a la respuesta frente a las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria ha avivado la llama de las reivindicaciones y no parece que vayan a aplacarse hasta que se dé una respuesta. De hecho, ya piensan en plasmar los acontecimientos en un mural, que quieren comenzar a pintar en unas semanas, a pocos metros del bar El Loro, en cuanto se les facilite los permisos.
"Espero que pasen las semanas y el nerviosismo se relaje, porque se han dicho palabras muy gruesas", relata Camacho, en alusión a las expresiones utilizadas por la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP) en una entrevista concedida a Radio Alicante. Sin embargo, sostiene que "todos necesitamos llegar a un entendimiento para mejorar la situación". "En la Zona Norte hacen falta muchas cosas, tenemos problemas de seguridad, de limpieza, de absentismo escolar y de exclusión social en general que se sigue sin atender y en eso tenemos que implicarnos todos", incidió. Hasta el momento, los vecinos sí han mantenido un primer encuentro con la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y con la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. En ambos casos, los encuentros se cerraron con el compromiso de colaboración, a la espera de que -en algún momento- pueda celebrarse una reunión similar con representantes del equipo de Gobierno (PP y Cs).
Mientras, la Concejalía de Acción Social insiste en la planificación de propuestas frente a la situación del distrito. "Estamos trabajando en un paquete de medidas que van encaminadas a mejorar la coordinación y el trabajo en red. En esta pandemia hemos podido comprobar cuales son nuestras debilidades y tenemos que convertirlas en una oportunidad para habilitar las medidas necesarias para que podamos aprovechar de una forma coordinada todos los recursos humanos y materiales, así como requerir a otras administraciones superiores la necesidad de un mayor apoyo económico para atender todas estas medidas que requiere la atención a las familias y personas en situación de vulnerabilidad", concluyen.