ELCHE. ¿Existe independencia judicial en España? ¿Está politizada la judicatura? ¿Hay presión a los magistrados desde algunos de los grandes órganos institucionales? A estas y muchas más preguntas pretende responder el libro ‘La politización de la justicia: claves de una realidad’, un libro de Victoria Rodríguez Blanco, profesora de Ciencia Política de la UMH, que ha presentado este jueves en el Colegio de Abogados de Elche. Precisamente junto a ella estuvieron Vicente Pascual Pascual, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche y Olga Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal de la UMH, arrojando luz sobre el asunto, más en boga que nunca sobre todo por el conflicto catalán.
A este hacía precisamente referencia el decano Vicente Pascual en la presentación, al señalar que órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), y sobre todo este último, han estado siempre en el centro de todas las miradas en asuntos como el del Estatut d’Autonomia de Catalunya por sus bloqueos o injerencias. En este sentido, mostró la preocupación que existe a día de hoy entre el seno de muchos abogados sobre la independencia de los tribunales. A este respecto, y una de las claves en las que incide el libro, señaló cómo ha cambiado la elección de los jueces en estos dos órganos.
Sobre todo en el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, desde la Constitución, en su origen, de los 20 miembros, 12 empezaron siendo elegidos entre jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado entre abogados y juristas de prestigio hasta la deriva actual, en la que las fórmulas se han ido variando. Ninguno de los veinte es elegido por los jueces; todos por el Congreso y el Senado, diez cada uno y hasta 12, seis en cada cámara entre jueces y el resto abogados y juristas de prestigio. “Esa vinculación entr el órgano de los jueces no deja de ser una traslación de la representación política al Parlamento, llevada a la judicatura, de forma que cada actuación del CGPJ, no deja de tener o parecer que tiene un sesgo político”, señalaba Pascual, algo visible en los medios con la repartición entre jueces moderaos y progresistas.
Es uno de los argumentos en torno a los cuales gira el libro de Victoria Rodríguez, respaldado por su tesis doctoral y por elementos de análisis empírico y encuestas, en las que se arrojan datos clarificadores, como que el 70% de los jueces encuestados piensa que el CGPJ ni garantiza ni tiene procedimientos adecuados para garantizar la adecuada, siendo este el órgano que tiene que velar por las garantías judiciales. Además, también hay una pésima valoración de las instituciones —tanto partidos como órganos judiciales— por parte de la ciudadanía, donde la mayoría de estas entidades suspenden.
Se trata por tanto de no sólo un libro muy interesante, fruto de una investigación multidisciplinar —a nivel sociológico, judicial, político y filosófico—, sino también de un libro necesario porque ayuda a entender el actual contexto político y social y el descrédito al que actualmente están sometidas numerosas instituciones de país. También ha planteado Rodríguez, como hace en el libro, cuestiones como el funcionamiento con mandato caducado que sufrió el TC de 2007 a 2010 —no hubo acuerdo para renovarlo—, el funcionamiento con un miembro menos el año siguiente, o el manifiesto firmado por asociaciones juristas en 2010 por la despolitización de la justicia.
También se abordan las relaciones de los jueces con los medios de comunicación y cómo de estos pueden salir jueces estrella —caso Lamela o Ayala— o políticos —caso Garzón—, “que son vistos como el último reducto de justicia cuando las instituciones no funcionan”, explicó Rodríguez; o cómo los medios también contribuyen a politizar la justicia, ya que generan grupos de opinión y estos influyen en estos órganos, como también ha explicado la profesora Olga Fuentes.
Un problema, por tanto, de difícil solución el de la independencia judicial en España, planteaba Fuentes, y para el que el libro de Rodríguez trata de dar respuesta con algunas propuestas, como por ejemplo la vuelta a elección de jueces únicamente entre jueces, alejando al Congreso y Senado para que estos no puedan influir en la elección de magistrados de una determinada tendencia política, progresistas o conservadores. Como se sentenció desde la mesa, España sólo tiene por detrás a Bulgaria y Eslovaquia en lo referido a la percepción de que la justicia está politizada. Las posibles respuestas, en el libro.
Olga Fuentes, Vicente Pascual y Victoria Rodríguez. Fotos PEPE OLIVARES
