La creación del órgano autónomo del Puerto de Dénia, en el aire

VALÈNCIA. La historia del Puerto de Dénia continúa. A pesar de que PSPV, Compromís y Ciudadanos se aliaron la semana pasada para permitir que el Consell pudiera validar la creación de un órgano autónomo en aquellos puertos autonómicos de gestión mixta que así lo solicitasen, el acuerdo no puso punto y final a este debate. La votación de este viernes de las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2019, así lo evidenció y dejó la cuestión en el aire. 

En este punto, conviene recordar el origen de toda esta polémica. El pasado mes de octubre, el Consell introdujo una modificación de la Ley de Puertos a través de la Ley de Acompañamiento de 2019. Esta reforma pretendía permitir que un municipio con recinto portuario administrado por la Generalitat, pudiera solicitar al Ejecutivo valenciano el traspaso de dicha gestión a un órgano autónomo. 

La redacción de este cambio legislativo alarmó a Podemos por la sincronía de dos hechos: sin estar aprobada tal reforma, el Ayuntamiento de Dénia pidió acogerse a esta posibilidad. Por otra parte, Baleària -principal naviera del puerto de la capital de la Marina Alta- fichó como director de Expansión al exasesor de Presidencia, José Manuel Orengo, un mes después de que el Consell planteara este cambio normativo. 

Con esto, el partido que lidera Antonio Estañ entendió que esta reforma había sido planteada para abrir la puerta a la privatización del Puerto de Dénia para que la empresa que lidera Adolfo Utor lo controlara, ya que si se aprobaba la ley y el Ejecutivo valenciano daba el visto bueno a la creación del órgano autónomo, en el consejo de administración que se constituyese la naviera tendría el mayor porcentaje de representación al ser la principal operadora del recinto. 

La oposición de Podem obligó a PSPV y Compromís a buscar entendimiento con Ciudadanos. El partido naranja, que había presentado varias enmiendas referidas al Puerto de Dénia, accedió a negociar un redactado nuevo. Los tres grupos elaboraron un texto que permitiera la creación de órganos autónomos pero con la condición de que en los consejos de administración que se constituyeran, la administración tuviera siempre una representación mayoritaria. 

En concreto, definieron que 51% sería de la Generalitat y otro 9% del consistorio del municipio implicado para evitar que ningún operador de ningún puerto pudiera llegar a tener en algún momento el control sobre la gestión del recinto. La presidencia debería recaer, además, en los representantes de la administración autonómica. 

La transacción salió adelante, pero contenía una segunda parte: el 40% del beneficio que generasen los puertos, debería revertir directamente en el mismo recinto portuario. La propuesta pareció oportuna entonces a PSPV y Compromís, ya que calmaría el malestar existente en el Puerto de Dénia, pues a pesar de que es el más rentable de la autonomía con una media de 4 millones de euros de beneficio anuales, el porcentaje de reinversión que recibe es mucho menor actualmente porque la Ley de Puertos obliga a que ese 40% se repartan entre todos los puertos autonómicos para "satisfacer las inversiones de mantenimiento de instalaciones". Con el nuevo redactado aprobado, no obstante, pasaría a percibir 1,6 millones de euros, mientras que hasta ahora recibían aproximadamente 100.000 euros anuales. 

Para hacer efectiva esta nueva ley, Ciudadanos registró 16 enmiendas a los Presupuestos -una por cada puerto de la Generalitat- que contemplaba la cuantía que la Generalitat tenía que invertir en cada recinto portuario aplicando ya ese 40%. Así, por ejemplo, una de las enmiendas pedía ingresar en el Puerto de Dénia 1,6 millones de euros en el Presupuesto del año que viene. Enmienda a la que en la votación de este viernes se opusieron todos los grupos, incluidos PSPV y Compromís, que apoyaron y redactaron esa parte de la ley vía enmienda. 

Ciudadanos se quedó solo en la votación, y el enfado del diputado y portavoz de presupuestos de la formación naranja, Tony Woodward, fue mayúsculo. Y no era para menos, pues el PSPV -promotor de la modificación de la Ley de Puertos a través de la Conselleria de Obras Públicas que dirige María José Salvador- había podido salvar la parte de la ley que contemplaba la creación de órganos autónomos gracias a la enmienda del grupo del que es portavoz Mari Carmen Sánchez. 

Woodward pidió explicaciones a socialistas y valencianistas de por qué aprobaban que se reinvirtiera el 40% de los beneficios que generan los puertos en los propios recintos portuarios y luego sin embargo rechazaban las enmiendas que contemplan la cuantía a ingresar en cada puerto, pero no obtuvo respuesta. Por lo que advirtió a ambos grupos que, de no aprobarse esta dotación presupuestaria para cumplir lo firmado una semana atrás, la habilitación al Consell para que éste pueda crear órganos autónomos quedaría en el aire. 

En este punto conviene apuntar que la semana que viene se procederá a la votación final de la Ley de Acompañamiento y la Ley de Presupuestos, así como todas las enmiendas que no han sido aprobadas en comisión estos últimos días. En estas jornadas, se votarán primero las enmiendas "vivas" -las que fueron rechazadas en comisión-, posteriormente se procederá a votar artículo por artículo de la Ley de Acompañamiento -es decir, el nuevo articulado que tendrá esta norma-, y finalmente se hará lo mismo con la totalidad de la normativa.    

Así, es el punto del articulado el que podría hacer peligrar la creación de órganos autónomos. Si PSPV y Compromís no rectifican su voto y no aprueban la dotación presupuestaria del 40% que le corresponde a cada puerto, Ciudadanos votará en contra del artículo que permite la creación de entes autónomos porque se han sentido utilizados para salvar esta cuestión y ahora el Consell no cumple lo pactado. Una posición que complicará sobremanera que ésta salga adelante, ya que el Consell no cuenta en esta ocasión con el apoyo de Podem.

Los grupos que lideran Manolo Mata y Fran Ferri suman un total de 42 votos, mientras que PP, Ciudadanos y Podem, reúnen 53 escaños. Si Podem se abstuviera como hizo en el pleno, la votación quedaría más ajustada: 42 a favor del Consell frente a los 40 contrarios, en cuyo caso el posicionamiento de los cuatro diputados no adscritos será clave. El partido del Puerto de Dénia se decide en los minutos de descuento. Tic-tac.