La terminal provisional de autobuses de Alicante, en terrenos del Puerto.ALICANTE. La estación de autobuses de Alicante, inaugurada en 2011 como nodo provisional para canalizar y organizar los desplazamientos de las líneas interurbanas, acaba cronificándose ocho años después, ante el retraso sine die en la construcción de la estación intermodal de Renfe.
Como ha informado Alicante Plaza, el bipartito compuesto por PP y Cs acordó este martes una ampliación de la cuarta prórroga de su contrato de explotación (lo que equivaldría a una quinta prórroga) para que la instalación continúe en funcionamiento al menos hasta el 30 de junio de 2020. Y los dos partidos seguirán adoptando las medidas similares que resulten necesarias cuando venza ese plazo, hasta que llegue a construirse la futura terminal intermodal, todavía sin fecha cierta conocida. Eso sí, esa situación se podrá prolongar siempre que la Autoridad Portuaria mantenga el acuerdo de cesión de los terrenos en los que se ubica la llamada terminal provisional, según apuntó este martes el edil de Transportes, el popular Manuel Villar, tras dar cuenta de los asuntos acordados en Junta de Gobierno.
A priori, la ampliación de la cuarta prórroga de la concesión aprobada ahora debería ser la última, ya que el contrato actual, adjudicado en 2011, preveía un tiempo máximo de 9 años de explotación. De este modo, el bipartito deberá convocar un nuevo concurso antes del próximo junio o se verá forzado a acordar nuevas prórrogas extraordinarias sobre la concesión actual, en manos de La Alcoyana (Grupo Vectalia) y Enatcar, como ya ha sucedido en el caso del servicio de transporte público en autobús, gestionado por Masatusa (también, del grupo Vectalia).
La primera prórroga de un año se aprobó en agosto de 2016; la segunda, en el mismo mes de 2017; la tercera se acordó en agosto de 2018 hasta agosto de 2019; y la cuarta, en ese momento hasta diciembre de este año. Ahora, ese último plazo se amplía hasta junio de 2020 para ajustarse a la duración de la cesión del suelo por parte de la Autoridad Portuaria.
La oferta conjunta presentada por La Alcoyana y Enatcar fue la única que optó al concurso convocado en 2011. Las dos empresas asumían el mantenimiento y explotación de las instalaciones, ya construidas con cargo a la segunda convocatoria del Plan E del Gobierno Central, por lo que no tuvieron que asumir el coste de las obras. El inmueble supuso una inversión de 2,6 millones, a los que se añadieron otros 1,6 por la construcción de los accesos, también financiados con cargo a un plan público de inversiones: el Plan Confianza de la Generalitat. Así, las dos empresas solo quedaban obligadas a pagar un canon de 52.000 euros.
A cambio, obtienen los ingresos generados por el tráfico de pasajeros (de 0,04 a 0,163 euros) y por la llegada de autobuses (de 0,464 a 4,014 euros) con una tarifa que varía en función de la distancia de procedencia de esos usuarios y vehículos, medida en kilómetros. En las estadísticas recogidas en el pliego, se detallaba que la terminal recibía en torno a 151.000 usuarios al año.
