ALICANTE. Las decisiones judiciales contrarias a la Generalitat Valenciana le han obligado, en los últimos meses, a tener que desembolsar 98 millones en concepto de indemnizaciones por obras fallidas, sobrecostes o licencias que han sido anuladas por los juzgados. El último fallo, el de los sobrecostes de las obras del acceso norte de la ciudad de Alicante, la Avenida de Dénia, que han llegado a costar un 50% más de lo que se presupuestaron, en total 48 millones de euros. A ello se suman otras sentencias que han obligado a las arcas de la Generalitat a tener que desembolsar cantidades para indemnizar, entre otros, a las empresas constructoras de la carretera CV-95, en la Vega Baja, por una obra que se no ejecutó, o los 72 millones a los propietarios del edificio Gemelos 27 de Benidorm por conceder un permiso que invadía la zona público marítimo-terrestre.
Es el caso más reciente. El Supremo obliga a la Generalitat a pagar 14,6 millones por los continuos modificados y prórrogas de la obra, y todo ello, atribuible a que se tuvo disposición de terreno en el momento del inicio de los trabajos y a decisiones caprichosas posteriores, que no estaban contempladas en el proyecto inicial. Como dice la sentencia, tuvo "especial incidencia en la ejecución de las obras por el contratista, ya que era imposible el inicio de las obras por la falta de disponibilidad de los terrenos y por la discrepancia entre planos y presupuesto en unidades de obra". Y esta circunstancia se añade que el segundo modificado del proyecto respondía al "cambio de desvío de tráfico impuesto por el Ayuntamiento de Alicante", así como por la inclusión de "una gran fuente ornamental -la de la rotonda de los Jesuítas- " y la reposición de vallados y cerramientos no contemplados en el plan inicial. La obra se adjudicó por 33 millones y ha acabado constando 48; se tenía que ejecutar en 17 meses y se tardaron 40.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Generalitat Valenciana debe hacer frente 72.380.068 euros para hacer frente a la demolición de los dos edificios Gemelos 28 de Benidorm y a la indemnización para sus 168 propietarios. En estos momentos, el Gobierno valenciano ultima con el TSJ cómo debe ejecutarse, pues el Supremo ya sentenció, de manera firma, que la Conselleria de Infraestructuras, en su momento dirigida por Rafael Blasco, concedió el permiso, pese a que vulneraba la zona de protección al estar la obra a menos de 20 metros del mar.
La cantidad de 72 millones comprende dos conceptos: los 60 millones, que, según la promotora aportó en sus alegaciones, valdrían la compra de los apartamentos de pisos, trasteros, garajes y zonas comunes y el coste del derribo, más el 20% adicional que la sentencia exige que hay que abonar a los propietarios, unos 12 millones. Dentro de esos 60 millones, la propia promotora, Terras de L'Hortas, del grupo Edificaciones Calpe, del empresario Andrés Ballester Ríos, distingue, a su vez, otros dos conceptos: los 53,631.981 euros en los que están valorados los apartamentos, en concreto, a una media de 317.349 euros por vivienda, más los 6,6 millones en los que se cuantifica el coste del derribo.
Fue la primera de todas, en mayo de 2017. El TSJ condenó a la Generalitat Valenciana a pagar 9,5 millones de euros a la unión de empresas formada por Construcciones y Estudios, Luis Batalla, Rover Alcisa, y Torrescámara en concepto de indemnización por la rescisión en julio de 2012 del contrato para construir la autovía CV-95, que debía unir el interior de la comarca de la Vega Baja hasta el litoral, en concreto hasta Torrevieja. En este caso, fue la Generalitat Valenciana la que rescindió unilateralmente el contrato, que fue adjudicado en 2007 por 466 millones de euros. Y lo hizo después de que el expediente se aprobó en su momento sin declaración de impacto ambiental y el TSJCV anulara el proyecto, así como las posteriores licitaciones y adjudicaciones. El Consell decidió suspender en 2010 sine die el contrato y en 2012 se rescindió el contrato "de manera unilateral", la que era la peor de las opciones, porque según la consellera María José Salvador, una solución consensuada hubiera supuesto el pago de 1,2 millones
La UTE reclamó una indemnización por la vía administrativa pero el Consell no la consideró, así que años más tarde, en 2014, el asunto llegó al juzgado en forma de denuncia. En un principio, las empresas solicitaban 16,4 millones de euros y el juzgado sólo le reconoció el pago de de 9,5 millones de euros. El fallo, según la Conselleria de Infraestructuras, está recurrido ante el Supremo.
Meses más tarde, en junio, el Consell sí que aplicó la rescisión pactada con el proyecto. Fue con contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la CV-50, en el tramo de la variante entre Benaguasil y la Autovia A-3, y pagó una indemnización de 2,6 millones a los adjudicatarios. Era un caso muy parecido a la CV-95: estas obras se adjudicaron en 2007 a la UTE "Autovía del Camp del Turia S.A"., formada por las empresas Dragados S.A, Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, Sedesa Concesiones SLU y Sedesa, Obras y Servicios S.A, por importe de más de 435 millones de euros. La historia de este proyecto se remonta a 2009, cuando se convocó a la empresa a realizar el acta de comprobación del replanteo de los terrenos necesarios para ejecutar la obra. Sin embargo, la Conselleria no había realizado ninguna actuación efectiva Por ello, se acordó la resolución contractual, por mutuo acuerdo, con una indemnización de 2.629.773 euros a la empresa contratista, que corresponde a los gastos que le ha generado dicha actuación, así como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que pagó la empresa a la Generalitat en su momento.