La educación y el plurilingüismo sí conectan al centro-derecha en el pleno de Alicante

ALICANTE. El segundo pleno ordinario del mandato celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante transcurrió sin acuerdos de gran alcance (la mayoría de las decisiones en una ciudad del tamaño demográfico de Alicante se adoptan en Junta de Gobierno), más allá de la creación de dos nuevas comisiones para fiscalizar el cumplimiento de dos de los contratos más costosos y polémicos de los que se financian con cargo a los presupuestos municipales: el de la limpieza de colegios y edificios públicos municipales y el de la limpieza viaria y recogida de residuos. 

El primero se adjudicó bajo la etapa del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) a la UTE Clece-Fissa por 15,2 millones anuales con una duración de dos años, ampliable a otros dos. El segundo se adjudicó en 2013, durante el último gobierno de la popular Sonia Castedo, a la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica por un precio de 36,6 millones anuales y 8 años de duración, más dos posibles prórrogas de dos años cada una. Y los dos han estado ligados a la controversia desde el principio por la acumulación de críticas de partidos políticos, de asociaciones vecinales, de colectivos educativos, de los propios trabajadores a cargo de su prestación, e incluso de diversos colectivos empresariales. Está por ver si el trabajo que se pueda desarrollar en esas comisiones sirve para encontrar alguna solución a los supuestos incumplimientos contractuales en la prestación de ambos servicios que se vienen poniendo sobre la mesa de manera cíclica.

En cualquier caso, la sesión plenaria de septiembre (celebrado justo en la semana en la que se cumplen los primeros 100 días de gobierno del bipartito PP-Cs) sí sirvió como mínimo para poner de manifiesto cuáles son los puntos de coincidencia y disensión entre los partidos representados en la corporación municipal. En primer lugar, uno de los datos puramente numéricos más destacados de la sesión lo resaltó el alcalde, el popular Luis Barcala, antes de dar por terminado el pleno: el de este jueves, según dijo, fue el primero de la historia en el que quedaron aprobadas todas y cada una de las iniciativas que se habían sometido a votación. Eso sí, ese resultado se cosechó con distintos equilibrios de fuerzas. 

De hecho, se puso de manifiesto que pese a que el equipo de Gobierno está compuesto solo por dos de los tres grupos municipales que ocupan el espacio ideológico del centro-derecha (PP y Cs), los tres coinciden cuando el asunto que se somete a debate tiene que ver con el modelo educativo y con el aprendizaje de lenguas. Máxime si el tema sirve, además, para contradecir la gestión puesta en marcha desde la Generalitat, bajo el gobierno de PSPV y Compromís, ahora con Unides Podem como tercer aliado.

Los dos contratos que se aprobó fiscalizar a iniciativa de la oposición suponen un gasto anual de 51,8 millones con cargo a las arcas municipales

Así se pudo evidenciar en el momento en el que se debatieron dos de las propuestas de declaración institucional (iniciativas de contenido político sobre acuerdos no ejecutables por el Ayuntamiento) presentadas por Vox, con las que el partido de Santiago Abascal quiso introducir gasolina en el debate político (quizá a la busca de la tensión electoral que ha utilizado en otras precampañas). 

La primera de esas declaraciones instaba al Consell a derogar la Ley 4/2018 por la que se promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, al considerar que era impositivo y que coartaba la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua de la educación de sus hijos. La segunda, reclamaba al Consell que recupere el sistema de distrito escolar único en la adscripción de centros con argumento similar: el límite a la libertad de elección. Y las dos propuestas se aprobaron por 16 votos. Es decir, mayoría absoluta, gracias a la suma de los 9 concejales del PP, los 5 de Cs y los 2 de Vox. Además, se dio la circunstancia de que en las dos propuestas, la defensa de la posición de voto de PP y Cs se canalizó a través de la edil de Educación, la popular Julia Llopis, en representación del bipartito en bloque. En la mayoría de los acuerdos restantes, las dos formaciones optaron por intervenir por separado. 

En realidad, las dos propuestas de Vox fueron las únicas que se aprobaron gracias a la pinza entre las tres formaciones. En otros puntos del debate, como la declaración para que Alicante se adhiriese a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres y niños destinados a la prostitución, o la relativa a la declaración de la situación de emergencia climática, PP y Cs votaron junto a PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís en un gesto que les desmarcó de Vox. 

Hasta el momento, el bipartito y Vox no han mantenido una relación de colaboración ni mucho menos estable. Vox no apoyó la investidura de Barcala como primer edil, después de que no se llegase a plantear una oferta para su incorporación al equipo de Gobierno. Pero el grupo liderado por Mario Ortolá sí permitió que PP y Cs pudiesen aprobar el régimen retributivo de la nueva corporación, en el pleno de organización celebrado en julio. En aquella votación su abstención fue decisiva: si hubiesen optado por el no, el acuerdo se habría rechazado. Y Vox también secundó la propuesta de modificación presupuestaria impulsada por el bipartito, aunque en esta ocasión su voto no resultaba determinante, ya que Compromís y Unides Podem EU también avalaron la iniciativa. Por el momento, las relaciones que puedan establecerse en el futuro siguen siendo una incógnita. Y no una precisamente menor, ya que los dos concejales de Vox son los que pueden inclinar el resultado de las votaciones en el pleno, al ser quienes decantan la mayoría absoluta entre los dos bloques ideológicos. PP y Cs suman 14 ediles; PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, suman 13.