VALÈNCIA. La mayor parte de la deuda, pero no toda la deuda. El compromiso asumido por el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Estado asuma 350 millones de euros de la deuda que arrastra el Consorcio València 2007 libera a este ente de la enorme losa que derivada del crédito que Instituto de Crédito Oficial (ICO) dio para las obras de la America's Cup, pero no elimina por completo el problema.
Al margen de esos 350 millones de euros, avalados en su día por el Ministerio de Hacienda, el ente participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València debe aproximadamente 67 millones de euros al fondo oportunista norteamericano TCA ECDF Investments (Taconic), que amenaza con abrir un litigio en Reino Unido por el impago.
La asunción de la deuda del Consorcio era una reivindicación histórica de las instituciones valencianas que el Gobierno de Mariano Rajoy nunca atendió. Las administraciones valencianas llevan años reclamando la condonación de esa deuda del mismo modo que el ICO hizo con otros acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza. Por ello, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dijo este miércoles que se trata de un logro "histórico", obtenido a cambio de apoyar los objetivos de déficit y deuda planteados por el Gobierno de Sánchez hasta 2012.
Según fuentes de la Generalitat, la condonación de la deuda por parte del Estado allana el camino para resolver el problema de la deuda pendiente. La deuda en manos del fondo, a diferencia del crédito del ICO, no está avalada por el Estado, por lo que de las tres administraciones consorciadas tendrán que responder directamente de la misma.
Para ello, la intención del Consorcio es abrir una negociación formal con Taconic para llegar a un acuerdo sobre la cifra con la que el fondo podría dar la deuda por extinguida. Cada uno de los socios aportará fondos en función de su participación en el Consorcio. A saber, el Estado y la Generalitat, un 40% cada uno, y el Ayuntamiento el 20% restante.
La Generalitat espera que el Gobierno central apruebe en el consejo de ministros de la próxima semana el nombramiento de la secretaria de Estado de Hacienda como miembro del Consejo Rector de la Marina de València, trámite imprescindible para iniciar la negociación.
El origen de esa deuda de 67 millones es un derivado financiero que el Consorcio València se vio obligado a contratar en febrero de 2006 con el Banco Santander y que ha resultado más caro de lo previsto por la caída de los tipos de interés. A ello se suman otros 9 millones de una póliza de crédito –12 millones con intereses– que el Banco Santander puso a disposición del Consorcio para afrontar los impagos del swap.
La entidad financiera, que ya había reclamado por vía judicial el pago de esa deuda vencida, cedió el pasivo al fondo oportunista a principios de este año.
La Generalitat interpreta que, una vez obtenida la condonación de la deuda del ICO, la anhelada "solución global" al problema de la deuda del Consorcio estaría más cerca.
El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, dio recientemente algunos detalles sobre la oferta que el ente público puede plantear al fondo para saldar la deuda y evitar el litigio.
Fulgencio aseguró que el Gobierno confía en que Taconic acepte el 10% de los 67 millones que se le deben más un 15% de recargo. El cálculo surge del descuento que supuestamente habría obtenido el fondo para quedarse la deuda, más la rentabilidad media de este tipo de operaciones. La cifra resultante se aproxima a 8 millones de euros, de la que responderían proporcionalmente el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
